AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La Fiscalía de Aguascalientes buscará instalar una comisión especial e independiente enfocada en psicología, para investigar los daños que aún persisten en las 19 víctimas de tortura integradas a la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se señala como posibles responsables de los hechos al entonces procurador del estado Felipe Muñoz Vázquez -actual subdelegado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR)-  y a una veintena de autoridades operativas de la extinta Procuraduría General del Estado. En la recomendación, que narra detenciones arbitrarias ocurridas entre 2011 y 2012, se solicita a la Fiscalía de Aguascalientes llevar a cabo diversas acciones en favor de las personas afectadas, algunas de las cuales permanecen en prisión por delitos que aseguran no cometieron. Por el momento, se comenzó con la aplicación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -mejor conocido como Protocolo de Estambul- a dos de las 19 víctimas. Y se envió un oficio para inscribir a todos los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Aunque Muñoz Vázquez obtuvo un amparo federal alegando la violación a sus derechos humanos tras la publicación de la recomendación, y se protegió de cualquier investigación en su contra derivada de la denuncia penal anunciada por la CNDH; esta no ha sido presentada ante la Fiscalía de Aguascalientes y el amparo no detiene las acciones para la reparación del daño a las personas afectadas, explicó en entrevista con Apro Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado. “(Penalmente) no podemos hacer nada porque no tenemos la investigación en curso a falta de la denuncia. Estamos ahorita presupuestando para la adquisición de cámaras para los operativos que tenemos que hacer, ya se están llevando a cabo los cursos de capacitación para los agentes investigadores, ya enviamos el oficio para que se incorpore a las víctimas en el Registro Nacional y ya tenemos identificadas a las 19 víctimas, por lo que estamos iniciando con los Protocolos de Estambul para saber cuáles son las situaciones que aún persisten, debido que son casos de hace 7 y 8 años”, dijo. Detalló que se busca la incorporación de un equipo especial “porque es un caso especial, porque viene de una recomendación a nivel nacional. Estamos queriendo adelantarnos a través de esta comisión que en el tema de psicología tenga especialistas independientes que se encarguen de dar cumplimiento a ese punto de la recomendación, pero no sabemos aún de dónde sacaremos el presupuesto necesario”. Investigaciones en curso Por otro lado, hay nueve denuncias penales de personas que aseguran haber sufrido agresiones y golpizas por parte de Muñoz Vázquez y otros elementos ministeriales que no fueron tomadas en cuenta en la investigación de la CNDH. Las investigaciones por dichas querellas no han sido detenidas y siguen su curso normal, confirmó Figueroa Ortega, sin detallar en cuántos de estos casos se culpa directamente al exprocurador de Aguascalientes. A quienes han pedido su renuncia -debido a que entre 2011 y 2012 Figueroa Ortega se desempeñó como juez quinto de lo penal y emitió al menos tres órdenes de aprehensión en contra de presuntas víctimas- el fiscal respondió que existen instrumentos legales para investigarlo. “Tienen derecho a expresarse y hay medios legales, que contraten a un abogado y vean la forma de que si tengo que renunciar y salir de aquí, se trate de un asunto legal. Mi función es respetar su libertad de expresión”, declaró. Durante los últimos 14 meses, aproximadamente 30 trabajadores operativos de la Fiscalía de Aguascalientes han sido dados de baja principalmente por pérdida de confianza. Sin embargo, aún se encuentran en activo entre 5 y 6 de los elementos acusados de tortura por la CNDH.