CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- La declaración del alcalde de Juárez, Enrique Serrano Escobar, que calificó los feminicidios de esa frontera como una “leyenda negra”, enmarcaron la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,  ya que madres y padres de mujeres desaparecidas y/o asesinadas desde el exilio y desde Juárez, derechohumanistas, organizaciones civiles y ciudadanía en general, reprocharon al edil su comentario. [gallery type="rectangular" ids="397912"] Carla Castañeda, madre de una adolescente de 13 años que desapareció del centro de Juárez en el 2008, Cinthia Jocabed Alvarado Castañeda, inició hoy en Estados Unidos una huelga de hambre por 72 horas, para exigir justicia para su hija y las otras jóvenes que han sido arrebatadas del lado de sus familias. Ella escapó con sus cuatro hijos a Estados Unidos porque fue acosada por agentes policiacos en su casa y posteriormente recibió amenazas telefónicas, tras participar en una caminata de Juárez a Chihuahua para exigir justicia y de enfrentar al gobernador César Duarte Jáquez, días después de esa marcha que duró cuatro días. La declaración que emitió el alcalde la semana pasada fue: “Quiero decirles que se ha formado como una leyenda negra respecto de estos homicidios en contra de mujeres que durante muchos años se estuvieron haciendo, se tejieron muchas historias. Ese fenómeno provocó que se estigmatizara a Juárez con el asunto de los feminicidios”. Desde Ciudad Juárez, donde realizaron una manifestación a través de todo el centro y que concluyó en la presidencia municipal, reprocharon las aseveraciones “que intentan trivializar y otorgarle un carácter ficticio -producto de fabricaciones- a la lacerante violencia que padecemos las mujeres en Ciudad Juárez y que además casi siempre queda en total impunidad”. “Nosotras como derechohumanistas nos preguntamos por qué pese a la sentencia de Campo Algodonero, el estado y municipio no cumplen de manera cabal con los dictados de la Corte Interamericana para así lograr la prevención y erradicación del feminicidio. Sepa usted que durante los rastreos de 2012 y 2013 en el Valle de Juárez, se localizaron 85 restos correspondientes al menos a 21 mujeres que vivían en Ciudad Juárez y con edades que oscilaban entre los 13 y 26 años. Por estas muertes hay algunos detenidos a los que aún no se les comprueba su responsabilidad, amén de que aún están pendientes otras detenciones y por lo que los casos siguen sin resolverse. Sobre estos casos y los que día a día surgen, usted es responsable aunque intente evadir esa responsabilidad con declaraciones irresponsables e insensibles”, refiere una carta que entregaron a Serrano. En el caso de Carla Castañeda, quien vive desde febrero de 2013 en Estados Unidos con sus otros hijos (Jesús de 17 años, Veyry de 15, Juan de 13 y Raquel de 6), ella entregó al Consulado de México en aquel país, otra carta para reiterar que las mujeres y niñas de Ciudad Juárez siguen en peligro de muerte por la falta de protección del Estado, a quien llamó indolente. “Desde hace ya más de 20 años, (el Estado) mira hacia otro lado para ocultar y negar la existencia de un feminicidio  sistemático, de una caza indiscriminada de mujeres marcada por una impunidad insultante. Hasta este tiempo, casi 2 mil mujeres y niñas han sido asesinadas, decenas siguen desaparecidas. Desgraciadamente mi hija Cinthia, es una víctima de un sistema machista, injusto y cruel, que protege a secuestradores y permite que niñas inocentes como ella, sigan siendo secuestradas a diario”, refiere Carla Castañeda. Su hija, explica, salió de su casa para comprar unos zapatos para su escuela, en octubre de 2008.  Tenía 13 años y desde ese día no la ha vuelto a ver. “Las autoridades de Ciudad Juárez jamás la han buscado realmente. Su expediente, como el de tantas otras niñas que como ella han sido secuestradas en la zona centro, evidencia el nulo interés por encontrarlas y detener a sus raptores. En los últimos seis años, casi 200 niñas como mi hija, de su mismo perfil, han sido secuestradas en la ciudad. Algunas fueron localizadas asesinadas en las afueras de Juárez, pero las autoridades, lejos de investigar, ocultaron sus cuerpos durante meses…”. “Una hija desaparecida es un arañazo en el alma, constante. Su ausencia es un dolor que no cesa, un dolor que te acompaña día y noche. Durante todo este tiempo, no he parado de buscar a mi pequeña y denunciar a las autoridades. Esta denuncia pública no ha sido gratuita. Mi familia y yo hemos sido acosados y amenazados por miembros de las fuerzas policiales de Juárez, motivo por el que tuvimos que abandonar nuestro hogar ante la amenaza de sufrir atentados contra mis hijos y contra mi persona, recibiendo la residencia en Estados Unidos”. Carla está en espera del asilo político, tiene cita en la Corte en agosto de este año. “Como yo, otras madres han sido amenazadas e incluso asesinadas por sus protestas. Pese a ello, las autoridades siguen sin actuar y sin dar respuesta a los casos de niñas secuestradas con el mismo perfil que mi hija. El alcalde de Juárez se permite decir que los secuestros y asesinatos de niñas y mujeres de Juárez es una leyenda negra, que