COLIMA, Col. (apro).- La reciente renuncia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado (Sedescol), Indira Vizcaíno Silva del PRD, obedeció a que su presencia en el gabinete generaba “presiones partidistas” para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, del PRI, lo que había provocado el freno de algunas labores de la dependencia. Lo anterior fue revelado hoy por la propia exfuncionaria, quien en rueda de prensa dio a conocer el texto íntegro de su renuncia que surtió efecto a partir del pasado sábado 1 de abril. “Mi presencia –argumentó– le hace daño a Colima, los intereses político partidistas de algunos personajes, combinados con mi presencia en la Sedescol hacen que al desarrollo social no se le dé la prioridad que se le tendría que dar, pues hay quienes pensando en aspectos políticos no han dejado de verme como contrincante electoral”. La exdiputada federal y expresidenta municipal de Cuauhtémoc indicó que entre las razones de su separación tuvo que ver “la lentitud con la que se decide” en el gobierno de Peralta, pues a pesar de contar con un presupuesto y programas aprobados para esa secretaría por arriba de 40 millones de pesos, el año pasado no se pudieron ejercer ni 10 millones. Agregó que “el único programa que se arrancó con bombo y platillo se transfirió de la Sedescol a la Secretaría de Educación, con la clara intención de que no fuera yo quien lo ejecutara”. La exfuncionaria mencionó que los grupos políticos al interior del gobierno peraltista pretendían que actuara a favor de sus intereses particulares, pero “en realidad no hay conciencia de la terrible situación política que vivimos, casi todos exigen más sueldos y privilegios aunque esto signifique menos programas sociales”. Vizcaíno Silva añadió que su apuesta siempre fue crear programas para que las familias menos favorecidas generaran ingresos propios y no sólo que recibieran paliativos que no los sacarán en el largo plazo de su situación de desventaja. “Sí pudimos lanzar los programas de proyectos productivos para jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad, pero no se les dio ni la prioridad ni los recursos que yo proponía; sin embargo, del poco presupuesto que dispusimos el 60% se destinó a este objetivo”. Así también, dijo que con la convicción de que una parte fundamental para el desarrollo social es la educación, propuso sin mayor éxito la creación de un programa de beca-salario, para que los jóvenes recibieran una beca mensual que les permitiera cubrir sus necesidades más indispensables y no dejaran la escuela ni mermaran su rendimiento escolar por tener que estudiar y trabajar a temprana edad. “Tomamos con seriedad el mandato de ley para constituir los comités de participación social en todo el Estado, pero la primera reacción fue verlos como posibles estructuras electorales, cuando la convicción real es la urgente necesidad de hacer partícipe a la sociedad en las decisiones de gobierno, de entender que somos sus representantes y que estamos obligados a escucharlos permanentemente”. Censura Indira Vizcaíno también se quejó de las limitaciones a la libertad de expresión de los funcionarios en el gabinete de Ignacio Peralta, pues “se intenta aplicar un manual de comunicación que supera cualquier ley mordaza”, con la prohibición de declaraciones o entrevistas sobre temas que no sean estrictamente de su área, que no se convoque a ruedas de prensa, y hasta se busca delimitar qué sí y qué no deben publicar en sus redes sociales. Se mostró desilusionada por haberse dado cuenta de cómo un compromiso de campaña, como la presentación de la declaración “3de3” de los integrantes del gabinete no solamente se dejó de lado, sino que además se juzgó internamente a quien como ella decidió presentarla con el ánimo de ser transparente. De igual forma, “pasó más de un año de gobierno y la prometida paridad en el gabinete no llegó, dos secretarías de 20 cargos de primer nivel; y, además, una alta presencia de misoginia y homofobia en el día a día de la administración”. La ahora extitular de la Sedescol dijo haberse sentido incómoda por estar en un gobierno que “con el silencio tolera y se hace cómplice del atraco que se le hace a los mexicanos con los gasolinazos” y que la mínima manifestación de crítica al tema le significó una llamada de atención y una reprimenda. “Esta administración –consideró– dejó claro que prefiere evitar broncas con el gobierno federal antes que defender el interés de los ciudadanos. Y esto también quedó de manifiesto cuando desde esta administración no se alzó la voz para exigir que el gobierno de la República asumiera mayores responsabilidades ante la crisis de inseguridad que azota a Colima”. Por lo anterior, manifestó que no estaba dispuesta a dirigir “a medias una secretaría tan importante para el estado y para los sectores más vulnerables”. Hizo votos por que quien la sustituya “tenga los instrumentos y confianza del gobernador para manejar el presupuesto estatal, alguien alineado a sus intereses partidistas y que con eso no se le escatime a los programas sociales; yo ya no puedo hacerlo, porque en la medida que se acerca el proceso electoral hay más desconfianza”.