Propuestas en el limbo

martes, 25 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el caso de la reforma educativa, las propuestas que presentaron legisladores del PAN y del PRD, con el apoyo de sus respectivas fracciones, buscaban que las evaluaciones al personal docente tuvieran efectos sobre maestros, directores y supervisores actualmente en funciones, pero la Cámara de Diputados no las aprobó. Los dos cambios importantes que se introdujeron a la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto fueron: los requisitos y el procedimiento de designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; y el artícu­lo transitorio, básicamente introducido para garantizarle a la lideresa del SNTE,­ Elba Esther Gordillo, que todos los actuales miembros del magisterio, sin importar si están en las aulas o en posiciones directivas, permanecerán en sus puestos, es decir, que la reforma aplicará para los nuevos ingresos. La iniciativa original, con esta enmienda para intentar complacer a la dirigencia sindical, logró pasar la instancia de los diputados, pero a la hora de escribir este artículo se preveía que en el Senado, donde la correlación de fuerzas es muy distinta, las iniciativas presentadas por senadores de PRD y PAN tendrían nuevos obstáculos. En la propuesta del exsecretario de Educación del gobierno capitalino, el hoy senador Mario Delgado, se indicaba claramente en su artículo tercero transitorio que “todos los docentes, directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores (…) deberán presentar y realizar la evaluación que emita la autoridad federal, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. Y también, que los omisos serían separados de sus cargos si no lograban justificar su actuación; en tanto que los reprobados tendrían una segunda oportunidad, pero si volvían a reprobar serían separados de sus cargos. En el caso de la iniciativa del exrector de la Universidad de Guanajuato y exdirector del Conacyt, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, la propuesta está en el mismo texto de la Constitución. La fracción III del artículo 3 señala con precisión que “el ingreso, permanencia y promoción (…) se llevará a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos los concursos de oposición…”. Así, es claro que las evaluaciones sí inciden directamente en la permanencia de los maestros. Más adelante, en la fracción IX del apartado “B” del artículo 123, precisaba: “En el caso de los trabajadores de la educación, su permanencia se sujetará también a los criterios establecidos en el artículo 3º, fracción III, de esta Constitución”. Cerraba la pinza en el tercero transitorio, al establecer que “todo docente que actualmente esté en funciones deberá ser evaluado dentro del primer año a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. Puntualizaba que si los resultados fueran insatisfactorios, se le daría capacitación y tendrían hasta dos nuevas oportunidades, en un plazo no mayor de 24 meses. De modo que dos fracciones parlamentarias, firmantes del llamado Pacto por México, diferían sustancialmente de la posición asumida por el Ejecutivo y su partido, incluso de lo que aprobaron sus correligionarios en la Cámara de Dipu­tados. En suma, la posibilidad de que pasara la reforma constitucional en el Senado implicaba que PAN y PRD, por una parte, y el Ejecutivo y el PRI, por la otra, modificaran sus posiciones. Seguramente Peña Nieto y el PRI ya tomaron nota de que su concesión no satisfizo a la lideresa magisterial, quien busca que la permanencia en el Servicio Profesional Docente no dependa de los resultados de la evaluación, pues (según ella) ésta debe tener únicamente efectos para fines de diseñar la capacitación y otorgar incentivos a los maestros. El Ejecutivo y el PRI abiertamente se colocaron por aplicar la evaluación únicamente a los de nuevo ingreso, no a los actuales, con todo el retraso que esto significaría en la mejora de la educación y las enormes dificultades que implicaría el estar aplicando durante al menos 20 o 25 años un doble rasero para evaluar a los profesores. Se insistió en que es determinante quién elabora y aplica las evaluaciones, ya que otro de los aspectos fundamentales para lograr un buen servicio profesional de carrera es precisamente asegurar la independencia y autonomía del evaluador. Si hoy se crea un órgano autónomo, también es el momento para dotarlo de las atribuciones que le permitan diseñar y aplicar directamente los instrumentos para evaluar la idoneidad de los candidatos a ingresar a dicho servicio o a obtener una promoción, al igual que para decidir su permanencia. De acuerdo con las disposiciones actuales, serán las mismas autoridades educativas federales y estatales (hoy capturadas en muchas de sus instancias por la dirigencia sindical) las que realicen dichas evaluaciones. Y, para rematar, ninguno de los tres partidos que hoy deciden el futuro político del país incluyeron en sus iniciativas de reforma constitucional una propuesta destinada a garantizar la calidad de estas evaluaciones.

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