Reporteros de Sinaloa impugnan "ley mordaza"; Malova plantea modificarla

viernes, 1 de agosto de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La airada reacción de los reporteros sinaloense tras la aprobación en el Congreso local de las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), que limita la cobertura de la prensa a eventos relacionados con la seguridad y justicia, provocó que el gobernador de esa entidad, Mario López Valdez, planteara la posibilidad de modificar el dictamen, particularmente en aquellos puntos “que contravengan el libre acceso a la información y el ejercicio periodístico”. En un comunicado emitido la noche del 31 de julio, el mandatario aclaró que “no es la intención cometer excesos, y, mucho menos, coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro de su profesión”. Prueba de ello, precisó, es la voluntad mostrada por el Ejecutivo en otra serie de iniciativas promovidas, tales como la Ley de Protección a Periodistas, y la iniciativa en materia de transparencia, que otorga autonomía jurídica y presupuestal a la CEAIPES. “Compartimos la necesidad que tiene la ciudadanía de un mejor acceso a la información que se genera en nuestros órganos de gobierno y de todas aquellas entidades que manejan recursos públicos”, subrayó Malova. Y reiteró que respetará y respaldará la decisión que asuma el Legislativo, con la confianza de que se precisen y modifiquen aquellas disposiciones que contravengan el libre acceso a la información y el ejercicio periodístico, privilegiando también los derechos que tienen las víctimas u ofendidos del delito. El pasado miércoles 30 de julio, los diputados del Congreso sinaloense dieron luz verde a la iniciativa promovida por el gobernador López Valdez para reformar la Ley Orgánica de la PGJE. Con las modificaciones aprobadas queda prohibido a medios de comunicación acceder a eventos delictivos; grabar, fotografiar o filmar a los involucrados, y divulgar información que no sea la entregada a través de boletines, comunicados oficiales o funcionarios autorizados por el propio procurador. Los integrantes de la 61 Legislatura de Sinaloa recibieron la iniciativa del gobernador el pasado 16 de julio y, sin debate de por medio, la aprobaron vía fast track en sesión extraordinaria el miércoles último, supuestamente con el propósito de armonizar la Ley Orgánica de la PGJE con el nuevo sistema penal acusatorio y la legislación única en materia penal. El dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales establece que las reservas deberán ser observadas tanto por los medios de comunicación como por los funcionarios de la PGJE “para evitar así un indebido manejo del desahogo de los procedimientos”. El artículo 51bis que se añadió a la Ley Orgánica precisa que los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia. “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”, agrega. De igual manera, establece que ningún funcionario de la PGJE podrá dar informes acerca de algún asunto de la dependencia a los medios de comunicación, sin la autorización expresa del propio procurador o de la unidad de acceso. “Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas (sic) que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”, se lee en el último párrafo del artículo. Protestan comunicadores Los periodistas sinaloenses censuraron la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” y exigieron la inmediata derogación del artículo 51bis por tratarse de un precepto, subrayaron, “violatorio de nuestras garantías”. En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Sinaloa AC criticó a los diputados que “con unanimidad vergonzosa” aprobaron una reforma legal “que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El texto, firmado por Juan Manuel Partida Valdez, advierte que los periodistas no permitirán la permanencia y vigencia del nuevo artículo de la Ley Orgánica de la PGJE, “propio de una dictadura”, ya que en ningún caso, subraya, “se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”. Y remata: “Si no se dieron cuenta del gravísimo exceso cometido o si nada les importó, para el caso es lo mismo”. Además, los periodistas advirtieron que acudirán ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas “para denunciar el atropello que han cometido en contra de nuestras más elementales libertades”.

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