CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, anunció que ya existen órdenes de aprehensión contra dirigentes del magisterio disidente, pero no las ha ejecutado para evitar problemas políticos. “No quiero decir que haya circunstancias políticas, porque la Fiscalía no debería intervenir en cuestiones políticas, sin embargo, hemos tratado de ser prudentes, porque los efectos del cumplimiento de las órdenes de aprehensión podrían crear ciertos problemas de índole político”, señaló. Olea Peláez declaró lo anterior durante una entrevista realizada ayer al término de una reunión privada de gabinete a la que convocó el gobernador Héctor Astudillo en la residencia oficial Casa Guerrero, ubicada al oriente de esta capital. Desde ayer el mandatario priista canceló los actos públicos, luego de las críticas recibidad tras haber viajado junto con su familia y parte de su gabinete al vecino estado de Oaxaca –a bordo de aeronaves y vehículos oficiales– para asistir a la boda de uno de sus colaboradores en el templo de Santo Domingo localizado en la capital de ese estado. El gobernador Gabino Cué también acudió al festejo, mientras las policías federal y estatal reprimían a maestros y ciudadanos que se oponen a la reforma educativa. Luego de que Proceso dio a conocer ese hecho, que refleja la indiferencia de la clase política frente al conflicto generado por dicha reforma, Astudillo decidió suspender los actos públicos desde el ayer. La medida se mantiene hasta este martes, ya que la agenda oficial distribuida entre funcionarios estatales indica que el mandatario solo tendrá “reuniones privadas”. Y precisamente después del cónclave en la residencia oficial Casa Guerrero, el fiscal en la entidad habló sobre la movilización del magisterio disidente en la entidad, y afirmó que un juez local autorizó órdenes de aprehensión solicitadas al Ministerio Público del fuero común contra líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), por las acciones de violencia que han cometido contra edificios públicos en su jornada de protestas para exigir la derogación de la reforma educativa. Olea Peláez señaló que no podía decir cuantas órdenes existen, pero la Policía Ministerial no las ha ejecutado “por prudencia” y para evitar “un conflicto político” en la entidad, añadió.