GUADALAJARA, Jal. (apro).- Amnistía Internacional (AI) anunció la apertura de una oficina de enlace en esta ciudad ante el incremento del número de denuncias relacionadas con tortura y desaparición de personas en la región centro-occidente del país. El director ejecutivo de Amnistía en México, Perseo Quiroz Rendón, dijo que las quejas por casos de tortura en el país aumentaron 600% en el periodo que va de 2003 a 2014, en una situación que consideró como sumamente preocupante. Además, destacó que en 2013 se reportaron más de 42 mil detenidos in fraganti, acusados por la comisión de algún tipo de ilícito, en tanto que de esa población sólo 5 mil 500 tenían en su contra una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial. “La tortura es una práctica fuera de control de aspectos judiciales y políticos en México… nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la región, y queremos estar presentes en la zona para tener información de primera mano, creemos que la presencia de un organismo como Amnistía puede ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos, en el occidente y en particular en Jalisco”, argumentó Perseo Quiroz. También señaló que a lo largo de esta semana los miembros de AI se reunirán con el fiscal general Luis Carlos Nájera; el gobernador Aristóteles Sandoval, y con algunos diputados locales para expresarles su preocupación sobre los casos de tortura en la entidad. No obstante, dijo que con la presencia permanente de AI en Jalisco, lejos de pretender ubicar a la entidad como “foco rojo” en materia de derechos humanos o de casos de tortura, se busca consolidar la presencia del organismo en una de las principales ciudades del país. En el mismo acto donde se anunció la apertura de las oficinas de Amnistía, realizado en la Casa Clavijero del ITESO, el responsable de la oficina para la Atención de Derechos Humanos de esa universidad privada, Carlos Peralta, dijo que con base en información difundida por Alfonso Partida Caballero, uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura en la entidad, se estima que 40% de todas las personas detenidas en el núcleo penitenciario de Puente Grande reconoce haber sufrido de tortura para obtener sus declaraciones ante el MP. “Lo inexplicable es que el fiscal general Luis Carlos Nájera en forma inaudita confesó y reconoció que la tortura se vincula a prácticas de investigación por parte de las autoridades en el estado, lo cual nos parece asombroso porque eso es dar cuenta de un delito cotidiano”. También resaltó que la extitular de Derechos Humanos en Jalisco, Guadalupe Morfín Otero, ha realizado una crítica sistemática sobre la práctica de la tortura en la entidad, postura que refrendó apenas en febrero pasado.