XALAPA, Ver. (apro).-Las puertas del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz se abrieron de par en par para el círculo cercano del exmandatario priista Javier Duarte de Ochoa, el lunes salió de prisión el exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, coalición, desvío de recursos e incumplimiento de un deber legal. Con una sonrisa que no podía ocultar, Audirac soslayó a la prensa: “La justicia nos hizo el favor de darnos la oportunidad de salir”. Mientras que este martes dejó la prisión, el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y exdirector de la Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García, luego de que su defensa solicitara a la Jueza de Control la revisión de medidas cautelares. “Por fin ha vuelto la justicia a Veracruz, con el cambio de gobierno nuevamente prevalece la división de poderes, hay justicia”, expresó a los reporteros Valencia. Al exdirector de la CAEV se le acusó de los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal. Al imputado le cambiaron las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, por la firma periódica ante el juzgado y no salir del distrito judicial, además de acudir al órgano jurisdiccional “las veces que así se requiera”. El exfuncionario de Javier Duarte fue señalado como presunto responsable de las irregularidades en la CAEV, durante su gestión en 2014, las cuales presuntamente ascendieron a 25 millones de pesos. En el caso de otros duartistas que han dejado la prisión, se encuentran el exdirector del DIF con Karime Macías –esposa de Duarte-, exsecretario particular del gobernador y exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib y el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, ambos dejaron la prisión, en la modalidad de “arresto domiciliario”, argumentando enfermedades que no podían ser atendidas en el reclusorio de Pacho Viejo. A Ríos Alvarado se le responsabilizó de haber ayudado a escapar a Duarte en un helicóptero que salió de Xalapa con destino a Coatzacoalcos, así como de tráfico de influencias y abuso de autoridad; en el caso de Nemi Dib se le señaló de acusado de los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio público, en perjuicio del patrimonio del Estado y por la violación a la Ley de Obras Públicas del Estado, según la carpeta de investigación 139/2017. El exgobernador interino apenas duró unas semanas en el reclusorio una vez que fue aprehendido, posteriormente tuvo vigilancia de la policía ministerial en un hospital donde pretextó “medidas de salud preocupantes”. En el caso de Nemi Dib permaneció en el área de prisiones cautelares por espacio de un año, hace apenas unas semanas, le cambiaron su situación jurídica a “arresto domiciliario” pretextando también condiciones de salud. Con la misma benevolencia y flexibilidad del juez, se encuentra la exjefa de prensa del priista, Javier Duarte, Georgina Domínguez Colio quien permanece en el área privada de un hospital público por “dolores abdominales severos” Domínguez Colio –bautizada como La Vicegobernadora en el gabinete de Javier Duarte– entró en la historia por ser la primera jefa de prensa mexicana encarcelada. Empresaria periodística, restaurantera y hotelera, ella tiene dictada la prisión preventiva de un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer un ilícito. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún la investiga por presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos. Sin embargo, desde hace quince días no ha podido regresar a la cárcel de Pacho Viejo por su situación de salud. Una situación similar podría ocurrir en próximos días, con el exfiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, pues a decir de su abogado, Arturo Nicolás Baltazar la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz lo detuvo en junio pasado en la Ciudad de México, pese a que en ese momento el hoy imputado contaba con una suspensión definitiva ante cualquier orden de aprehensión. Según Nicolás Baltazar, el juicio en contra de Bravo ha estado plagado de pifias y de irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Winckler, razón por la que el Poder Judicial de la Federación, a través de un Tribunal Colegiado de Distrito podría ordenar en breve la liberación inmediata o la modificación de medidas cautelares del exfiscal veracruzano. Por el suelo quedaron las declaraciones del actual Fiscal, Jorge Winckler quien apenas hace un par de meses presumía que el gobierno de Miguel Ángel Yunes tenía abiertas 777 carpetas de investigación contra 300 servidores públicos del gobierno anterior. Hoy en prisión sólo quedan el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Capitan Tormenta, la exdirectora de investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora, el exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González El Teniente Meza y José Oscar Sánchez Tirado, exdirector de Reinserción Social, todos ellos imputados por el delito de desaparición forzada.