MÉXICO, D.F. (Proceso).- La detención de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo el pasado 26 de febrero sacudió al país. De inmediato empezaron las explicaciones de la acción gubernamental, así como las más diversas interpretaciones procedentes de todos los ámbitos de la vida pública mexicana. También hubo especulaciones, y desde luego pronósticos, sobre el desenlace y sus consecuencias. Hasta el 28 de febrero, el gobierno dio una de cal y otra de arena: detuvo a una presunta delincuente, pero mostró su vocación autoritaria al sustituirla por un líder dócil y maleable. Con ello evocó al Quinazo, del que tanto se quiere distanciar. Pese a todas las explicaciones oficiales, no hay manera de ocultar que la decisión fue política, hasta ahora bien respaldada jurídicamente, pero política a final de cuentas. Era un secreto a voces que bastaba una mínima investigación en las finanzas sindicales y personales de la lideresa para encontrar evidencias con valor jurídico probatorio para encarcelarla. No se habían realizado las pesquisas porque faltaba voluntad política. Por ello, la decisión fue política y la operación, así como la ejecución, jurídicas. Todo indica que la operación fue planeada y ejecutada a conciencia, pues se cuidaron todos los detalles. Se realizó justo cuando la opinión pública se mostraba más adversa a Gordillo. Por lo menos durante los 12 años del panismo ella fue, y con razón, la villana favorita de los medios. Sus excesos y despropósitos fueron ampliamente difundidos. Su oposición a la (bien vendida) reforma educativa también contribuyó a exacerbar los ánimos en su contra. Los únicos que eventualmente podían defenderla eran algunos de los maestros beneficiados por sus favores; sin embargo, los neutralizaron al acusarla de malos manejos de los recursos sindicales. Para completar la filigrana, la detención se efectuó justo cuando regresaba de sus mansiones en San Diego, en su avión particular, con el propósito de organizar la resistencia sindical contra la reforma educativa. Así se desarticuló cualquier forma de protesta. Aún falta conocer detalles del expediente jurídico para evaluar la solidez del caso; sin embargo, hasta estos momentos las autoridades han buscado darle toda la cobertura legal y parece bien armado. Por eso es sorprendente la eficacia demostrada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues en el asunto Gordillo –según manifestó el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam– bastaron un par de meses para descifrar un entramado que abarca a la comunidad financiera internacional. La decisión presidencial envía dos mensajes claros e incuestionables... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.