CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ciudadanos inconformes con la instalación de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su compromiso de enviar expertos a la región para “investigar el conflicto de rechazo social” contra la empresa transnacional, al ponerse en riesgo el flujo de agua para los habitantes de la ciudad fronteriza. En un comunicado, el movimiento Plebiscito por el Agua de Baja California, recordó que el 26 de marzo pasado, antes de que López Obrador iniciara una gira por San Luis Río Colorado, Sonora, habitantes de Mexicali, ciudad donde aterrizó, manifestaron su rechazo a la instalación de la cervecera. “Ante la presión social, López Obrador declaró en un acto público que enviaría a una comisión para hacer una investigación y realizar un dictamen respecto del problema del agua y el conflicto con Constellation Brands y que se defenderían los recursos naturales”, destacaron los integrantes del movimiento social. En su evento político, López Obrador dijo: “Antes que nada está el agua, están los alimentos, está la vida”. La promesa que hizo el presidente el 26 de marzo es compatible con el que hizo el director general de Delegaciones en la Secretaría de Gobernación, Vladimir Martínez Ruiz, a un grupo de manifestantes del movimiento ciudadano de Mexicali, que en la primera quincena de marzo se instaló frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional. De acuerdo al pronunciamiento, el funcionario “les aseguró a los manifestantes que enviaría una comisión a investigar sobre el conflicto social contra la cervecera”, pero hasta la fecha no hay noticias de que haya llegado la comisión de investigación comprometida por el presidente y el funcionario de Gobernación. La solicitud de intervención presidencial ocurre después de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) no ha acatado una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) que le ordena realizar un nuevo dictamen sobre la viabilidad de realizar un plebiscito sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa transnacional y aprobada por el gobierno del estado para la instalación de Constellation Brands, que pondría en riesgo la distribución de agua para más de un millón de habitantes. Los inconformes recordaron que el plebiscito fue solicitado desde noviembre de 2018 al IEE a través de 18 mil firmas, que cuestionan la autorización de la MIA por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, convencidos de que “la entrega de agua pertenece a las y los bajacalifornianos”. Sin embargo, el 4 de marzo pasado, en una votación de cinco contra uno, el consejo del IEE determinó improcedente el plebiscito al considerar “la no trascendencia para la vida pública” la serie de argumentos presentados por los ciudadanos que conforman el Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California. De acuerdo a la determinación de los consejeros electorales, “la aprobación de la MIA de la cervecera no se puede someter a plebiscito, ya que es un acto administrativo y no un ‘acto de política pública’, argumentando que no está expresando en la Ley de Participación Ciudadana”. Al ser impugnada la resolución, el 17 de abril el TJEBC revocó el dictamen del IEE al considerar que “no justificó técnica y científicamente su declaración de no trascendencia para la vida pública del ejercicio ciudadano”, ordenando un nuevo dictamen que no ha sido elaborado aún. Los inconformes con la cervecera explicaron que también solicitaron a la Secretaría de Protección al Ambiente estatal que “haga valer la cláusula que menciona, en la Resolución Administrativa en favor de la cervecera CB, que si hay rechazo social hacia Constellation Brands, se revocarían los permisos concedidos para su instalación”. La preocupación de los integrantes del colectivo se agrava ante el panorama de sequía que se agudiza en la región, y las medidas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las que a partir de 2020 “se aplicaría un recorte de agua a la Ciudad de Mexicali y su valle, que también surte de agua a Tijuana”. La disminución de agua procedente del Río Colorado está estipulada en un acuerdo binacional firmado en 1944, que establece que “en caso de sequía extraordinaria en Estados Unidos, este país aplicará a México una necesaria reducción de agua” procedente de ese afluente que surte a los estados de California, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming. Ante el complicado panorama, el Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California urgió a la intervención presidencial, al IEEBC a que realicé un nuevo dictamen sobre la solicitud ciudadana, así como a la Secretaría de Protección al Ambiente estatal, le requirió hacer valer la cláusula por la que revocaría los permisos a la cervecera “si hay rechazo social” a su instalación. Los inconformes con la privatización del agua del Valle de Mexicali, exigieron a los tres niveles de gobierno “apliquen medidas de contingencia ante la declarada sequía en la región, misma que sólo ha sido fijadas convenientemente por el gobierno norteamericano y que ninguna autoridad responsable en México ha atendido y no se conoce que se haya tomado en cuenta esta situación alarmante”.