TOLUCA, Edomex (apro).- El diputado federal con licencia David Sánchez Isidoro, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Coacalco y exalcalde de la misma demarcación, promovió un amparo para evitar su detención, derivada de la orden de consignación emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desacatar un fallo laboral. Otros 14 integrantes de los cabildos 2012-2015 y 2016-2018 también se ampararon y no podrán ser detenidos, en caso de que se libere orden de aprehensión en su contra. En contraste, 16 de los 32 exediles y exfuncionarios municipales sujetos al fallo de la Corte, enfrentarán el proceso en libertad, siempre y cuando exhiban una fianza por 5 mil pesos y se presenten cada 15 días al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Nezahualcóyotl a plasmar su firma durante el plazo que dure el juicio de vinculación a proceso. Lo anterior, como parte de las medidas cautelares dictadas por un juez federal el pasado miércoles, al celebrar la primera audiencia del procedimiento que les fue iniciado por desacato a un amparo, debido a que ambas administraciones se negaron a pagar un laudo laboral que se disparó a más de 4 millones de pesos. A decir del ministerio público, de encontrarse culpables podrían ser sentenciados a una pena que va de los 5 a los 10 años de prisión y, en el caso de Sánchez Isidoro, la inhabilitación para ocupar cargos públicos; es decir, una sentencia condenatoria le imposibilitaría participar en la contienda de ayuntamientos de este año. La defensa, por su parte, aseguró que las medidas cautelares implementadas violan los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de sus clientes. El 16 de enero pasado, la Primera Sala de la SCJN ordenó la destitución y consignación de Erwin García Castelán, alcalde en funciones de Coacalco, su cabildo y algunos funcionarios municipales; y la consignación del cabildo anterior, incluido el diputado federal con licencia, quienes se negaron a cumplir una sentencia de amparo en materia laboral que ordenaba la indemnización correspondiente por despido injustificado. La audiencia próxima se celebrará desde las 07:00 horas del martes 6 de marzo, día en que vence el plazo para que los imputados aporten las pruebas necesarias en su defensa.