PUEBLA, Pue. (apro).- Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, denunció que fue presionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle para que aceptara un cheque de indemnización por la muerte de su hijo, ocurrida hace dos años y medio durante un operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. “Fue así como que me pusieron entre la espada y la pared”, aclaró Elia en rueda de prensa, “si no firmaba, Javier (Montes Bautista, exedil auxiliar de Chalchihuapan) se iba a quedar en la cárcel y, si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”. Al ser cuestionada si las presiones en su contra provinieron de Diódoro Carrasco, secretario general de Gobierno, la mujer de origen indígena asintió y puntualizó que lo hizo a través de los abogados. En la víspera, Carrasco aseguró que la recomendación 2VG/2014 que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan quedaba cumplida totalmente con la entrega que se hizo de un pago de un millón 700 mil pesos a Tamayo. Sin embargo, la mujer dijo que hasta ahora no ha hecho uso del dinero, que fue obligada a aceptar por medio de presiones, pues considera que el gobierno de Puebla aún no hace justicia por la muerte de su hijo. “Como siempre les he dicho, el dinero no repara el daño”, declaró, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”, acusó. En la misma rueda de prensa el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo advirtió que si la CNDH da por cumplida la recomendación que emitió contra el gobierno de Moreno Valle, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso. “Si este organismo público autónomo (la CNDH) se presta a esta pantomima, quedará vista como institución cómplice, sumisa y doblegada al gobierno estatal, y no como un organismo honorable que defiende y salvaguarda los derechos humanos”, asentó la organización. El vocero de la agrupación, Hilario Gallegos, dijo que la recomendación no puede darse por cumplida porque sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel y no a los autores intelectuales de la represión del 9 de julio de 2014. “Falta fincar responsabilidad a Facundo Rosas (entonces secretario de Seguridad Pública), quien ejecutó la orden del operativo en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y quedaron lesionados varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan”, indicó. Respecto del cobro de la indemnización, reiteró que ésta se aceptó “bajo presiones y chantajes” de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano. “El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, agregó. Además, mencionó que la entrega del cheque a Tamayo no justifica el cumplimiento de la recomendación, luego de que la reparación del daño no fue integral ni para ella ni para las demás víctimas. “El cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH es con total dolo, con el afán de dar apariencia de que ésta fue acatada en buenos términos”, recalcó Gallegos. Por último, expuso que si el ombudsman nacional da por cumplida la recomendación, el organismo pedirá la intervención de la CIDH a fin de que este máximo organismo regional analice con imparcialidad todos y cada uno de los puntos, y determine si hubo cumplimiento por parte del gobierno de Puebla. En su intervención Aracely Bautista, madre del exedil, denunció que para mantener la presión sobre el pueblo de Chalchihuapan el gobierno les ha advertido que siguen vigentes tres órdenes de aprehensión, así como que continúa abierta la averiguación contra Javier Montes Bautista.