no existen. Yo le digo al mundo entero que sí existen los feminicidios y secuestros de las niñas y mujeres, amparados por el gobierno. Yo grito que mi hija y las más de un centenera de madres como yo, sí existe y que no pararemos hasta encontrarlas. Son nuestras hijas un trozo de nuestra vida, somos madres heridas sin sus hijas”, asentó. Y agrega en la misiva entregada a la embajada: “Hoy es 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer, pero sinceramente, tenemos poco qué celebrar y mucho que hacer y denunciar para avanzar hacia una sociedad sin feminicidios, sin secuestros de niñas inocentes… una sociedad sin gobernantes y altos cargos políticos juridiciales empapados de machismos, protegiendo y potenciando la violencia contra las mujeres y perpetuando la impunidad”. Carla pide ayuda a la sociedad civil en el mundo, para difundir esa realidad que les ha lacerado, para que no borren el nombre de sus hijas y exigir en conjunto al gobierno de Juárez, de Chihuahua y de México, “que actúen y persigan a los secuestradores, a los asesinos y a los miembros de las fuerzas de seguridad y altos cargos, que han sido y son cómplices”. Asimismo, pide a los medios de comunicación que difundan los casos de niñas y mujeres víctimas de la violencia, cuyo único “delito” ha sido ser mujeres y humildes. “Por ellas, hasta encontrarla y hasta que haya justicia, para que no haya una asesinada en Juárez, ni una secuestrada más”. Marchan en Juárez por los derechos de las mujeres El movimiento de mujeres de Ciudad Juárez realizó un recorrido, acompañadas de víctimas y derechohumanistas, por el centro de esa frontera y en cada estación detenían la marcha para agregar una letra a la palabra “Justicia” y una de las participantes leía una frase alusiva a un derecho de las mujeres, como derecho a la justicia, a la salud, entre otros. En una de las estaciones recordaron la lucha de la activista Esther Chávez, fundadora de Casa Amiga y precursora de la lucha contra los feminicidios en Juárez. Al llegar a la explanada de la presidencia municipal, donde concluyeron la palabra “Justicia” con la letra A, tocó el turno a las madres de jóvenes desaparecidas o víctimas de feminicidio. Subieron a la sala de Cabildo y el edil se vio obligado a salir para atender a las manifestantes. Ahí le dieron lectura a la carta dirigida al alcalde Enrique Serrano, a quien encararon por su desafortunada declaración. Un fragmento de la carta dirigida a Serrano, en la que le dan respuesta dice: “Que los feminicidios no constituyen ninguna leyenda negra. Que desde hace más de 20 años las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez se han dado a la tarea de registrar, documentar, y denunciar el feminicidio ante la indolencia y la inacción de quienes —desde distintos signos políticos— han ocupado la alcaldía en nuestra ciudad. “Que incluso, ha sido tan exhaustiva nuestra documentación de la violencia en contra de las mujeres, y en particular la más extrema de ellas, el feminicidio, que en 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró elementos suficientes para señalar la responsabilidad de las autoridades por negligencia y posible complicidad en estos hechos. “Que desde 1998 y hasta el 2009, ante nuestras repetidas denuncias, diversas instancias y representaciones internacionales como la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Relatora Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizaron visitas y emitieron informes con conclusiones semejantes a los que encontró en 1998 la CNDH. “Que pese a las distintas visitas, documentos, informes, denuncias y movilizaciones los feminicidios y desapariciones de mujeres que las organizaciones han documentado y denunciado siguieron incrementándose estos crímenes e incluso estos se extendieron a otros estados de la república, presentando las mismas características y la misma impunidad. No fue sino hasta el 2002 que las madres y familiares, acompañadas de organizaciones locales, nacionales e internacionales ofrecieron pruebas diversas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que finalmente México recibiera una sentencia condenatoria por su responsabilidad en el feminicidio de tres menores: Claudia Ivette, Esmeralda, y Laura Berenice. “Derivado de la sentencia de la CIDH, a la que México debe responder como estado miembro de la Organización de Estados Americanos, el feminicidio recibe un reconocimiento como crimen por razones de género que se da dentro de un contexto de violencia estructural hacia las mujeres. Derivada también de esa sentencia emitida en el 2009, se le ordena al estado mexicano formalizar y generar un marco legal que prevenga, investigue, sancione, repare y erradique la violencia contra las mujeres. “Por la resonancia que tiene esta sentencia, producto del trabajo dedicado y arriesgado de las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio, nos sorprende y nos indignan sus declaraciones. Denotan un desconocimiento total por los estándares y marcos internacionales que rigen la actuación de los gobiernos en todos sus niveles, incluido el municipal. Pero además muestran una total ausencia de sensibilidad ante las madres, familiares, y comunidades dolientes