COLIMA, COL. (apro).- Gustavo Allen Ursúa Calvario, exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, anunció que presentará una demanda contra el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), al que acusó de actuar de manera dolosa en la revisión de las cuentas públicas relativas al manejo de los recursos del área de Seguridad. Dentro del informe de Auditoría Excepcional de los periodos 2013-2015, entregado por el organismo al Congreso del Estado, aparecen 13 observaciones relacionadas con el SESP, en las que se establece que el exfuncionario tendría que reintegrar alrededor de 34 millones de pesos cuyo uso no habría sido debidamente comprobado. En rueda de prensa, Ursúa Calvario señaló que todos los puntos a que se refiere el Osafig ya habían sido fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que acreditó el buen uso del presupuesto. Además, dijo, desde que se divulgó el informe él mismo entregó a la Comisión de Hacienda del Congreso un legajo de más de mil páginas en las que se comprueba que no existieron las supuestas irregularidades que menciona el Osafig. Ante los reporteros, Allen Ursúa exhibió en una pantalla los documentos probatorios de dos de las 13 observaciones que se le hicieron y comentó que el resto los difundirá a través de la página de internet de su despacho jurídico, cuya dirección es www.gustavoallendefensapenal.com.mx Aseguró que el Osafig tuvo toda esa información antes de emitir su informe, por lo que a su juicio la única razón por la que el organismo actuó sin ética profesional fueron intereses de actores políticos partidistas vinculados al Partido Acción Nacional. Entre los ejemplos que mencionó se encuentra la observación 22.9.3 del Osafig, donde éste manifiesta que adquirió un servicio de suministro e instalación de UPS y banco de baterías en los sitios de la red estatal de telecomunicaciones por parte de la empresa Hema Teleinformática S.A. de C.V., “observándose la falta de dictamen u oficio de excepción emitido por el subcomité respectivo o el titular de la dependencia, fundando y motivando en criterios de eficiencia y eficacia, economía, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad o financiamiento para el estado, en el que se justifique plenamente el ejercicio de la opción de compra para no llevar a cabo la licitación pública”. Asimismo, el Osafig dice que “no hubo evidencia de los inventarios y registrados correspondientes, ni evidencia de las memorias técnicas de instalación elaboradas por la empresa, fotografías, etcétera”, por lo tanto, el estatus es “parcialmente solventada” y fija una sanción de un millón 310 mil pesos para Ursúa Calvario, equivalentes al “monto de los daños y perjuicios que se determinaron”, aunque también sanciona con la misma cantidad a la empresa, por considerar que no se llevaron a cabo esos trabajos. Al respecto, Ursúa Calvario dijo tener las pruebas de las 13 observaciones que realizó el Osafig, que “además ya están revisadas por la ASF y las cuentas públicas federales están aprobadas”. Mostró un documento donde la ASF dice que el asunto clasificado como 22.9.3 por el Osafig no hay observaciones y que se cumplió con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Colima, entre otras leyes. Otra de las observaciones del Osafig, la 22.9.7, se refiere a la adquisición de un servicio de suministro e instalación de dos conmutadores para el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias de Colima y Manzanillo, a la empresa HS Colima SA de CV, donde concluye que “no se solventa, por lo que no se comprueba la real y efectiva prestación de los servicios pagados por el gobierno estatal”, por lo que le impone a Ursúa Calvario la devolución de casi 4 millones de pesos, igual que a la empresa. “Esto —sostuvo— hace ver de manera dolosa que los recursos no se ejercieron, cuando los bienes se encuentran registrados actualmente dentro del patrimonio del gobierno estado, no se esfumó el dinero de seguridad”. Aclaró que esos conmutadores que según el Osafig no aparecen, son los que se están usando actualmente dentro del sistema de emergencias 911. De la misma forma, añadió el exfuncionario, este rubro fue auditado por la ASF y resultó sin observaciones, con la anotación de que se revisaron los anexos técnicos, el procedimiento de compra y “al respecto se verificó que la entidad sí contó con los contratos y convenios para la formalización de los servicios prestados por los proveedores en cumplimiento del artículo”. En lo que se refiere a los servicios prestados y los bienes adquiridos “se verificó que fueron recibidos y entregados en tiempo y forma conforme a la fecha establecida” y “por lo que respecta a la inspección física realizada se verificó la asignación adecuada, el estado actual de los bienes adquiridos y su correcto uso”. Comentó que él no discute que dentro de la auditoría excepcional el Osafig revisara las cuentas, sino “que lo haya hecho mal”.