MONTERREY, NL (apro).- En la víspera de la conmemoración del sexto aniversario luctuoso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares, Jorge Mercado y Javier Arredondo, sus familiares se dijeron engañados y humillados por la Procuraduría General de la República que incumplió su promesa de entregar al juez el expediente que aún sigue en etapa de investigación. Rosa Elvia Alonso, madre de Jorge, lamentó que el subprocurador Gilberto Higuera le tomara el pelo a ella y a los familiares de los dos estudiantes masacrados la madrugada del 19 de marzo del 2010, en el interior del campus central de la institución educativa. Ante unos 100 alumnos de diversas universidades reunidos en el exterior de la puerta de las calles Luis Elizondo y Garza Sada, donde fueron los alumnos fueron abatidos por militares, Alonso recordó que el funcionario se comprometió con ella a consignar ante el juez el expediente AP/PGR/DGAP/DF/027/2010. Narró que Higuera acudió el 16 de diciembre pasado a Saltillo, donde residen ella y su esposo, Joel Mercado, para comunicarles que el expediente estaba casi terminado y que en “cuestión de días” lo terminarían, para entregarlo al juzgado. Los familiares se animaron porque creyeron que por fin se haría justicia. El 19 de febrero pasado se comunicaron con el Ministerio Público que lleva el caso, para avisarles que acudirían a la cita programada para el 22 de ese mes en la Ciudad de México, pero el representante social les aseguró, con firmeza, que la cita se programaría en Monterrey, pues ese día sería consignado el caso. Recordó la señora Rosa, próxima al llanto: “Imagínense, le avisamos a toda la familia, a los muchachos del Tec, porque tenían derecho de saberlo, porque han estado al pendiente del caso. Pero resulta que el 20, sábado en la noche, nos hablan del Ministerio Público y nos dicen: Señores todo se detuvo”. Fue un golpe demoledor para sus esperanzas, pues el representante social les había dicho que ya tenía el boleto de avión listo y que se haría acompañar de un equipo de abogados para solucionar cualquier imprevisto. “Resulta que cuando fuimos el 22 a México a preguntar qué pasó, nos dijeron que entendió mal el Ministerio Público. Que sólo le dijeron que se preparara, porque ya mero se iba a consignar. Nos indignamos muchísimo y nos hicimos miles de preguntas. Buscamos hablar con el subprocurador y él nos dijo que se estaba revisando el expediente”, dijo la madre de Jorge Antonio. La PGR volvió a jugar con ellos: les anunciaron que el 4 de marzo, ahora sí, el caso sería consignado, pero de nuevo la instancia incumplió. Y es fecha que los familiares aún esperan que concluya la averiguación que, luego de seis años, aún está en la etapa de investigación. “Esperamos que ya no nos estén tomando el pelo. Tenemos 6 años esperando por justicia”, dijo la señora Alonso. Al tomar el micrófono, Jesús Arredondo, tío de Javier Francisco, dijo que las autoridades han lastimado a los familiares al revictimizarlos con falsas esperanzas y con una inexplicable dilación de la consignación del expediente. “Como estudiantes, sabemos que les indigna el caso, como familiares, nos humilla. Y nos humillan las autoridades porque, lejos de procurar la justicia, ésta no se hace. Es una justicia injusta, porque no ha cumplido, no se ha actuado de manera responsable, dando la solución que esperamos”, dijo. La estudiante María Santos, de la Facultad Libre de Derecho, señaló que estas tragedias impunes acaban con todos los estudiantes y demandó que la PGR cumpla con perseguir los delitos. “Le pedimos a la procuradora Arely Gómez que se ponga a hacer su trabajo, que no voltee la cara”, exigió. En el evento estuvieron presentes integrantes de Amnistía Internacional que demandaron justicia y la reivindicación del nombre de los estudiantes asesinados. Al finalizar el evento, todos los presentes demandaron una vez más, como lo han hecho a lo largo de estos años, que la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca una disculpa pública por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, perpetrado por soldados, y que limpie sus nombres, pues no ha aclarado públicamente que no eran integrantes de la delincuencia organizada, como inicialmente lo divulgaron.