Diputado pide a Sedena abrir armería en NL para que ciudadanos se defiendan

martes, 30 de mayo de 2017
MONTERREY, NL (apro).- El diputado local independiente Ángel Barroso pidió hoy a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que abra una tienda para la venta de armas en Nuevo León, con el propósito de que los ciudadanos de la región puedan adquirir instrumentos para su defensa personal, ante la inseguridad creciente en México. En el punto de acuerdo que presentó hoy, el expanista demandó que el Congreso de Nuevo León pida al titular del Ejército, general Salvador Cienfuegos Zepeda, que gestione la apertura de una armería en instalaciones de la Séptima Zona Militar o la Cuarta región, para que los ciudadanos del norte del país puedan acceder a sus productos. La propuesta del diputado sin partido ocurre en medio de una polémica modificación al Código Penal de la entidad, que ahora permite que cualquier ciudadano pueda emplear la fuerza letal en contra de alguna persona que invada su propiedad o el sitio donde se encuentre, y en el que estén en riesgo él o las personas que lo acompañan. En la exposición de motivos, Barroso señaló que actualmente, el único expendio legal de la Dirección de Comercialización de armas y municiones de la Secretaría se encuentra en la Ciudad de México, y cualquier persona que desee adquirir alguno de estos dispositivos letales tiene que desplazarse hasta allá para cumplir con la ley. Por esa razón, dijo, es la capital del país es el estado líder con más armas registradas, seguido por Michoacán, Jalisco y Nuevo León en cuarto sitio, con 134 mil 294 armas adquiridas hasta el 2011, una cifra que ha crecido en los últimos años, dijo el legislador. La Constitución Mexicana, en su Artículo 10, señala que todos los mexicanos tienen derecho de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, precisó. Barroso Correa señaló que sería más conveniente que la Sedena llevara un registro de las armas adquiridas de manera legal, pues la falta de opciones para comprarlas, genera incertidumbre a los ciudadanos que quieren enfrentar, por sus propios medios, a la delincuencia, lo cual pueden hacer mediante compras ilegales. “La accesibilidad, con sus debidos procedimientos, para la portación legal de un arma, serían motivo importante para que la ciudadanía en el estado tuviera certeza jurídica al momento de poseer, legalmente, un arma en su casa para su seguridad y legítima defensa para él y su familia”, expuso. Al abundar sobre el tema, señaló que la violencia, con su carga de homicidios, asaltos y allanamientos, ha alterado la vida diaria de los ciudadanos en la entidad quienes, al defenderse, ponen en riesgo sus patrimonios y hasta sus vidas. “La falta de resultados de las autoridades para brindar protección a las familias ha comenzado a crear insatisfacción en la sociedad, hasta el punto en que los mismos ciudadanos tienen que defenderse por sí solos ante la ausencia de las instituciones pertinentes”, aseguró. En Nuevo León, entre el 2016 y el 2017 los delitos de secuestro y extorsión se han incrementado en un 36 y 23%, informó. Por su parte, el organismo Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó su preocupación ante la modificación del Artículo 17 del Código Penal, que permite privar de la vida a una persona que invada una propiedad pues, dijo, esta enmienda puede interpretarse como un permiso para matar. Además, expuso, los ciudadanos carecen de la capacitación adecuada para el manejo de armas, por lo que su uso para defenderse puede resultar contraproducente. “Los particulares no cuentan con la preparación necesaria sobre el uso adecuado de la fuerza, ni el entrenamiento para distinguir cuándo utilizar o dejar de utilizar un arma. Por otra parte, permitir el uso de armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros”, añadió. “Consideramos que las modificaciones, en vez de promover certeza jurídica, promoverían el uso de justicia por mano propia y el incremento de la violencia. Además, representa una amenaza hacia el concepto de presunción de inocencia, lo cual resulta contrario a los derechos humanos y al estado de derecho”, expuso el organismo presidido por la hermana Consuelo Morales.

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