UXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La diputada Fabiola Ricci Diestel propuso al pleno del Congreso local la creación de un fondo financiero para otorgar pensión a las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas. De acuerdo con la panista, en muchos de los casos es el padre el que comete este crimen atroz, y al ser responsable va a prisión o huye de la justicia, por lo que los hijos quedan en el desamparo. Ante tal situación, es urgente que el Ejecutivo estatal, vía la Secretaría de Hacienda, instrumente un mecanismo financiero que proteja a los niños y niñas hasta que logren la mayoría de edad o terminen una carrera profesional. En el discurso ante sus homólogos, Ricci Diestel dijo que la violencia de género se refleja en la comisión de delitos que traen como consecuencia la desintegración de las familias y, por ende, el abandono de los menores de edad que, al ser víctimas u ofendidos, en muchas ocasiones quedan bajo el desamparo total, tanto familiar como económicamente. Expuso que la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal chiapaneco como feminicidio desde 2013, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas. “También sabemos que, por la naturaleza de este delito, un alto porcentaje es cometido precisamente por la propia pareja de la víctima, es decir, su esposo o concubinario”. Y precisamente a esto se refiere la iniciativa que presentó la diputada panista. “No podemos soslayar que, en la gran mayoría de casos, las víctimas de feminicidio son madres cuyos menores hijos quedan desamparados emocional, social y económicamente, más aún cuando el sujeto activo es el padre de los menores”, abundó. Esto se convierte en un problema no sólo de índole privado, sino en una preocupación de orden social y público que debe ser atendido en todos sus cauces por el Estado, lanzó. En esa tesitura, expresó, “el gobierno del estado tiene la responsabilidad de velar por la integridad de todos los chiapanecos, más tratándose de personas en estado vulnerable, como es el caso de estos niños y niñas que perdieron a su madre por este delito de odio”. Añadió: “Debemos considerar que la responsabilidad del Estado es velar por el bienestar de estos niños y niñas, y por ello propongo en este decreto que se otorgue una pensión determinada por el Ejecutivo del estado a favor de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, esto con la finalidad de coadyuvar a su desarrollo personal, social y familiar”. Se trata, pues, de brindar un piso mínimo de oportunidad a este sector de la población que ha sido afectado por la comisión de un delito, dijo Ricci Diestel, luego de lo cual detalló que Chiapas sería la primera entidad en la que se provea a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio de una protección económica a través de pensiones que les permitan subsistir. Este recurso, precisó, será de forma retroactiva para todos los hijos e hijas menores de edad, cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio desde 2013 a la fecha de su aprobación. Datos de la Fiscalía General del estado (FGE) destacan que de enero a marzo de 2017 se registraron cuatro feminicidios, y en el mismo periodo de 2018 se cometieron ocho (cuatro en marzo), dos de ellas menores de edad. La información --disponible en la página de la alerta de género, de la propia dependencia-- detalla que cinco de los ocho feminicidios se cometieron con arma blanca y dentro de casas habitación. Cinco mujeres eras amas de casa y tres analfabetas. Los datos de abril y mayo aún no están disponibles. Desde noviembre de 2016, en Chiapas se declaró una Alerta de Violencia de Género en siete municipios de la entidad, lo que obliga a los distintos gobiernos a implementar acciones urgentes para evitar la violencia feminicida en esas localidades.