CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Ocho empresas concesionarias, de 12 que conforman el servicio de transporte Vivebús, promovieron un juicio político contra el gobernador César Duarte Jáquez ante el Congreso local, por haber firmado como deudor solidario o aval un crédito solicitado al banco Unión Progreso, del que es socio junto con su esposa Bertha Gómez Fong. El abogado de los concesionarios, Maclovio Murillo Chávez, precisó que la petición promovida ayer es en respuesta a que el mandatario quitó a sus clientes lo que por ley les corresponde. "Primero los invitó a conformar la empresa CTC (Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua SA de CV), les prometió grandes ganancias y nunca les fue bien, pero no les fue bien porque él (Duarte) jamás quiso aprobar el aumento de las tarifas, y con las tarifas que tienen ahora no les alcanza ni para el diesel. Además hubo malos manejos de uno de los dirigentes, 'El Güerito Lozoya', y los llevó a una quiebra total", explicó. Cuando la quiebra ya era evidente, dijo, a Duarte no le quedó más que informarlo públicamente, pero retiró a los concesionarios la ruta troncal y luego les redujo los márgenes de las rutas alimentadoras. Luego de más de dos años de haberse instrumentado el actual sistema de transporte, el grupo de concesionarios decidió interponer la denuncia de juicio político por la compra de 84 camiones nuevos para la ruta troncal, de la marca Mercedes Benz modelo Torino. El contrato está firmado por la CTC y la empresa Mercedes Benz, a través del gerente general Roberto E. Cruz Barraza, y al final aparece la firma del gobernador de Chihuahua. De acuerdo con el contrato, que ya fue notariado y presentado ante el Congreso local, cada unidad tuvo un costo de 162 mil 400 dólares, por lo que en total se gastaron más de 13 millones de dólares americanos, más IVA, pero Daimier Vehículos Comerciales México S de RL de CV facturó en pesos mexicanos. En caso de que el cliente (CTC) se retrasara con el pago, debía pagar una pena diaria de 30 dólares o su equivalente en moneda mexicana por cada día de retraso en el pago total. Duarte firmó ese contrato en 2012, junto con el consejo directivo de CTC y la agencia automotriz. De acuerdo con Murillo Chávez, los concesionarios propusieron que se compraran camiones Volvo, porque eran más amplios y mejores para el tipo de transporte requerido, pero Duarte, “con toda su autoridad”, presionó para que fueran Mercedes Benz y por eso firmó como aval. “El gobernador firmó como deudor solidario y eso no es legal, no puede avalar una deuda de empresas privadas, además de que comprometió dinero público para una sociedad anónima. La Ley de Deuda Pública dice que sólo puede avalar deuda pública, es decir, puede ser aval de municipios, empresas públicas, organismos públicos, descentralizados, etcétera”, detalló. La ley también prohíbe contraer obligaciones de ese tipo en moneda extranjera, y en el contrato asienta que se trata de un contrato efectuado en dólares. No sólo eso, Duarte requería la aprobación del Congreso local para obtener una deuda y ni siquiera la solicitó. “El gobernador no ignora la ley, es abogado y tiene miles de asesores”, señaló Murillo, y anunció que el juicio político es el primer paso de una serie de acciones que tomarán por las afectaciones a los concesionarios que representa. Tampoco descartó interponer una denuncia penal. “El mismo gobernador les consiguió créditos en un banco para pagar los camiones, y ese banco es Unión Progreso. Sacó dinero público para pagar los camiones antes de que se venciera la deuda, es decir, compró camiones que incorporaron a una empresa privada”, explicó el abogado. Por ahora, agregó, denunciaron la falta administrativa, pero puede tipificarse como delito de peculado, porque utilizó dinero público con fines de naturaleza privada. Asimismo, adelantó que la próxima semana llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que se organizó toda una operación de Estado para quitarles todo a los concesionarios. “Los engañó el gobernador porque de otra manera no hubieran accedido”, apuntó. “Los engañó, los quebró y los desprestigió, los puso como lo peor ante la opinión pública, pero el daño mayor es la baja calidad del servicio, que no se justifica porque deben mucho dinero. Lo que debe CTC se ha pagado con dinero público con fines populistas, para no subir la tarifa de los camiones. Mete dinero del gobierno a la empresa privada”, insistió. La denuncia de la compra de camiones es sólo la punta del iceberg, advirtió.