MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto ganó. Habría sido casi igual si hubiese ganado cualquiera de los otros candidatos. La razón es tan honda como el desprecio que todos ellos han mantenido frente al problema que tiene verdaderamente postrada a la vida democrática de la nación: la guerra contra las drogas. Sus costos son altísimos en vidas, dinero, miseria, terror. Los cientos de miles muertos, desaparecidos, desplazados, huérfanos y viudas; la impunidad en 98% de los delitos, y un enriquecimiento ilícito de 19 a 39 mil millones de dólares que cada año pasan de EU a México, se unen a la trivialidad de la vida pública, a la corrupción del Estado y de las partidocracias, a la falta de empleo y de educación, para mostrarnos la ruina social que el nuevo presidente va a administrar. Se corre el riesgo de que, por lo mismo, el problema se haga más hondo. Este horror, que Peña Nieto ha reducido a un asunto de seguridad, no sólo continuará, invirtiendo cada día más en negocios contraproductivos –más armas, más cárceles, más militarización, más burocracias–, como lo hizo Calderón, sino que, con la anuencia de una buena parte de la sociedad, el nuevo ocupante de Los Pinos estará cada vez más dispuesto a sacrificar las libertades civiles en nombre de esa misma seguridad. Los resultados –allí está Atenco para probarlo– ya los conocemos: la criminalización de la protesta, el aumento de la violación de los derechos humanos, la mimetización de las fuerzas de la ley con la crueldad del crimen, una corrupción más profunda de gobiernos y funcionarios públicos, la erosión de la autoridad moral y un costo económico que hará más profunda la destrucción del tejido social. Este costo, que México seguirá pagando ante el infructuoso intento de evitar que los 23 millones de adictos estadunidenses dejen de consumir droga, tiene, sin embargo, sinrazones más terribles. Del lado de muchos ciudadanos persiste el miedo a encarar el horror. Cuando el miedo se ha apoderado de la psique, sucede que se voltea hacia otra parte y se reduce todo a un caso de administración pública. Peña Nieto, piensa el ciudadano aterrorizado que lo llevó al poder, hará políticas públicas más sanas que terminarán con la pobreza, fuente de tanto mal, mientras restringe nuestras libertades en nombre de nuestra seguridad. Los muertos, los desaparecidos, los desplazados, no importan. “Algo –dicen esas conciencias sometidas a la propaganda– habrán hecho, y si no, son parte de los costos de acabar con el mal”. Del lado del nuevo gobierno, se dará el miedo a encarar el problema en donde se encuentra en realidad: en la subordinación de nuestra política de seguridad nacional a la de Estados Unidos, basada en la guerra contra las drogas. Peña Nieto preferirá seguir destrozando el país y ocultando su dolor a enfrentar al gobierno estadunidense y asumir que este problema de carácter social y de salud pública no puede resolverse aprobando leyes más duras, aumentando el número de policías, militares y prisiones, y estableciendo programas burocráticos de crecimiento perpetuo; mucho menos, restringiendo los derechos de la gran mayoría, que es la verdadera víctima del crimen. Ningún gobierno cuenta con los recursos para hacer efectiva una prohibición de las drogas; la única salida es que éstas sean sometidas a una regulación bajo el control férreo del mercado y del Estado, como lo mostró la regulación del alcohol después de su prohibición. Este miedo, sin embargo, y la continuación de la guerra, no sólo irán destruyendo cada vez más la democracia y hundiendo a la nación en una miseria y un horror mayores, sino que lo inefable, que se incubó con el gobierno de Calderón, se mantendrá como palabra: “se matan entre ellos”, son “bajas colaterales”, “malhechores” que se combaten con más violencia, más restricción de las libertades y más brutalidad; un lenguaje que, hecho eufemismo, guarda el mismo horror con el que los nazis calificaban el exterminio y justificaban la militarización: son “sabandijas”, “piojos”; un lenguaje cuya asepsia sólo ha servido y servirá para hacer habitable el infierno. Frente a él, que emergerá peor de atroz después de la embriaguez electoral, quedarán dos caminos: volver ciudadanamente a encararlo, como se hizo con Calderón, y presionar por un cambio fundamental en la política antinarco y en la refundación de las instituciones, o bien, seguir en él con este nuevo presidente que proseguirá administrándolo para desgracia de todos y usufructo de los criminales, de los corruptos, de las partidocracias, mediante el horror, las armas y las palabras que, degradando la grandeza de una lengua, lo justifiquen como hasta ahora lo han justificado. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.