COLIMA, Col. (apro).- Ahorradores defraudados por un grupo de exdirectivos de la Cooperativa de Colima Caja Popular protestaron este viernes frente al Palacio de Gobierno y el Congreso local, para exigir el apoyo del gobernador Mario Anguiano y de los legisladores en su lucha por recuperar alrededor de 200 millones de pesos. Encabezados por la actual presidenta del Consejo de Vigilancia y la titular del Consejo de Administración, María Elena Abaroa López y Rosa María Castro Palomino, respectivamente, los manifestantes fueron atendidos por el secretario particular del mandatario estatal, Guillermo Adame Fuentes, y posteriormente por tres diputados del PRI, PRD y PT, a quienes entregaron oficios con sus demandas. Entre los presuntos responsables del fraude, algunos de los cuales tienen demandas y denuncias formales, figuran prominentes empresarios locales como Felipe Cárdenas Mancilla y Rafael Ordorica Suárez, este último propietario de la radiodifusora XHUU “La Mejor FM”, informó Abaroa López. Aunque manifestó que los procesos judiciales van por buen camino hacia la recuperación de los recursos, la presidenta del Consejo de Vigilancia expuso por separado al secretario del gobernador y a los legisladores la urgencia que tiene la cooperativa de un préstamo por 2 millones de pesos para solventar compromisos fiscales incumplidos por los defraudadores y gastos de operación. Fundada en el año 2000, la Cooperativa Colima Caja Popular está integrada por más de 3 mil socios originarios de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, así como de algunas poblaciones del estado de Jalisco. De acuerdo con los documentos entregados por los ahorradores defraudados a las autoridades, desde 2012 los exdirectivos de la cooperativa dejaron de entregar intereses y suspendieron la devolución de recursos a los socios ahorradores, ya que no había en la Cooperativa dinero disponible. Ante tal situación, en junio de 2013 los socios afectados cambiaron a los integrantes del Consejo de Administración y la nueva directiva contrató una auditoría, cuyos resultados hasta ahora han revelado un quebranto de casi 200 millones de pesos, aunque la revisión no ha concluido. Entre las principales anomalías, la auditoría detectó que un porcentaje elevado de los préstamos concedidos por la Cooperativa fue a parar a manos de los propios exdirectivos y a gente relacionada con ellos, de lo que se derivaron varias de las demandas mercantiles en curso. “Para nosotros, claro está, este es un serio problema social, pues basta pensar que si son más de 3 mil socios, estimemos que de cada uno depende un par de personas, y más como algunos comentan, la cantidad de afectados puede fluctuar entre 6 mil y 8 mil personas”, se lee en uno de los documentos. Por lo tanto, los manifestantes pidieron que la situación sea atendida como “un serio problema social que requiere soluciones urgentes, no sólo de nosotros, sino de todos aquellos que deben asumir un compromiso social, particularmente por los que tienen esta encomienda”. Además, “por no contar con dinero para pagar la nómina con oportunidad (algunas quincenas), la Cooperativa ha sido demandada laboralmente por algunos trabajadores, lo que es una carga adicional, comprensible, aunque injusta para la Cooperativa, pues dichos trabajadores conocen los esfuerzos extraordinarios que se han hecho para resolver toda la problemática”. Los diputados José Antonio Orozco Sandoval, del PRI; Marcos Barajas Yescas, del PT, y Rafael Mendoza Godínez, del PRD, se comprometieron a tratar el asunto en la próxima reunión de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso –el próximo lunes 23–, en tanto que el secretario particular del gobernador ofreció gestionar un encuentro con el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, y entregar el documento al mandatario, que en esos momentos se encontraba en una gira de trabajo.