MONTERREY (apro).- Los residentes del Ejido El Carrizo, en el municipio rural de Los Ramones, no pueden olvidar los estragos que provocó en sus casas la extracción de gas shale a través del método del fracking.

La fractura hidráulica en el subsuelo practicada hace unos seis años en estas latitudes, ocasionó cuarteaduras en sus viviendas. Las grietas todavía se ven en las casas alrededor de la plaza principal.

En esas calles sin nombre, los domicilios sin número presentan las fisuras que ocasionaron los reacomodos de la tierra ocasionados por la inyección de millones de litros para romper las piedras denominadas lutitas, de las que se extrae el combustible. Los violentos movimientos sísmicos provocaron, en algunos, espanto y temor.

Minerva González Morales recuerda con agonía aquellos días: “Todo dentro de la casa se movía, como si se nos fuera a caer. Las paredes se cuartearon y luego nade vino a reparar nada. Nadie dijo ni una palabra”.

Ahora, un grupo de activistas abrió la puerta para que el gobierno de México indemnice a los afectados por los daños que ha ocasionado la explotación del fracking en Nuevo León.

El secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que firmaron Canadá, Estados Unidos y México, como parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) aceptó, el pasado 8 de mayo, la petición de investigación mediante la que los quejosos mexicanos alegan que el gobierno federal mexicano violó la legislación en materia ecológica, cuando Petróleos Mexicanos aplicó el método de extracción de combustible a través de la fracturación hidráulica.

La instancia, que recibe quejas de ciudadanos que alegan incumplimiento de sus países de la legislación ambiental, señala que hay materia para que se apliquen disposiciones debido a la responsabilidad por daños al medio ambiente, calidad del agua y por el impacto ambiental. Piden el restablecimiento de medidas de seguridad

El biólogo Antonio Hernández, activista que asesora a los inconformes, señala que el reconocimiento del organismo trilateral ayudará a que, en lo inmediato, el gobierno mexicano responda los señalamientos que se les han presentado por las afectaciones que ocasión esta práctica que se ha mantenido, permanentemente, en la opacidad.

Ahora, con el respaldo de la posible recomendación de la CCA puede iniciar un proceso jurídico mediante el cual Pemex repare los daños a los propietarios de inmuebles que fueron afectados por las prácticas de la fracturación, pues nadie se responsabilizó por aquellos estropicios ocasionados en por lo menos 45 casas tan solo de Los Ramones, 80 kilómetros al nororiente de la capital.

“Lo que se está buscando es contar con información para demandar al gobierno mexicano la reparación del daño. Estamos pensando en Petróleos Mexicanos, que fue la que operó los pozos oficialmente y a la Comisión Nacional del Agua, porque no hay reconocimiento del daño que se ha causado”.

“Nuestra expectativa es que la información que presente el gobierno mexicano a la CCA nos permita ir sustentando responsabilidades en los daños que se tienen identificados, para impulsar la restauración reparación o compensación”, explica Hernández.

Esta petición aceptada es histórica y puede ser trascendente, agrega, pues la mayoría son rechazadas. Si se acepta ésta puede ser usada por otras comunidades mexicanas que pidan compensaciones similares.

Una larga demanda de justicia

En el 2013, cuando iniciaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, se sintieron en Nuevo León los primeros efectos de la explotación del gas shale. El estado no es zona sísmica, por lo que los habitantes del área metropolitana se alarmaron al sentir movimientos trepidatorios sin precedentes.

Nunca antes había temblado en Monterrey.

Las causas eran la explotación del gas shale que efectuaba Pemex en el corredor que hay entre monterrey y Reynosa, Tamaulipas, dentro de la zona denominada Cuenca de Burgos, uno de los yacimientos gasíferos más ricos que México comparte con Texas.

El energético se extrae del yacimiento no convencional mediante la inyección de grandes cantidades de agua, mezcladas con materiales tóxicos, explosivos y radiactivos que, al entrar en el subsuelo se esparcen sin control y contaminan los mantos acuíferos. El volumen del líquido inyectado por perforación es equivalente a unas 8 albercas olímpicas. El efecto rompe las piedras llamadas lutitas, de las que se libera el gas, lo que, colateralmente, provoca temblores.

Uno de los municipios más afectados fue Los Ramones, con unos 10 mil habitantes, distribuidos en 34 poblados y rancherías. A 7 kilómetros de ahí se encuentra el Pozo Tangram 1, que fue uno de los más activos cuando iniciaron las exploraciones.

En el 2014, funcionarios de Pemex se reunieron con los vecinos intranquilos para decirles que la explotación de gas subterráneo no era la causa de los daños a sus casas. El gobernador priista de entonces, Rodrigo Medina, eludió el tema de manera permanente, y no defendió los intereses de los afectados ante la empresa federal.

Desde entonces activistas han intentado hacer que el gobierno de la República se responsabilice por los daños que ocasionaron las actividades exploratorias en los pozos abiertos.

