GUANAJUATO, Gto., (apro).- Académicos y especialistas en justicia y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM respaldaron, mediante el recurso Amicus Curiae, un amparo interpuesto por el colectivo #FiscalíaQueSirva en su capítulo local, para impugnar el proceso de designación del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. El amparo indirecto 220/2019-V del colectivo fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, a cargo de la jueza Gabriela Almazán Hernández, instancia que recibió también el Amicus Curiae (Amigos de la Corte), coordinado por el doctor Daniel Vázquez, “para contribuir a la reflexión que realizará la Jueza…en el proceso de amparo que cuestiona esta forma de designación del Fiscal”, dio a conocer el grupo de especialistas. Los juristas participantes de este recurso expusieron que la reforma constitucional del 2014, que transformó a las procuradurías de la república y de los 32 estados en fiscalías generales, tenía como principal objetivo refundarlas. El propósito era “constituir órganos de autonomía política, con capacidades técnicas y sin estructuras burocráticas y corruptas que corroen cualquier posibilidad de justicia en México. Uno de los procesos para este cambio, sin duda, es el de designación de altas autoridades del sistema de justicia, como los Fiscales Generales”. Sin embargo, esta refundación “no está sucediendo”. Esto se repite en el gobierno federal y en los 32 estados, por lo que, ante el amparo admitido por la justicia federal en el caso de Guanajuato, éste puede ser paradigmático e incluso, por ser un caso de litigio estratégico, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o generar tesis jurisprudenciales que puedan ser replicadas en el tema para otros estados. La opinión técnica se enfoca en la omisión de la participación de la sociedad civil como garantía de independencia en el proceso de selección de los fiscales, siguiendo los principios del parlamento abierto, uno de los puntos considerados en el amparo indirecto que presentó el colectivo en contra del denominado “pase automático” que aprobó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el proceso de designación del Fiscal General de Guanajuato. Este punto permitió que posteriormente, con el voto mayoritario del Congreso (en el cual el PAN tiene mayoría), el 20 de febrero pasado el entonces procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre pudiera convertirse en el fiscal general del estado. Zamarripa Aguirre ya había sido procurador de justicia por casi 10 años, y al asumir la titularidad de la fiscalía general, quedó al frente de la procuración de justicia en el gobierno de Guanajuato por otros nueve años. El nombramiento del exprocurador de Guanajuato como fiscal general, exponen los especialistas de la UNAM, contraviene los parámetros y garantías debidas para este tipo de designaciones que buscan fortalecer la autonomía institucional”. “¿Cómo se puede desarrollar la autonomía política de una fiscalía recién creada, si la persona a cargo es la misma que previamente había sido designada por el gobernador en turno?”, cuestionaron, al dar a conocer la presentación del recurso Amicus curiae, en referencia a la ratificación que del ex procurador había hecho el actual gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sobre todo, observaron que el proceso de designación no estableció un mecanismo de participación ciudadana con prácticas de parlamento abierto por parte de la Legislatura local. “La participación ciudadana es un mecanismo para garantizar autonomía política y evitar, por ejemplo, que una fiscalía sea encabezada por alguien incondicional del gobernador en turno”, resaltaron. En la exposición inicial del documento –del cual Apro tiene copia- los juristas firmantes expresaron: “En particular nos preocupa que en el actual marco normativo para designar al o a la Fiscal General de Guanajuato no existe un procedimiento aprobado por el congreso local para garantizar la intervención de la sociedad civil, siguiendo los estándares internacionales y las buenas prácticas a fin de garantizar la autonomía del o de la Fiscal”. Así, señalan, “en la medida que estas prácticas institucionales no existan, no tendremos las garantías mínimas que sean el punto de partida para contar con un fiscal autónomo, ni en el caso del fiscal actualmente nombrado, ni de ningún nombramiento futuro. La falta de autonomía del fiscal tiene una relación directa e inmediata con la politización de la justicia, la impunidad y la perpetuación del crimen y de las violaciones graves a derechos humanos”.