MORELIA, Mich. (apro).- Cientos de zapatos rojos fueron colocados este lunes frente a palacio de gobierno y en las inmediaciones de la fuente de Las Tarascas, en esta ciudad, para exigir justicia por el asesinato de Jessica González Villaseñor y un alto a la violencia contra las mujeres.

"Cada par de zapatos es el reflejo de cada mujer que no regresó a su casa porque fue asesinada", señalaron familiares de la joven.

Jessica fue hallada sin vida el 25 de septiembre de 2020 en esta capital. Diego Urik “N” fue señalado por la familia como el presunto feminicida.

En días pasados, familiares y amigos plagaron las redes sociales con la etiqueta “Diego Mendoza Declara”, para exigir que el sujeto con quien se vio a la víctima por última vez, el 21 de septiembre, rinda cuentas ante la justicia. Ha sido tal la presión, que el hombre retiró su perfil de Facebook.

Jessica era la menor de tres hermanos, la única mujer de la familia y “muy buena persona con toda la gente, amable y amorosa”, afirmó su hermano, Cristo Adán, quien la cuidaba todo el tiempo. “Iba por ella, le marcaba, veía dónde andaba”, pero la última vez que la vio ella dijo que iba a tomar café con un amigo.

Una “pena ejemplar” aplicada al presunto responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor sería una muestra de la voluntad de las autoridades competentes por efectivamente combatir la agresión contra las mujeres. Enviaría un mensaje claro y contundente de oposición a este flagelo, subrayó Cristo Adán.

Luego de la instalación de decenas de pares de zapatos rojos, en demanda de justicia para Jessica González y las víctimas de feminicidio en Michoacán, el hermano de la víctima destacó que la imposición de una pena corporal al presunto responsable del feminicidio de Jessica “no nos devolverá a mi hermana, ni nos quitará el dolor por su pérdida, no habrá para nosotros una justicia justa”.

Precisó que este martes 2 se realizará la audiencia en la que supuestamente vencía el término para ampliar las pruebas de ambas partes. Sin embargo, la Fiscalía General del estado solicitará un término de dos meses para recabar nuevas pruebas.