TOLUCA, Edomex. (apro).- El PRD en la Legislatura mexiquense formalizó la solicitud de comparecencia del secretario de Desarrollo Social, Erick Sevilla, “para que explique la opacidad multifactorial en la que se está operando el programa Salario Rosa”. El apoyo ofertado, acusó el PRD, está llegando incompleto. Por si fuera poco, la “brigada rosa” se integra en 90% con estructuras priistas, mismas que atienden en domicilios particulares en lugar de oficinas públicas, además de que se desconoce el uso de los datos personales recabados. A través de un punto de acuerdo presentado ante el pleno, el diputado Víctor Bautista advirtió que el programa columna vertebral del actual gobernador, el priista Alfredo del Mazo “ha presentado múltiples dudas por lo sesgado de su implementación”, como lo señalan “miles de mujeres mexiquenses, de entre 18 y 59 años de edad, que se sienten engañadas por la aplicación y destino del mutimediático Salario Rosa”. El legislador indicó que existen denuncias de beneficiarias en el sentido de que les han sido depositados cien pesos menos, con el argumento de que fueron descontados para gastos operativos y administrativos del banco, o para otorgarles un seguro que nunca aceptaron y sin suscribir contrato alguno para este trámite. El programa social, afirmó, además “es un negocio de la institución bancaria”. Además, denunció que 90% de las promotoras de afiliación, identificadas como “brigadas rosas”, son militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y visitan a las ciudadanas en sus domicilios, lo que desde su punto de vista deja en claro que la intención no es implementar políticas públicas equitativas para las mujeres, sino actos de clientelismo electorero. En la actualidad, dijo, se desconoce el destino de los datos personales recabados durante la campaña del hoy mandatario –en ésta, aseguró el legislador, se pidió a las mujeres su credencial de elector y comprobante de domicilio para ser las primeras de la lista–, y hoy podrían utilizarse incluso para suplantar la identidad de las supuestas beneficiarias. Bautista López consideró que el programa, hasta ahora, “ha resultado una verdadera pifia”, pues 40 pesos diarios son una burla en nuestra realidad económica para el sostenimiento familiar. Esa cantidad, esgrimió, apenas alcanza para comprar 3 kilos de tortilla –su precio oscila entre 13 y 15 pesos–, un kilo de frijol –cuyo precio va de los 20 a los 28 pesos– o de arroz --su costo va de los 20 a los 30 pesos. “No nos engañemos, ni engañemos a la población; con el salario rosa no salen de la pobreza extrema ni tampoco de la pobreza miles de jefas de hogar”, alertó. Si la intención es apoyar con el programa a 500 mil beneficiarias durante el sexenio, indicó, apenas se alcanzará a 10% de las mujeres de entre 18 y 59 años de edad que hay en la entidad, mientras la meta de 111 mil beneficiarias este año implica sólo 3% de los 5 millones de mujeres mexiquenses en estado productivo, económico y maternal en ese rango de edad. “Fue un cálculo mal hecho como propuesta de política pública y una falta de visión a corto, mediano y largo plazos”, señaló. Adicionalmente, consideró, el gobierno estatal actúa con opacidad, pues existen declaraciones de Sevilla Montes de Oca en el sentido de que se han registrado 220 mil mujeres como aspirantes a recibir el apoyo, por lo que es necesario conocer en qué regiones y zonas viven las beneficiarias. Víctor Bautista consideró, de igual manera, que este programa es un “mal remedo” de Mujeres que Logran en Grande, del exgobernador priista Eruviel Ávila, quien a través de La Efectiva entregó 2 mil 700 pesos bimestrales; después de seis años, enfatizó el diputado, este programa demostró no solucionar las condiciones de pobreza ni mejorar la situación económica o calidad de vida de las beneficiarias. “Durante la pasada campaña electoral a la gubernatura les tendieron una trampa a miles de mujeres; se les prometió que las trabajadoras del hogar obtendrían un salario por ser amas de casa, votando por el partido del actual gobernador”, señaló. Por todas estas consideraciones, Bautista López demandó detener el programa y la comparecencia del titular de Desarrollo Social estatal para aclarar los señalamientos. “Que nos diga por qué se usan como módulos de inscripción domicilios particulares y no oficinas públicas”, planteó. Adicionalmente, propuso redireccionar esos recursos a auténticos programas productivos donde sean tangibles los apoyos a las mujeres del hogar. El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis y dictamen.