TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 20 de enero (apro).- Miles de campesinos de diversas organizaciones sociales campesinas y estudiantiles marcharon este domingo con los ataúdes de los dos líderes desaparecidos, y luego encontrados ejecutados con huellas de tortura, en el municipio de Amatán, donde un grupo civil armado y policías municipales desmantelaron un campamento de resistencia en contra del alcalde Manuel de Jesús Carpio Mayorga. A lo largo de varios kilómetros, miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente, adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN), marcharon y realizaron el cortejo fúnebre con los cuerpos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez. Ambos campesinos fueron encontrados muertos con huellas de tortura, en el basurero municipal de Amatán, casi 48 horas después de que un grupo armado y uniformados estatales y municipales atacaron los campamentos de resistencia civil contra el alcalde. Hoy, sus amigos, familiares y compañeros de lucha, exigieron al gobierno federal que atraiga las investigaciones y que no permita que el gobierno estatal meta mano en ellas porque existen políticos locales implicados de forma directa, como el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, exlíder estatal del PVEM, quien permitió que los hermanos Carpio Mayorga, mantuvieran su cacicazgo político local, ahora bajo el cobijo de Morena. Jesús Gutiérrez Valencia acusó que el crimen de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, ocurrió pese a que 31 personas de ese municipio ya estaban bajo el monitoreo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y su Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sabían de lo que estaba pasando en esa localidad. Que negaron cualquier incursión armada del jueves en la madrugada, y negaron que hubiera heridos y desaparecidos. Y sólo empezaron a reaccionar hasta que fueron encontrados los cuerpos de dos de los líderes del movimiento de resistencia civil. “Venimos hasta acá a Tuxtla, a marchar con sus cuerpos y exhibirlos acá frente a las puertas de Palacio de Gobierno, que acá está lo que tanto negaron, la existencia de grupos paramilitares y los muertos que no quieren ver ni que nadie vea que pasa a diario en Chiapas”, dijo Gutiérrez Valencia, vocero de la MOCRI-CNPA-MN. Aunado a la muerte de estas dos personas, se suma la del pasado 23 de noviembre, Carlos Guerrero Mayorga, quien participaba en el movimiento de resistencia civil y fue ejecutado a tiros por los mismos hombres armados y policías municipales al mando del alcalde Manuel de Jesús Carpio Mayorga. Que también se encuentra en riesgo la vida y la seguridad del párroco de Amatán, José Domínguez Domínguez, a quien ya en dos ocasiones han intentado sacarlo de su casa parroquial para llevarlo y asesinarlo. Acusó que el gobierno estatal es cómplice de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Jiménez Pablo y su compañero de lucha, Gómez Álvarez. Y que en todo momento el gobierno estatal negó los hechos y fue omiso en su papel de investigador, pues siempre protegió al alcalde y sus grupo civil armado. El abogado Leonel Rivero, asesor jurídico y defensor de la CNPA-MN, denunció que en la región hay una simbiosis entre crimen organizado y autoridades locales, y lo que estaba en juego no era sólo el poder político municipal de Amatán, sino el control del territorio por un grupo criminal que opera en la zona y que eso lo sabe la federación. “Encubrieron lo que era evidente, desde las 2:30 de la mañana del mismo jueves notifiqué al Subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz, de lo que ahí estaba pasando, les explicamos lo que estaba pasando y la fuerza pública llegó hasta las 18 horas del jueves. Se les dijo que había personas desaparecidas. Y la respuesta fue negativa. Que no pasó nada”, dijo Rivero. “En una versión oficial propia del gobierno estatal sobre ese operativo, el propio alcalde Carpio Mayorga, agradecía al gobierno estatal su intervención para recuperar la presidencia municipal, lo que hace evidente la complicidad del gobierno estatal en ese operativo. Y así las muertes de Noé Jiménez y José Santiago Gómez, desaparecidos tras ese operativo del jueves por la mañana, son a todas luces una ejecución extrajudicial, pues no tuvieron derecho a un juicio justo y fueron asesinados de manera sumaria”, agregó. Rivero dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República ya atrajeron el caso, pues no puede ser investigado por Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado, pues en junio del 2001 el mismo como ministerio público detuvo, torturó y mantuvo preso al propio Jiménez Pablo, lo que le valió una recomendación de la CNDH. Francisco Jiménez Pablo, hermano de Noé expuso que lo que pasa en Chiapas es una descomposición política social, donde MORENA, que se dice al Cuarta Transformación, ha encubierto a caciques políticos locales vinculados al crimen organizado. Responsabilizó a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, y su Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, “pues no han tenido hasta ahora la voluntad de resolver los conflictos sociales, y pese a que se le han exhibido pruebas de la operación de grupos civiles armados, encubiertos por policías estatales y municipales, estos siguen operando con total impunidad y asesinando personas a toda hora del día”. Dijo que estos hechos no están aislados de lo que pasó con el activista Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga el pasado 3 de enero, quien también fue asesinado a tiros, y que lo que ve es una política orquestada para eliminar a todas las voces críticas y disidentes. Y que el gobierno no debe dejar de investigar también todo lo que pasa en otros municipios del estado como Yajalón, Chilón, El Bosque, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Chenalhó y otros donde operan grupos civiles armados. Dijo que su hermano era un luchador social, un activista, un defensor de los derechos políticos y sociales de la colectividad, y que no representaba una amenaza para el Estado, pues ellos siempre buscaron el diálogo y la negociación, pero el gobierno estatal y municipal de Amatán, optaron por la violencia y la sangre. Muchas organizaciones sociales y civiles han salido a condenar estos asesinatos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quienes dijeron que Noé Jiménez también era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, que junto con el MOCRI – CNPA MN, apoyaban al Consejo Indígena y Popular de Amatán. Que desde hace 5 meses se mantenían en plantón frente al palacio municipal para denunciar abusos del ayuntamiento municipal, el uso de grupos armados, el saqueo de las arcas municipales, así como los vínculos con la delincuencia organizada que tienen los Carpio Mayorga desde el ayuntamiento. Según testimonios con los que cuenta el Frayba, Amatán es un paso estratégico de trasiego de droga y armas por su frontera con Tabasco, es un corredor conformado por los municipios de Bochil, Simojovel, Pueblo Nuevo y Huitiupán, en donde los grupos armados están vinculados a caciques del lugar, que a su vez se encuentran ligados o protegidos por las autoridades municipales y policías, para el control económico y político de la región. La omisión que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas mantiene con caciques, así como la actuación impune de grupos armados en varias zonas ha generado un desborde de violencia en diferentes municipios de Chiapas, generando temor a la población en general y alto riesgo a la labor que ejercemos periodistas, comunicadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Frayba condenó el asesinato de Noé Jiménez Pablo y solicita de manera urgente al Estado mexicano: una investigación expedita que lleve al castigo de los autores materiales e intelectuales, así como se garantice la integridad y seguridad de los pobladores de Amatán, de los integrantes Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, que junto con el MOCRI – CNPA MN, apoyan al Consejo Indígena y Popular de Amatán. Recordó al Estado mexicano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varias ocasiones ha manifestado su preocupación por los asesinatos y las amenazas hacia las y los defensores de los derechos de los pueblos; además la misma CIDH hace hincapié en la grave impunidad, en la mayoría de los casos los autores intelectuales y materiales gozan de completa protección.