MÉXICO, D.F. (Proceso).- Se inicia un sexenio y se impone la tarea de evaluar lo que se hereda y reflexionar sobre lo que sigue. ¿Cuál es la imagen de México en el mundo? ¿Qué avances o retrocesos se advierten en las percepciones sobre su papel en la vida internacional? ¿Es un poder emergente? Hay muchos ángulos desde los que se puede responder a esas preguntas. El más inmediato es buscar lo que dicen las encuestas en el país de mayor peso para la vida de México, Estados Unidos. Allí, el deterioro de la imagen de México –producto de la amplia cobertura de los medios de comunicación sobre el tema de las drogas y la violencia– difícilmente podría ser peor. Por ejemplo, los resultados de la encuesta levantada en línea por la empresa de investigación Vianovo en octubre de 2012 son desalentadores. México es percibido por los entrevistados como una economía menos moderna que Brasil, y como una nación donde la gente se siente más insegura que en El Salvador. Al preguntar por qué se sentían inseguros, el 72% contestó que por cárteles de la droga, crímenes y violencia. La primera palabra que venía a su mente al mencionar a México era “drogas” (45%), y en segundo lugar, “pobreza” (16%). Desde otro ángulo, la imagen de México está vinculada a la opinión que tengan las élites políticas o académicas sobre el papel del país en la política internacional del siglo XXI. Interesa saber si se trata de un país con influencia regional; si está comprometido con mecanismos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; si contribuye a la solución de los problemas globales. La respuesta a esas interrogantes permitirá concluir sobre la existencia, o no, de posibilidades para afianzar la posición del país como un poder emergente. Al hacer la comparación con otros países considerados poderes emergentes, como lo es Brasil, México aparece rezagado. Por su dimensión territorial, densidad demográfica o participación en la economía internacional, debería ser un poder emergente; no lo es. Diversas condiciones contribuyen a poner en duda su pertenencia a esa categoría. La primera es la debilidad de su influencia regional. A pesar del discurso que se refiere a la amistad con el resto de América Latina, el hecho es que México no tiene una presencia fuerte en la región; esto es particularmente notorio cuando se piensa en Centroamérica. Las relaciones de México con Centroamérica tardaron en ser una prioridad para la diplomacia mexicana del siglo XX. Fue a finales de los años 60 cuando por primera vez un presidente mexicano emprendió una gira por los países del Istmo. Más tarde, a comienzos de la década de los 80, el llamado Grupo Contadora inició una etapa de activa participación para poner fin a conflictos armados y propiciar un cambio político en la región. En gran medida se tuvo éxito; para probarlo, allí están los acuerdos para la paz en El Salvador o los acuerdos sobre Guatemala de 1996. En los años que siguieron, la atención hacia Centroamérica se desvaneció y la región regresó a ocupar un lugar secundario en la política exterior mexicana. Se mantuvieron programas de cooperación, tanto con los gobiernos del PRI como con los del PAN, pero no tuvieron ni la dimensión ni el apoyo necesarios para dejar huella. Baste recordar que la mayoría de los proyectos del muy mencionado Plan Puebla Panamá se quedaron a nivel de estudios de factibilidad. Sin embargo, el tema de la relación con Centroamérica ha adquirido nuevas características, que obligan, ahora sí, a darle mayor atención. Numerosas circunstancias confirman que es imposible combatir al crimen organizado en México sin tomar en cuenta sus ramificaciones desde y hacia Centroamérica. Por otra parte, uno de los temas más delicados para la imagen de México, que afecta seriamente su posición en materia de derechos humanos, es el comportamiento de delincuentes asociados con miembros de agencias del gobierno que secuestran, extorsionan y asesinan a los transmigrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. La fosa de San Fernando, Tamaulipas, permanece como uno de los agravios más serios que puedan recordar los centroamericanos. El segundo aspecto que debilita la posición de México como poder emergente es su manera errática de participar en asuntos de seguridad internacional. Cierto que México fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad dos veces durante los gobiernos del PAN: 2002-2003 y 2009-2010. La pertenencia, cubierta con gran profesionalismo por los miembros del servicio exterior mexicano, no elimina, sin embargo, la incongruencia de haberse negado a participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, uno de los temas centrales en la agenda del Consejo. Por lo demás, no es un secreto el escaso interés que despertaban en el presidente Calderón los asuntos de Naciones Unidas, con la única excepción de la lucha contra el cambio climático. Durante su sexenio coexistió, pues, la membresía de México en el Consejo con la indiferencia del presidente por lo que allí ocurría. El gobierno que acaba de empezar se empeña en proyectar una voluntad de cambio que persigue hacer de México un poder emergente. Se necesita algo más que un buen discurso o buenos artículos en revistas internacionales para lograrlo. Tomando en cuenta la mala imagen que se hereda, la poca influencia regional y la incongruencia de los compromisos en materia de seguridad internacional, no será fácil lograr ese objetivo. Construir una relación más sólida con los países al sur de la frontera y asumir la responsabilidad de participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz serían, entre otras, tareas por cumplir.