QUERÉTARO, Qro. (apro).- La Unidad de Servicios de Salud del estado adquirió un paquete de 73 camillas para el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer a un costo cinco veces superior al valor comercial de las mismas, lo que resultó un daño de casi 2.5 millones de pesos al erario estatal, según detectó la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE). En una revisión de la cuenta pública de la dependencia correspondiente al primer semestre del 2013, se observó que esta compra “inflada” se hizo a una empresa proveedora cuyo socio mayoritario es amigo cercano del titular de la unidad, Mario César García Feregrino, según reveló el semanario Libertad de palabra,en la edición que comenzó a circular ayer. Cada una de las 73 camillas adquiridas para el referido hospital tiene un valor comercial de 9 mil 613 pesos. Sin embargo, la Unidad de Salud pagó 43 mil 452 pesos por pieza. Por este paquete debieron pagarse cerca de 702 mil pesos, sin embargo, se el monto total erogado fue de 3 millones 172 mil pesos. Pero no es todo. La empresa favorecida con la adquisición, Comercializadora CEM, S.A. de C.V., no cumplió con las especificaciones y calidad establecidas para la compra de las camillas; aún así, éstas fueron aceptadas sin reparo por la Unidad de Servicios de Salud. El semanario publicó que la adquisición de las camillas para procedimientos generales fue hecha mediante la licitación pública nacional LPI-51105001-002-12, misma que habría ganado Comercializadora CEM. Su accionista mayoritario es José Guadalupe Pérez Uribe. El empresario y su esposa son amigos del titular de la Unidad de Salud desde hace por lo menos cuatro años, como lo demostró una publicación de la revista Quién,donde ambas familias aparecen juntas en fotografías de la fiesta del hijo del funcionario estatal en el 2010. Personal de la entidad fiscalizadora realizó una revisión técnica a las camillas adquiridas y encontró que no cumplen con los requisitos de la licitación, como tener barandales abatibles a tres posiciones, cinturones para sujetar al paciente, el diámetro de las ruedas requerido, la altura y otros elementos específicos. “La colchoneta no tiene ninguna señal que permita identificar que pertenece a la misma marca de la camilla y no pudo comprobarse que sea resistente al agua y retardante al fuego”, explica la Entidad Fiscalizadora en el informe de observaciones hecho a la Unidad de Salud. Por si fuera poco, las camillas en realidad fueron importadas por una empresa distinta a la proveedora a la que se adjudicó el contrato, en contraposición con lo que establece la Ley de Adquisiciones del sector público del estado.