TOLUCA, Edomex, (apro).- En menos de 30 minutos, la mayoría parlamentaria en la Legislatura mexiquense autorizó a los 125 ayuntamientos de la entidad endeudamientos ilimitados a 25 años que deberán ser utilizados en el actual trienio, con la única condicionante de que sus participaciones federales y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) sean integradas a un fideicomiso de constitución imprecisa que empleará los recursos como garantía de pago. A favor de la iniciativa votaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, además del Partido Acción Nacional (PAN), mientras el de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció en contra y denunció un análisis fast-track, pues la iniciativa promovida por el Ejecutivo Estatal apenas fue recibida el martes. Al cierre de 2014, la deuda global de los municipios mexiquense ascendía a 18 mil 347 millones de pesos, conforme a las Cuentas Públicas de ese año. Una treintena de municipios, advirtió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), viola el Código Financiero Estatal que prohíbe el endeudamiento a los municipios que ya tienen comprometido el equivalente a 40 por ciento o más de sus presupuestos anuales. Naucalpan es, conforme al dictamen del OSFEM, la administración más endeudada, con mil 539 millones de pesos; Tlalnepantla tenía mil 483 millones; Ecatepec registraba mil 282 millones en pasivos; Huixquilucan 961 millones y Atizapán de Zaragoza 633 millones. En conjunto, estas cinco demarcaciones concentran 45% de la deuda total municipal. Un reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), elaborado con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubica a Ecatepec como el municipio más endeudado del Estado de México y el número 15 a nivel nacional, a junio de 2015. Pese a ello, la iniciativa turnada por el gobernador Eruviel Ávila para que sea aprobado durante el periodo extraordinario programado para el martes próximo, reconoce dificultades económicas de los municipios, por lo que para ayudarlos plantea en su artículo primero: “… Se autoriza a los ayuntamientos de cualquiera de los 125 municipios del Estado de México que se encuentren adheridos o que en el futuro se adhieran al Programa Especial de Apoyo Financiero del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (el “Programa Especial FEFOM”), a contratar créditos y/o financiamientos durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 hasta por un plazo de 25 años”. Los montos netos de endeudamiento y demás términos y condiciones necesarios para acceder a los créditos, serán autorizados por el Comité Técnico del Programa Especial Fefom, al que se integrará la Secretaría de Finanzas Estatal y la Junta de Coordinación Política. Estos préstamos, dispone el segundo artículo, “deberán tener como destino principal la reestructuración y/o refinanciamiento de su deuda pública, debiendo mejorar los términos y condiciones de sus pasivos vigentes. También podrán realizar acciones de inversión pública productiva”. Como garantía y/o fuente de pago, oferta, en el tercer artículo, “sin limitación”, los recursos del Fefom, las particiones federales y los demás que cada cabildo determine. Los recursos serán integrados a un fideicomiso que conforme al artículo 7 será de nueva constitución "mismo que no contará con estructura orgánica, ni fungirá como auxiliar del Estado o de los municipios, y en tal virtud no constituirá un organismo auxiliar ni estará sujeto al régimen integral y administrativo que aplica a dichas entidades". La perredista Martha Angélica Bernardino advirtió que el Consejo Técnico del Fefom, conforme a la propuesta, asumirá las facultades del Poder Legislativo al aprobar los montos y conceptos de endeudamiento. Su correligionario Javier Salinas alertó que con esta iniciativa, incluso, se pretende suplir la ley de ingresos, la ley de deuda de estados y municipios y la ley de deuda pública. A los municipios, alertó, se les debería ayudar con programas que les permita sanear sus finanzas públicas, y no con mayor deuda como única opción. También lamentó que integrantes de las demás fracciones parlamentarias estén dispuestas a renunciar a las facultades que la Constitución les confiere.