CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que las constantes visitas de secretarios de Estado a la entidad podrían configurar delitos electorales, y pidió a los 10 millones de ciudadanos mexiquenses que no vendan su voto a cambio de una dádiva. Los funcionarios públicos “juegan con la pobreza de la gente y le quitan su libertad y dignidad”, subrayó. Al sumarse a la iniciativa “Ni un Fraude Más”, promovida por Observatorio Ciudadano para que se denuncie la “desbordada intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral” del Estado de México, la candidata de Morena soltó: “Es tiempo de que los ciudadanos exijan lo que les corresponde. Lo que quiere la gente es ser escuchada y atendida, no quiere una política de ocurrencias”. La iniciativa también fue signada por intelectuales, académicos y politólogos como John Ackerman, Lorenzo Meyer, Epigmenio Ibarra, Araceli Damián, Manuel Fuentes, Eréndira Sandoval, Jaime Cárdenas, Fabrizio Mejía y Miguel Torruco, entre otros. Sobre la visita de funcionarios públicos al Estado de México en época electoral, Meyer comentó que la intencionalidad política es evidente y con ello violarían flagrantemente el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Mexicana. “Estos actos también podrían configurar delitos electorales”, apuntó. De acuerdo con Epigmenio Ibarra, todo parece indicar que el PRI está dispuesto a imponer como gobernador al primo del presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo Del Mazo Maza, quien también es hijo y nieto de exmandatarios de la entidad. En un comunicado, Observatorio Ciudadano precisó que el Estado de México cuenta con el Padrón Electoral más grande del país, por lo que más de 10 millones de personas están convocadas para emitir su voto el próximo domingo 4 de junio para elegir gobernador. "Todas las encuestas demuestran un escenario complicado para el Revolucionario Institucional, que ha gobernado este estado desde hace 88 años, sin alternancia alguna, desde la creación del Partido Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calles, en el año 1929", indicó Ackerman al leer el texto. Y precisamente por esta situación, añadió, en los últimos meses el presidente Enrique Peña Nieto, casi una docena de secretarios de Estado y hasta la esposa del Ejecutivo, Angélica Rivera, han encabezado más de 100 actos públicos junto con el gobernador Eruviel Ávila. En esos actos se distribuyen dádivas y servicios de los gobiernos federal y locales. Y los medios de comunicación nacionales han documentado que frecuentemente se solicita la credencial de elector de los ciudadanos para que puedan recibir la dádiva o el servicio gubernamental correspondiente, señaló. Según el texto, la semana pasada el Congreso del Estado de México votó para que ese tipo de actos políticos continúen durante el proceso electoral actualmente en curso. La desbordada intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral también prefigura la alta probabilidad de que se desarrollaría un masivo operativo de compra, coacción y acarreo de votantes el día de la elección, tal como ha ocurrido en elecciones pasadas, resaltó. De igual manera, sostuvo que el Estado de México es hoy la entidad federativa con el mayor índice delictivo y la más alta frecuencia de feminicidios y actos de corrupción, si contar la pobreza y la baja cobertura hospitalaria y educativa. En suma, destacó, todo parece indicar que el PRI está dispuesto a imponer “haiga sido como haiga sido” a Alfredo del Mazo Maza. Ante este escenario, tanto Morena como el Partido Acción Nacional han presentado denuncias en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). "Sin embargo, tanto el INE como la Fepade, y también el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, insisten en hacerse de la vista gorda frente a prácticas evidentemente violatorias a las leyes, las normas y los principios electorales mexicanos", apuntó Observatorio Ciudadano. Y advirtió que frente a la inacción de las autoridades correspondientes, que implica la abdicación de su responsabilidad de garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, "los ciudadanos nos vemos obligados a suplir las instituciones públicas para defender directamente el ejercicio de la democracia en la entidad federativa más poblada de la República". Ackerman remató: “Los ciudadanos decimos ¡ya basta!”. Y puso a disposición de la ciudadanía –en Facebook y Twitter– las cuentas de la iniciativa "Ni Un Fraude Más", para que denuncien las irregularidades.