CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que varias de las personas detenidas el pasado viernes 9, cuando se manifestaban en Gómez Palacio, Durango en contra del proyecto estadunidense “Chemours Laguna”, fueron torturadas por elementos policiacos. “Hubo tortura hacia los manifestantes arrestados, en algunos casos fueron incomunicados o aislados, en otros se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o traicionaran a sus compañeros de lucha, y en varios más se les hicieron firmar hojas en blanco”, destacó el organismo en un comunicado. Añadió: “En todos los casos se vulneró su derecho a la presunción de inocencia (de los detenidos) y hubo restricción y obstaculización para que pudieran comunicarse libre y personalmente con sus defensores y familiares. En términos de género, las compañeras fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos, y con la ‘macana’ presionaban por encima del pantalón su zona vaginal”. De acuerdo con la REMA, tras la violencia represiva del pasado viernes 9 en la comunidad La Aurora, perteneciente a Gómez Palacio, donde fuerzas estatales y municipales reprimieron a más de mil personas, 49 fueron arrestadas, de las cuales cinco eran menores de edad (de 13 a 17 años) y 15 mujeres; además, 10 personas tuvieron que ser hospitalizados, y una de ellas aún lucha por sobrevivir. Sobre el proyecto estadunidense, detalló que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas en la localidad “El Siete Pueblo Nuevo” de Gómez Palacio. “El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente, y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas”, advirtió. Tomando en cuenta el inminente peligro, dijo, los pobladores de distintas comunidades se manifestaron contra el proyecto, pero con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, empleó a los cuerpos policiales, quienes para reprimir la protesta hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza. Además de las agresiones directas, los antimotines allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y retuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales no participaron en la manifestación, señaló la REMA. En lo esencial, añadió, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tomados en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan. Además, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos, y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), decidieron expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social. Lo que vino enseguida fue la represión. Por lo anterior, la REMA demandó al gobierno del estado de Durango la inmediata liberación de Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz y Sanjuana Nájera, a quienes calificó de “presos políticos”. De igual manera, solicitó al gobierno municipal la inmediata revocación de los permisos otorgados al proyecto por contravenir el Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de Gómez Palacio, así como la inmediata destitución de Jaime López, director de Atención Ciudadana. Entre otras demandas al gobierno federal, los Congreso de la Unión y de Durango, y la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la REMA exigió finalmente la “salida inmediata” de Gómez Palacio y del país a la empresa “The Chemours Company.