LEÓN, Gto. (apro).- En un revire del tema de la compra del polígono territorial para la instalación de la planta de Toyota, el gobernador Miguel Márquez anunció que hoy solicitó al Congreso local la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que practique una revisión al proceso de adquisición y expropiación de los terrenos en Apaseo el Grande. Márquez sostuvo que aunque el gobierno estatal “no compra tierras”, la armadora japonesa le puso como condición para instalarse en Guanajuato que adquiriera las más de 600 hectáreas en Apaseo el Grande, y así se hizo. “Tengo un documento, en su momento si la autoridad lo requiere, donde fue una condición que nos puso Toyota de que teníamos que comprar” esos terrenos. Agregó: “Yo públicamente dije que el gobierno no compraba tierras, y cuando me dicen a mí: ‘Oiga, tiene que hacer la compra de tierras para que se pueda instalar Toyota’, pues en ese sentido, pues digo, yo necesito un documento donde ustedes me establecen como una condición sine qua non, y adelante, se ha hecho todo así con mucha claridad”. También buscó justificar esta decisión en “el respeto a la empresa, que lo que quiere es que ya se tenga certeza jurídica sobre los terrenos. Ese fue nuestro compromiso, de ahí iniciar su construcción, su operación y adelante”. Por ello, anunció, este martes remitió un oficio al Congreso para solicitar que la ASE se encargue de la revisión, porque “ya les he dicho, el que nada debe, nada teme. A mí que me esculquen… lo único que me quita el sueño es no estar bien con mi conciencia”. Como lo ha hecho antes, el gobernador negó que algún funcionario dentro de su gobierno hubiera entregado información privilegiada a los exfuncionarios de la Procuraduría Agraria José Antonio Serrano Ortega y Santiago Germán Bordes (socios de la empresa JAOS & SGB) para que éstos se beneficiaran al adquirir terrenos a campesinos y posteriormente revenderlos al gobierno, con una ganancia de decenas de millones de pesos. En entrevista, el mandatario panista también dijo que, en cumplimiento a los compromisos que asumió con el Congreso, para que éste le autorizara la compra de los terrenos, este martes envió a los diputados información sobre el caso Toyota. La Cámara de Diputados otorgó dicha autorización en noviembre del año pasado. Ante las revelaciones de la especulación inmobiliaria de una empresa de exfuncionarios calderonistas favorecidos por el gobierno estatal en la compraventa, la diputada del Verde Ecologista, Beatriz Manrique, recordó desde la tribuna al Ejecutivo que a la fecha no había dado a conocer los avances al respecto. Márquez también insistió en que, tanto a la inmobiliaria JAOS & SGB como a los ejidatarios a los que está comprando directamente, se les ha pagado a 148 pesos el metro cuadrado, con todo y la información difundida por distintos medios que reflejan lo contrario, con base en los contratos de compraventa y escrituras públicas respectivas. “Se ha pagado a 148 pesos, parejito a todos”, aseguró. --¿Pero no hubo información privilegiada de parte del gobierno? -- se le insistió. “No, no, no”, atajó.