que han perdido una hija y que no han accedido a su derecho a conocer la verdad sobre esa pérdida y a obtener justicia. “Por eso usted le debe a esas familias y la comunidad entera una disculpa por sus declaraciones y por las del señor Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano del municipio, quien hace un par de días, ‘prohibió’ que los familiares de mujeres desaparecidas colocaran pesquisas ya que según el funcionario ‘dañan la imagen de la ciudad’. “En nuestro trabajo de acompañamiento con familiares, pero sobre todo con madres que han perdido a sus hijas, ellas preguntan por qué en lugar de tratar de minimizar la violencia de género, el feminicidio y las desapariciones, usted se suma y solidariza a alguna de las caminatas, misas, conmemoraciones que las madres y padres realizan. Igualmente se preguntan por qué como ciudadano y en calidad de presidente de Ciudad Juárez jamás ha tenido la atención de preguntar cómo puede coadyuvar para detener la tragedia que ellos ya han vivido y que buscan evitar que otros padres vivan…”. En Chihuahua piden no más convenios incumplidos  Organizaciones del Movimiento Estatal de Mujeres informó que este 6 de enero, el gobernador César Duarte Jáquez firmó otro acuerdo en “beneficio” de las mujeres, para la creación de la Unidad de Género en cada una las áreas de la administración pública, estatal y municipal. “Evidentemente no es suficiente para afrontar la situación de desigualdad, discriminación, violencia en sus diversas modalidades, ausencia de leyes adecuadas y de justicia, y desprotección que viven miles de mujeres en el Estado a partir de una arraigada cultura patriarcal. Deploramos que el gobierno estatal, en un desesperado intento de realizar un acto en un día especialmente importante para los derechos de las mujeres, vuelva a firmar acuerdos que no redunden en la vida de las mujeres”, advierten. El 25 de noviembre de 2013, el gobernador y titulares de secretarías del Estado firmaron un convenio más con el Movimiento Estatal de Mujeres, en el que el mandatario estatal asumió compromisos para mejorar la seguridad ciudadana y de realizar de acciones a partir de los datos estatales tanto de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) como del Índice de Desarrollo Democrático 2012 y prometió contratar personal sensibilizado y con perspectiva de género en todas las instituciones, especialmente en las que brindan atención a mujeres víctimas de violencia. En el ámbito legislativo, aseguró que impulsaría la creación de “una serie de iniciativas para armonizar la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y demás leyes relacionadas con los derechos de las mujeres, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Igualmente, se acordó que la Secretaría General de Gobierno instalaría mesas para la recepción de propuestas relacionadas con los códigos de procedimientos familiar y civil. Asimismo, se solicitaría al Congreso del Estado la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Chihuahua”, entre otros compromisos presupuestales. “Por su parte, la Fiscalía General del Estado asumió una diversidad de compromisos, entre los que se encontraba la inclusión a la institución de mujeres con perspectiva de género; la celebración de reuniones bimestrales con el Movimiento Estatal de Mujeres; la contratación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para el apoyo con restos humanos no identificados; la evaluación permanente la actuación del Servicio Médico Forense; garantizar la coordinación con la PGR en distintos aspectos relacionados con personas desaparecidas; conformar en la Zona Occidente un grupo de trabajo con agentes y policías investigadores con capacitación específica en investigación de casos de desapariciones y diseñar e implementar un programa integral de prevención del delito y violencia contra las mujeres con participación ciudadana en todos los municipios del estado”. El incumplimiento de los compromisos trajo como consecuencia la desconfianza de las organizaciones porque “lejos de reafirmarlos e implementarlos, el gobernador continúa firmando convenios con dependencias federales (como el Instituto Nacional de las Mujeres) y acuerdos en los que crea unidades de género en las dependencias”. Advierten que la realidad de las mujeres en el ámbito laboral, aún es un reto en términos de exclusión y de falta de representación en puestos de decisión. “Esa realidad, sumada a la violencia, discriminación en el acceso a la justicia, abandono de las mujeres indígenas, desprotección de los derechos sexuales y reproductivos, reivindicación de la paridad, lucha por la autonomía en todos los espacios y entornos, y ausencia de oportunidades educativas y laborales adecuadas, es una realidad en nuestro estado. Ello se vuelve aún más preocupante en un estado que no ha cumplido la mayoría de los puntos resolutivos estructurales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de ‘Campo Algodonero’ (…) Menos convenios, más igualdad y justicia. Este llamado también involucra al Congreso estatal para que avance decididamente en la agenda legislativa pendiente y al Poder Judicial para que se imparta justicia adecuada a las mujeres”.