Hernández Ramírez, quien integra la Alianza Mexicana contra el Fracking, se reunió con vecinos de Los Ramones y los asesoró, junto con abogados, para presentar, el 3 de octubre del 2018 una queja, en la que señala:

“El gobierno mexicano está omitiendo la legislación efectiva en lo concerniente de la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica llevadas a cabo en la comunidad Hacienda El Carrizo, de Los Ramones, Nuevo León”.

Debido a la prolijidad que se pide en la petición, el Secretariado rechazó la solicitud, que fue repuesta el 21 de febrero del 2019 y aceptada el 8 de mayo, como la petición SEM-18-003. En ella, señalan que la autorización del fracking en el municipio “ilustra” la violación a la ley ambiental mexicana, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no hizo que Pemex cumpliera con el requisito de realizar una manifestación de impacto ambiental o, si esta fue celebrada, no vigiló que se cumplieran las acciones de mitigación correspondientes.

Precisan que en los pozos Tangram 1 y Nerita 1, se hicieron perforaciones de más de 4 mil metros de profundidad.

“Las actividades de ambos pozos produjeron sismicidad inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al agua, el medio ambiente y la agricultura en la comunidad de la Hacienda El Carrizo, municipio Los Ramones, Nuevo León”, denuncian.

Además, alegan que debido a la enorme cantidad de agua demandada por la fracturación, “empezaron a notar que los pozos domésticos se secaban; que la sequía se prolongaba más de lo habitual; que ya no era posible sembrar los distintos productos que solían cultivarse en la zona, ni tampoco dar de beber a los animales”.

“Que el agua en muchos de los pozos estaba ‘claramente contaminada, con un olor fétido que hace imposible que la podamos consumir’; en resumen, que el agua que se extrae de los pozos domésticos de la comunidad Hacienda El Carrizo, en el municipio Los Ramones, ya no puede consumirse”.

Una de las violaciones principales fue a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que en su Artículo 15 habla de la reparación de daños derivados de una obra que afecta el medio ambiente.

La CCA aceptó la demanda después de que los peticionarios comprobaran documentalmente que recurrieron, previamente, a todas las instancias correspondientes en México, como Semarnat, Comisión Nacional del Agua, servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Agencia nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (Asea). De ninguna obtuvieron alguna respuesta significativa.

El Secretariado confirma que la petición no se basa únicamente en denuncias de los medios de comunicación, si no en los hechos expuestos, lo que se puede verificar en la información presentada en anexos.

En la parte final de la respuesta, denominada “Determinación”, la Comisión de Cooperación Ambiental considera que la petición cumple con requisitos de admisibilidad y requiere una respuesta del Gobierno Mexicano, que tiene hasta el 31 de julio para responder.

Firman, por parte de la CCA Roberto Moyer, titular de la Unidad SEM (proceso de aplicación de legislación ambiental, por sus siglas en inglés) y Paolo Solano, oficial jurídico de la Unidad SEM.

El pasado 16 de julio, Hernández Ramírez acudió a Los Ramones y se entrevistó con algunos de los afectados que respaldaron la petición, aunque pidieron omitir sus nombres en los documentos públicos. Ahí les explicó los avances que se han conseguido en la demanda, aunque les aclaró que todavía no puede hablarse de reparación de daño, pues la batalla jurídica no alcanzado ni la mitad del proceso.

Les aclaró que la CCA da recomendaciones, no sanciones.

También se dio espacio para recorrer algunas de las casas afectadas, como la de la señora Elisa, que tiene la lavadora en la recámara y exprime la ropa mientras muestra las fisuras que le dejaron en las paredes los antiguos temblores.

Otra señora saca el mal humor cuando el activista le explica los avances de la demanda. “¿Ya qué? Nunca vinieron a remediar nada. Muchos reportajes, muchas palabras, pero no nos arreglaron aquí”, dice en actitud de rechazo.

En entrevista, Hernández Ramírez explica que la aceptación del caso puede ser considerada una pequeña victoria en la batalla que los vecinos han emprendido contra el monstruo burocrático que los ha ignorado por años.

“Iniciamos el proceso por la cerrazón del gobierno mexicano a abrir la información relativa a la fractura hidráulica en el país. Si buscamos información en la Secretaría de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no vas a encontrar monitoreos de calidad del agua o por la responsabilidad que tienen en la sismicidad inducida por los pozos”, dice.

Pero más importante es que un órgano internacional señale que, si hay daños, le corresponde al gobierno de México restaurarlos y mitigarlos, proceso que actualmente no ocurre.

“Debe ser una institución al gobierno federal, pero que el mismo gobierno le reconozca su competencia y que pueda cuestionarle y pedirle información en nombre de los vecinos afectados. Al final, como grupo de trabajo, estamos buscando quién se debe hacer responsable de los daños”, señala.

Comenta, el biólogo, que en otros municipios de Nuevo León cercanos a Los Ramones, como Cerralvo, Ocampo, Doctor Coss, General Terán y China, también hay casas fracturadas.

Por lo menos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas no se sabe que existan demandas por daños ocasionados por el fracking, concluye. .