CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Los integrantes del movimiento anticorrupción Unión Ciudadana mostraron evidencias para demostrar que por lo menos ocho funcionarios y dos agentes de Seguridad Pública municipales participaron y protegieron al grupo de choque que los agredió el 28 de febrero en el marco de una protesta de activistas. El abogado Jaime García Chávez --miembro de Unión Ciudadana y quien demandó penalmente al gobernador César Duarte Jáquez por peculado, enriquecimiento ilícito y corrupción-- adelantó que fortalecerán la denuncia con más evidencias y expedientes que les han llegado. Además, advirtió que basados en los artículos 400 y 401 del Código Penal Federal pueden ampliar la denuncia como lavado de dinero, de acuerdo con las pruebas que tienen. El litigante, acompañado de jóvenes e integrantes de organizaciones civiles, dijo que hay más evidencias en contra de Duarte y también de su colaborador Carlos Hermosillo Arteaga, quien fue presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), cargo que dejó para ser candidato a una diputación federal por el distrito 9. Sobre la denuncia que se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que hasta antes de la renuncia de Jesús Murillo Karam, se avanzaba con la secrecía del caso, pero de no resolverse a favor de Unión Ciudadana, la impugnarían para que resuelva un órgano judicial independiente del Ejecutivo. En cuanto a la agresión del 28 de febrero, indicaron que tienen plenamente identificados a los funcionarios que actuaron en su contra para “reventar” la manifestación y, cuando no lo lograron, enviaron al grupo de choque que agredió y lesionó a más de diez personas que participaban en la protesta. Por esa situación interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la petición de que atraiga la queja la CNDH, ya que el organismo estatal está supeditado a Duarte Jáquez. Asimismo, viajarán la semana entrante a la Ciudad de México para interponer la denuncia ante instancias internacionales especializadas en derechos humanos. Además, en el video "Los porros de Duarte" identificaron a Fernando Villarreal Estrada, director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social del ayuntamiento; Adrián Sánchez, coordinador general de Centros Comunitarios del DIF municipal; Jesús Iván Olivas Laredo, coordinador de Gestión Social y módulo de Atención Ciudadana; Zulema Rentería, jefa de Grupos Vulnerables; Jorge Rentería Saucedo, auxiliar especializado; Norma Leticia Lozano, personal especializado; Rubén Alvídrez, personal especializado, y Tomasa Rojo Frías "La Negra Tomasa", supervisora de Servicios. En la sesión de cabildo de hoy, los regidores del PAN presentaron la queja contra los funcionarios municipales y denunciaron la represión de la fue objeto la manifestación de Unión Ciudadana. Además, mostraron la evidencia de los permisos que obtuvo el movimiento para realizar el evento el 28 de febrero. "El día de la fecha de realización del evento los miembros de Unión Ciudadana acudieron al lugar convenido, en donde se encontraron con que dicho lugar, cuyo uso se solicitó previamente, ya estaba ocupado por mobiliario de la dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social y del gobierno del estado para la realización de una evento de los denominados 'Ferias Ciudadanas'. “Esta situación generó una discusión entre los funcionarios municipales y los organizadores del evento de Unión Ciudadana, sobre el derecho de uso de la vía pública, en donde estuvieron presentes los funcionarios municipales antes mencionados", señaló el regidor panista Luis Fernando Yáñez Mata. En tanto, el alcalde Javier Garfio Pacheco indicó que no permitiría que esos temas se llevaran a las sesiones y minimizó la situación.