Denuncian encubrimiento de autoridades en caso de cura pederasta en Oaxaca

martes, 8 de marzo de 2016
OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones defensoras de derechos de la niñez denunciaron que la dilación en el juicio que se sigue contra el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, a quien después de más de dos años no se le ha dictado sentencia, confirma el encubrimiento de autoridades civiles y eclesiásticas en el caso. En una carta enviada al gobernador Gabino Cué Monteagudo; al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, y al fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, las organizaciones exigen justicia para las víctimas de pederastia clerical, y que cese el hostigamiento contra el sacerdote Manuel Arias Montes por haber denunciado los casos de pederastia al interior de la Iglesia católica. “La falta de sentencia, la dilatación del juicio, así como el amedrentamiento y hostigamiento contra las víctimas y sus defensores, ofrece un panorama que sólo puede justificarse por el encubrimiento entre las autoridades eclesiásticas, las instancias de procuración e impartición de justicia, e incluso de las instancias responsables de observar los derechos humanos”, puntualizaron. Organizaciones como Melel Xojobal, Niños Unidos al Progreso, Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad, Calpulli, Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participación, Luna del Sur y Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, entre otras, señalaron directamente de encubrimiento al arzobispo José Luis Chávez Botello. “No hay duda que el arzobispo quiere hacer el cambio de párroco en el contexto de las denuncias contra el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien se presume violentó sexualmente a más de cien niños de diversas comunidades indígenas de Oaxaca. El hecho manifiesta enojo del arzobispo Chávez Botello por quedar en evidencia el encubrimiento que ha hecho a favor del cura Silvestre Hernández, preso en Tlaxiaco (desde el 29 de noviembre de 2013)”, resalta la carta. Silvestre Hernández fue ordenado en 2006 y denunciado penalmente en 2012 por el comerciante Pedro Mendoza Flores, de San Pablo Huitzo, cuyo hijo de nueve años fue abusado por el cura pederasta en la parroquia del municipio. Desde 2006, cuando estuvo en su primera parroquia, Hernández fue acusado de violencia sexual contra un niño. Después el sacerdote fue transferido a Santiago Camotlán, parroquia en la que se presume abusó de al menos 45 chicos. Los casos se habrían repetido en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec. El pederasta fue encubierto por las autoridades eclesiásticas. En contraparte, el pasado jueves 3, un día después de presentarse en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, acusado del supuesto delito de violencia intrafamiliar, al sacerdote Manuel Arias se le intentó destituir de su parroquia. “Con lujo de violencia, abriendo por la fuerza los candados de la reja de entrada al templo y con toda prepotencia, se presentaron en la parroquia ‘Inmaculada de Juquila’ los presbíteros Francisco Reyes Ochoa, vicario general de Pastoral de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca; Lorenzo Fanelli de Liddo, secretario canciller, y Martín Octavio García Ortiz, sacerdote que sustituiría al padre Manuel, acompañados de personas armadas presuntamente miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones, enviados todos ellos por el obispo José Luis Chávez Botello”, precisa la carta. Feligreses de la parroquia, añade, no permitieron el acceso a estas personas, lo cual consta en diversos videos registrados. De acuerdo con las organizaciones firmantes, “no hay duda de que el arzobispo quiere hacer el cambio de párroco en el contexto de las denuncias contra el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández”. Señalan, asimismo, que el padre Manuel es un intelectual indígena mixteco egresado con honores de la Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemania) y ha sido un destacado profesor en diversas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. También se le conoce por ser defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios y como presidente de Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano (ICALA) México-Sur, además de ser autor del libro sobre teología india titulado “Y el Verbo de Dios se hizo Indio”. En su carta, las organizaciones exigen al gobernador que impulse una investigación para atender de manera integral a las víctimas de Silvestre Hernández y a otras que pudieran haber sido abusadas por otros integrantes de las distintas Iglesias, y que se castigue a los responsables directos y a sus encubridores. De igual manera, demandan la reparación del daño a los niños violentados, sus familias y defensores, y que cesen las acciones de hostigamiento y amenazas contra quienes se han atrevido a denunciar estos abusos. Finalmente, piden a las autoridades judiciales que dicten de inmediato la pena máxima a Gerardo Silvestre Hernández, sin atender las presiones de las autoridades eclesiales de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca. Y al arzobispo José Luis Chávez Botello; al apoderado legal de la diócesis, Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez (padre Uvi); al vicario general Francisco Reyes Ochoa, y al secretario canciller Lorenzo Fanelli de Liddo, les exigen ser “congruentes con el evangelio” y que cesen las agresiones. “Los responsabilizamos de cualquier agresión que pueda vivir Manuel Arias Montes, colaboradores o feligreses”, remata la misiva.

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