TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro Fray Matías pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar los derechos de los migrantes que decidieron quedarse a trabajar en la región del Soconusco, luego de huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Al presentar hoy el reporte Impacto de la nueva Ley de Migración y su Reglamento en la población migrante establecida en el Soconusco, el CDH Fray Matías de Tapachula manifestó su apoyo una vez más a la población migrante asentada desde hace años en esta región. La ONG destacó que desde hace décadas este sector vulnerable convirtió al Soconusco en su lugar de destino migratorio, al no ver oportunidades en sus países o haber tenido que salir por situaciones de violencia. Como se explica en detalle en el informe, la riqueza agrícola y comercial de Tapachula y sus alrededores atrae a estas personas, convirtiendo al Soconusco en uno de principales lugares de destino migratorio de México, dijo Fermina Rodríguez, vocera del organismo. También señaló que esto rompe el paradigma de que la República Mexicana es únicamente zona de tránsito, origen y retorno de migrantes, para confirmar que hay “una invisibilidad de la migración de destino que genera falta de atención política hacia esta población, realidad que tiene en el Soconusco un lugar clave para romper paradigmas y exigir políticas públicas migratorias integrales”. El reporte expone la problemática de los procesos para que los migrantes legalicen su estancia, de los obstáculos que existen para acceder a estos procedimientos o a los derechos básicos cuyo ejercicio depende de tener la documentación respectiva. El Centro Fray Matías, que desde 1997 apoya a los centroamericanos que se quedan a vivir en esta región de México, se dio a la tarea de analizar la actual Ley de Migración, aprobada en mayo 2011, y los efectos que ha tenido ésta y su Reglamento puesto en marcha de septiembre 2012 en materia de regularización migratoria. El CDH Fray Matías sostuvo que es menester que se reconozca a esta población asentada en el sur del país como un sector altamente productivo y que contribuye a la riqueza mexicana con su mano de obra muchas veces explotada. También resaltó que es urgente crear mecanismos que permitan la aplicación y supervisión del marco normativo migratorio y que se abogue por una mayor rendición de cuentas y transparencia en el desarrollo de políticas y programas en la materia. “El INM es sujeto obligado a la transparencia por la legislación federal, y no puede seguir poniéndose la excusa, como ocurre en algunos casos, de que la migración es un asunto de seguridad nacional”, dijo el Fray Matías. Y agregó que esta rendición de cuenta pasa por reforzar la labor de documentación y sistematización de los datos que tiene el Estado sobre las diferentes migraciones en el país, desagregados por edad, sexo, nacionalidad, región de residencia, ocupación y otras características que son importantes tener en cuenta para el desarrollo efectivo de políticas públicas. El CDH Fray Matías también señaló que los centros de detención llamados estaciones migratorias incumplen con los estándares internacionales y nacionales y, por lo tanto, no hay garantías ni protección para la población migrante privada de su libertad. “Especialmente es urgente y necesaria esta eliminación en el caso de detenciones que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, como lo son niños y adolescentes, mujeres, personas indígenas y víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos, entre las cuales hay muchas personas inmigrantes que llevan tiempo viviendo en el país. En este ámbito hay otra clara brecha entre lo que sucede en las estaciones migratorias y la normatividad que las regula”, se indica en el documento de 66 páginas. Una recomendación más que hace el Fray Matías es incrementar esfuerzos y prácticas institucionales para un respeto pleno al debido proceso que toda persona tiene derecho cuando está inmersa en un procedimiento administrativo o jurídico. Una última recomendación general que hace el Fray Matías tiene que ver con estrechar la colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de regularización. “Este informe retoma lo realizado durante los procesos especiales de regularización y cómo fue que esta colaboración permitió llegar a más personas y mejorar los resultados. Hoy día sigue esta comunicación, existe diálogo ante ciertos casos, pero en cambio se obstaculiza a diario nuestra acción de monitoreo y de defensa de los derechos humanos”, se denuncia en el reporte.