Activistas impugnan a ombudsman yucateco por caso de desalojo violento contra anciano

lunes, 17 de abril de 2017
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Integrantes del Equipo Indignación impugnaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la recomendación que el ombudsman yucateco José Enrique Goff Ailloud dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la violencia que ejercieron elementos de esa corporación para desalojar a un hombre de su vivienda en Chablekal. El pasado 22 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) dictaminó que la policía incurrió en “un excesivo uso de la fuerza pública” durante el operativo realizado el 3 de mayo de 2016 para desalojar de un predio a un hombre de 90 años, que derivó en un enfrentamiento entre lugareños y uniformados para defender al afectado. La presión social que generó el caso fue tal que en su momento el gobernador Rolando Zapata Bello, en un afán de limpiar su imagen, ofreció gestionar la construcción de “una casa con baño” para Salvador Ehuán Chi, el anciano a quien la fuerza pública echó a la calle –utilizando incluso gases lacrimógenos en el interior del predio– en cumplimiento de una orden judicial. Hoy, el Equipo Indignación, dedicado a la defensa de los derechos humanos, anunció que junto con los ciudadanos agraviados por la policía en aquella ocasión, impugnaron ante la CNDH la recomendación 4/2017 que emitió la Codhey. Argumentaron que el dictamen del organismo estatal de derechos humanos, además de tardío, resulta “omiso y complaciente”, lo que permitiría “justificar futuros actos de represión policiaca” como los que se cometieron el año pasado en el poblado maya de Chablekal, en el contexto de un desalojo. “Emitida casi un año después de los hechos y dirigida al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, la Codhey acreditó violaciones al derecho a la libertad personal, a la privacidad, a la integridad y seguridad personal, y también de niñas, niños y adolescentes”, denunciaron. Sin embargo, en su resolutivo “no catalogó la tortura ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes, no señaló a todos los responsables y no dirigió la recomendación al gobernador” Rolando Zapata Bello. “Tampoco se refirió adecuadamente a las detenciones arbitrarias ni calificó el ataque contra defensores, e incluso parece atribuirse funciones que no le corresponden, casi como coadyuvante del Ministerio Público, pero contra los agraviados, al señalarlos como responsables de ilícitos, lo cual es falso”. De igual manera, resaltaron que “incluso (la Codhey) llegó al extremo de justificar el uso de armas no letales”, pues en el zipizape la policía lanzó gases lacrimógenos a discreción hasta al interior del predio del anciano que intentaban desalojar. “Esto último es particularmente grave, pues una recomendación como la emitida por la Codhey podría justificar en el futuro operativos similares”, subrayaron. “Más aún, la Codhey, en franca violación a su ley y a su reglamento interno, dictó dentro de la propia recomendación un acuerdo de no responsabilidad a favor de algunos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, lo cual resulta absurdo, contradictorio e ilegal”, apuntaron los integrantes del Equipo Indignación. Consideraron que el documento emitido evidencia “el desprecio de las autoridades hacia la labor de la Codhey, puesto que entre sus recomendaciones, el organismo público defensor de los derechos humanos solicita identificar a quienes conducían la unidad 6262, en la que iban detenidos integrantes del Equipo Indignación”. Y reprocharon que “casi un año después de los hechos, la Codhey ni siquiera identificó a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos en un evento que resultó tan significativo en el estado”. Luego preguntaron: “¿La Codhey no solicitó los nombres de los responsables? ¿La autoridad no se los proporcionó?”. Manifestaron que el marco de un desalojo contra un hombre de 93 años de la vivienda que habitó toda su vida, “la policía incurrió en provocaciones, uso indebido y desproporcionado de la fuerza pública, uso de armas no letales, detenciones arbitrarias, allanamientos y otros excesos”, que en la recomendación de la Codhey sólo fueron señalados en parte. En el escrito dirigido a la CNDH, Indignación expresa que en la recomendación de la Codhey también debió señalarse al comandante Pedro Edmundo González Esquivel, responsable del operativo, y debió dirigirse al gobernador de Yucatán, porque fue quien lo autorizó. “Lamentablemente la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán desvirtúa su función”, reiteró el Equipo. Y sostuvo que “ante abusos de poder y de autoridad, ante violaciones a los derechos humanos, se requiere un organismo que señale a los responsables, precise las violaciones cometidas, defienda a las personas agraviadas, identifique a los perpetradores y señale medidas de no repetición”.