La CDHEM dirige recomendación al gobierno de Morelos por la muerte de un joven en los separos de Cuernavaca

jueves, 4 de octubre de 2018
CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió una recomendación dirigida al gobierno de Cuauhtémoc Blanco por la muerte de un joven de 28 años en los separos del Mando Único en esta capital. Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado, cuando elementos del Mando Único detuvieron a Erwin Altamirano y luego “le dimos su calentadita, pero ya venía malito”, confesaron algunos de los policías. La Fiscalía General del estado intentó minimizar la golpiza que le asestaron los agentes, al asegurar que la víctima murió porque padecía de una úlcera. La detención se registró el 28 de febrero de 2017en la colonia Lomas de Cortés, en esta ciudad, supuestamente porque Erwin “había cometido presuntos hechos delictivos”. Según los policías que lo interceptaron, el joven opuso resistencia. “Presumimos que (el detenido) pudiera dedicarse al robo domiciliario, en virtud de un objeto electrónico que se le encontró en una bolsa, y además dentro de sus pertenencias personales tenía tres cigarrillos con vegetal verde, el cual presumimos (otra vez) que puede ser mariguana, y un frasco con un solvente químico”, destacó en su momento Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad. Supuestamente el detenido se convulsionó al llegar a las oficinas del Mando Único en la capital del estado. Y en aquella ocasión lo único que se informó fue que, “para cumplir con el protocolo de la ley, estos cuatro elementos policíacos de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana), adscritos al sistema de Mando Único, van a ser presentados ante el MP para esperar la necropsia y poder determinar con mucha claridad las causas de la muerte de esta persona”. Después de 20 meses de ocurridos los hechos, la CDHEM emitió una recomendación dirigida al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, para que “de manera subsidiaria se otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas y se dé seguimiento al cabal cumplimiento de la presente recomendación”. A la Comisión Estatal de Seguridad Pública le pidió cumplir con la reparación integral del daño y que ofrezca una disculpa pública en la que “se reconozca su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Erwin Altamirano y su familia”, y se impartan cursos de capacitación en derechos humanos”. En tanto, al alcalde de Cuernavaca le solicitó que “coadyuve en la investigación que proceda y se apliquen las sanciones conducentes”, se integre la carpeta de investigación número SC01/2064/2017 y, entre otros puntos, se proporcione la atención médica a las personas privadas de su libertad. A su vez, la Fiscalía deberá iniciar procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos implicados y, en su caso, iniciar la carpeta de investigación, además de acreditar de manera científica la causa de la muerte de Erwin Itzael Altamirano Delgado. De igual manera, establecer los lineamientos para la realización de las necropsias, utilizando un enfoque de derechos humanos; investigar con perspectiva de derechos humanos y resolver de manera imparcial la carpeta de investigación SC01/2064/2017, además de evitar el cambio del agente del Ministerio Público para la continuación del caso. El organismo de derechos humanos cuantificó la indemnización por “daño inmaterial” en dos millones 94 mil 920 pesos para Erwin Altamirano; un millón 309 mil 345 pesos para su hija menor; dos millones 94 mil 920 pesos para su concubina, y un millón 309 mil 345 pesos para su madre, y el mismo monto para su abuela. También determinó medidas de rehabilitación para la familia, “proporcionar la atención médica que requiera la menor hija, con carácter vitalicio”, y brindar acceso a servicios de educación “acordes a sus necesidades particulares, debiendo otorgarle a la hija una beca para continuar sus estudios, así como una preparación para el trabajo y formación profesional”. La CDHEM dio un plazo de 10 días a partir de la notificación de la recomendación para responder en cuanto a la aceptación, y un plazo igual para iniciar con la presentación de pruebas de cumplimiento de la misma.  

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