MONTERREY, NL. (apro).- El gobierno de Nuevo León se apresta a liberar, a partir del próximo año, unos dos mil reclusos, por beneficios retroactivos del nuevo sistema penal acusatorio, alertó hoy el alcalde panista de San Nicolás, Víctor Fuentes Solís. La cifra representa casi un 25% del total –8 mil internos– que hay en los tres penales de la entidad, Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, todos manejados por la administración estatal. El edil pidió a la ciudadanía demandar a los diputados federales que promuevan algún recurso legal para frenar esta acción que pondrá en la calle a “rateros y ladrones”. Luego de la reunión que sostuvieron hoy alcaldes con el gobierno del estado, sobre el tema de seguridad, Fuentes reveló la inminente liberación masiva de internos, por bondades de la nueva legislación penal, lo que generará una situación que debe poner en alerta a la sociedad, según dijo. “Es importante que todos ustedes tengan muy presente, y también la opinión pública, el tema de las liberaciones que se van a realizar el siguiente año, cuando concluya la etapa en la que va a entrar en vigor todo el protocolo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio”, señaló. “Los actuales criminales van a tener una serie muy importante de beneficios, al tener retroactividad muchas de las nuevas figuras del nuevo sistema. Se estima, salvo que se confirme por el Tribunal Superior de Justicia, que serán dos mil rateros y ladrones que saldrán en enero o febrero a las calles y que actualmente están presos. Será una liberación masiva”, señaló. Como una manera de responder al reto en materia de seguridad que representa esta excarcelación, el panista dijo que los alcaldes metropolitanos deben trabajar en el área de inteligencia, para saber dónde viven los beneficiados y darles seguimiento. “Si salen readaptados, qué bueno, y si no, hay que estar al pendiente, para que no cometan más fechorías, que son por las cuales llegaron a prisión. Entiendo que saldrán en automático. Pueden irse con solo cumplir un procedimiento que se tendrá que establecer meses adelante, en función de las garantías que el nuevo sistema ofrece a los criminales”, explicó. Lamentó que en el derecho penal, las reformas, cuando benefician a los delincuentes, son retroactivas, aunque los alcaldes tienen aún unos seis meses para demandar que sea frenada la excarcelación. “Es importante tener claro qué va a suceder, por lo que estimo que es factible que si hay una respuesta importante de la comunidad, podamos, a través de los diputados federales y locales, frenar lo que va a ser evidente. Muchos de ellos no son una perita en dulce y han dado muchos problemas a la sociedad y la comunidad”, dijo. La salida repentina de miles de presidiarios provocará que los municipios necesiten incrementar su capacidad de respuesta en materia de seguridad pública, con la contratación de más policías y la compra de más equipo, estimó. Lamenta Cadhac dichos de edil Por su parte, el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) reprochó al alcalde Víctor Fuentes por sus declaraciones contra los internos, pues consideró que son discriminatorias y desinforman a la población. Cadhac consideró que el uso del término “rateros” agudiza la vulnerabilidad de las personas que están privadas de su libertad en un centro de reclusión. “Víctor Fuentes pasa por alto que las libertades que pudieran ser otorgadas con fundamento en las nuevas disposiciones legales son libertades que favorecen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que abonan a su reinserción social y que, sobre todo, respetan el principio de que la libertad sólo se restringe en los casos verdaderamente necesarios y no por cuestiones que puedan ser solucionadas a través de otros mecanismos de sanción”, mencionó la asociación en un comunicado. Finalmente, Cadhac pidió a todas las autoridades conducirse con respeto a los derechos humanos de todos los nuevoleoneses, para eludir los prejuicios contra quienes están en prisión.