GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, acordó solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el amparo que reveló múltiples abusos a menores y adolescentes albergados en la Ciudad del Niño de Salamanca, la institución fundada y dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Según los magistrados, el caso evidencia la vulnerabilidad de los y las infantes y adolescentes en esos centros de asistencia. Hubo violaciones graves a sus derechos humanos, dicen, y las autoridades estatales fueron omisas para atender las denuncias en la presunción de trata y abuso sexual, entre otros ilícitos. Por ello, los magistrados Francisco Javier Araujo Aguilar, José Nabor González Ruiz y Arturo Rafael Segura Madueño votaron por unanimidad a favor del proyecto de revisión del amparo 327/2017 para que la Corte atraiga el caso, dado el precedente nacional que representa. Además, se basaron en el hecho de que Gutiérrez Farías opera otros albergues en Guanajuato y Michoacán, por lo que el tema trasciende el ámbito estatal. En el desahogo de la audiencia, el magistrado González Ruiz señaló que no podían ocuparse sólo de la revisión del amparo resuelto por la jueza novena de distrito, Karla Macías Lovera, por el caso de una menor que se encontraba en la Ciudad del Niño y cuya madre pedía su restitución, ya que los pronunciamientos hechos por Macías sobre la operación del albergue van más allá. Ella, expuso el magistrado, “hizo una serie de pronunciamientos de asuntos de una mayor dimensión que involucran a personas físicas y morales en cuanto a su situación jurídica, de tal manera que el asunto es de tal magnitud y trascendencia que ocupa que la Suprema Corte se haga cargo”. Por ello, en el proyecto no se entró a la discusión de la revisión del amparo, aunque desde el punto de vista de los magistrados, de haberlo hecho, optarían por confirmar cada uno de los actos reclamados, consistentes en medidas de protección para la menor a la que el sacerdote Gutiérrez Farías pretendía mantener en el albergue. La madre se opuso, a raíz de que la menor sufrió quemaduras en las manos en castigo por parte de una de las monjas que auxiliaban al sacerdote en la Ciudad del Niño de Salamanca. Los magistrados optaron por no ocuparse del estudio del caso o hacer algún pronunciamiento jurídico, pues encontraron varias situaciones que representan una revictimización de la menor y de los demás albergados en la Ciudad del Niño. El magistrado Araujo Aguilar sostuvo que, dado que los albergues operados por Gutiérrez Farías, tienen presencia en Guanajuato y en Michoacán, lo que “podría tener un impacto no solamente en la región, sino en toda la República”. Araujo Aguilar analizó también los alcances jurídicos de un amparo que “implica también el tipo de medidas que se pueden establecer en un juicio de amparo, como de no repetición, reparación y protección, porque lo que, dijo, con estas medidas se está buscando proteger a un grupo vulnerable”. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del decimosexto circuito citaron algunos de los contenidos del amparo de la jueza, en el que existen fuertes indicios de que Gutiérrez Farías abusó sexualmente de varios menores, así como la presunción de trata de personas y, en general, la grave problemática social que visibiliza, específicamente en lo relativo a la falta de regulación de los centros de asistencia social que funcionan como casa hogar, aún con el conocimiento y financiamiento del Estado. “Hay asuntos graves que son el conocimiento de la autoridad y no se han ocupado de regularlos, un caso de posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos a personas pertenecientes a grupos vulnerables por particulares que prestan un servicio público. Esto es del interés de todos”, fueron algunos de los argumentos de los integrantes del tribunal. Lo anterior implica, además, la posibilidad de que la Suprema Corte revise criterios en materia de política pública, desarrollo y asistencia social que son planteados en la sentencia de amparo de la jueza Macías. Coincidieron en resaltar que se trata de un caso novedoso. “No hay ningún antecedente de que se haya resuelto un caso similar”, de ahí que se acordó solicitar a la Suprema Cote que ejerza su facultad de atracción para la resolución de este asunto. Actualmente permanecen en el albergue Ciudad del Niño sólo 55 de los más de 100 infantes y adolescentes que estaban en el sitio. A principios de julio, cuando el DIF estatal asumió el control de la institución, un mes después de que la jueza Macías emitió su sentencia, advirtiendo las anomalías en el lugar había 72. La sentencia apunta como responsables del maltrato y abusos dentro del albergue a Gutiérrez Farías, así como a Xóchitl Chávez Sánchez, Hortensia Jiménez Cruz y Leandro Martín Bermúdez Armenta. En sus testimonios, las niñas, niños y adolescentes aseguran que Bermúdez Armenta es quien ejercía violencia física y atestiguó abusos sexuales de Gutiérrez Farías a los y las menores. El documento también refiere que algunas de las irregularidades y posibles delitos eran conocidos desde hace años por el DIF y la Procuraduría de Justicia estatales. Uno de los asuntos derivados de la situación del albergue es la denuncia penal por la desaparición de dos adolescentes, quienes fueron depositadas en dicho lugar por el DIF de San Luis de la Paz, luego de que fueron víctimas de violación. Ambas salieron de la Ciudad del Niño en abril pasado y a la fecha no han sido localizadas.