TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El juez Omar Helería Reyes fijó una fianza de 300 mil pesos a cada uno de los tres indígenas prozapatistas detenidos por presuntos delitos de lesiones calificadas en contra de policías municipales, en hechos registrados el martes 16 en Chilón. Previo a ello, los indígenas denunciaron haber sido torturados por el agente del MP adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena de la PGJE, con sede en Ocosingo, para que se declararan culpables de la agresión que sufrieran los municipales de Chilón. Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández fueron capturados el miércoles 17 por elementos de la policía municipal de Chilón y puestos a disposición del agente del MP en Ocosingo, Rodolfo Gómez Gutiérrez quien, junto con los municipales, habría torturado a los señalados. Ricardo Lagunes, abogado de los detenidos, dijo que sus defendidos señalaron que durante el tiempo que estuvieron bajo la custodia de los elementos de la policía municipal de Chilón fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y tortura, aparte de que los tiraron al suelo y los arrastraron por un camino de terracería, provocándoles graves heridas, mientras los uniformados se burlaban de ellos. Los tzeltales detenidos señalaron que Gómez Gutiérrez, quien auxilió al MP de Chilón en la integración de la averiguación previa, torturó a Mario Aguilar Silvano para que se autoincriminara de los hechos que se le imputan y firmara una confesión. “Le apuntó con una pistola en su cabeza, le colocó una bolsa de plástico para provocarle asfixia y le dio golpes en su cara con la mano abierta. Esto sucedió durante la tarde del 17 de septiembre”, acusó Lagunes. Los tres indígenas, adherentes a La Sexta del EZLN, señalaron que al momento de su captura identificaron a uno de los policías aprehensores, de nombre Agustín Sánchez, quien vive en Carmen Xaquilá, cerca de la comunidad Virgen de Dolores. Este uniformado es amigo cercano y vecino de Sebastián Méndez Hernández, un policía municipal ahora preso por el asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano, ocurrido el 21 de marzo pasado. En aquella ocasión, los pobladores de Virgen de Dolores capturaron al policía asesino y lo entregaron a las autoridades, por lo que ahora señalan que esta fabricación de delitos, tortura y encierro es en realidad una venganza de los municipales. “Los detenidos aseguran que los elementos de la policía municipal de Chilón están tomando represalias en contra de los miembros de la comunidad Virgen de Dolores por la detención de su compañero”, dijo Lagunes. También cuestionó el hecho de que se haya fijado una fianza tan alta sin considerar el alto grado de marginación y pobreza que existe en la comunidad Virgen de Dolores” Se trata, denunció, de una fianza impagable para los tres indígenas que enfrentan un proceso legal viciado de origen, debido a que el supuesto municipal herido por los tres detenidos si se encuentra lesionado, pero por otro incidente ocurrido en el vecino estado de Tabasco.