MÉXICO, D.F. (Proceso).- La inexistencia de un sistema de rendición de cuentas, la cultura clientelar del mexicano y la ausencia de un efectivo servicio civil de carrera se conjugan para facilitar el uso electorero de los programas gubernamentales, particularmente los sociales. Estos tres, entre otros factores, fueron fundamentales para que el PRI prolongara su permanencia en la Presidencia de la República durante 70 años y hoy los retoma para intentar asegurar una larga segunda etapa. En todo el mundo el partido gobernante trata de obtener el máximo rendimiento electoral de sus programas públicos y desde luego particularmente de los programas sociales, que son siempre los más sensibles para los ciudadanos y sus familias. Nadie puede escandalizarse por ello pues sucede incluso en las democracias más consolidadas, las economías más desarrolladas y los gobiernos más vigilados. Sin embargo una cosa es beneficiarse de un buen ejercicio gubernamental y otra muy distinta aprovechar los recursos públicos para incrementar su caudal de votos. Lo segundo sucede cuando los programas se diseñan para asegurar el triunfo electoral, sin importar el impacto en la solución de los problemas económicos y sociales de la población, cuando el acceso o los beneficios del o los programas se condicionan a la votación de un determinado candidato o partido. Peor todavía: Los programas se diseñan de tal manera que simplemente ayudan a paliar el problema pero nunca a solucionarlo, pues su existencia misma es la que brinda la posibilidad de implementar y utilizar electoreramente esos programas. Una de las grandes esperanzas que creó la alternancia en la Presidencia de la República en 2000 era precisamente que el nuevo gobierno combatiría eficazmente las causas estructurales que deban pie a dichas prácticas. Durante el gobierno foxista se actuó con cierto recato en la designación de los delegados de las secretarías federales en las entidades, particularmente en el caso de la Sedesol y Oportunidades; se impulsó la ley de transparencia y hasta se tuvo el cuidado de implementar un Consejo Ciudadano en la Sedesol, precisamente para vigilar que los programas sociales no se utilizaran con fines electorales. Incluso logró abatirse en forma importante la pobreza. Lamentablemente no se logró el cambio institucional y estructural. Se avanzó en la transparencia pero no en la rendición de cuentas; nada se hizo para combatir la cultura clientelar. Al contrario, muchos panistas se apropiaron de la misma y la empezaron a utilizar para perpetuarse en las instancias de gobierno; y el servicio civil de carrera tampoco pudo consolidarse. Por si esto fuera poco, a pesar de que los resultados del combate a la pobreza fueron relativamente exitosos, todavía un porcentaje muy significativo de la población permaneció en la denominada pobreza alimentaria y nada se hizo para abatir la tan nociva desigualdad económica y social. La falta de avances sustantivos en la materia provocó que durante el sexenio de Felipe Calderón se iniciara la involución: La pobreza alimentaria se exacerbó, la transparencia sufrió varios golpes devastadores y también se debilitó el naciente servicio civil de carrera y la designación de los delegados de las dependencias federales en los estados se realizó con criterios claramente partidistas, lo cual revivió nuevamente la utilización primordialmente electorera de los programas gubernamentales, especialmente los sociales. En la rendición de cuentas no podía haber retrocesos porque nunca hubo avances. En estas condiciones los priistas tejieron todo un entramado alternativo para contrarrestar estas prácticas... Fragmento del análisis de Jesús Cantú que se publica en la edición 1895 de la revista Proceso, actualmente en circulación.