MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ni la SEP ni el SNTE han explicado por qué siguen divulgando la idea de que la reforma al artículo 3º constitucional constituye un cambio en lo educativo, cuando su orientación esencial es establecer nuevas reglas de operación laboral e imponer nuevos mecanismos de control sobre el magisterio. En el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación” y en la “Ley General del Servicio Profesional Docente”, procedentes de la SEP, así como en las propuestas de enmienda a las “leyes reglamentarias en materia de educación” que ha presentado el SNTE –documentos que son discutidos en las comisiones legislativas–, se enfatiza el propósito de implantar nuevas reglas para el ingreso, la permanencia y la evaluación de los trabajadores de la educación… y punto. Nada que tenga que ver con los contenidos de enseñanza-aprendizaje, el currículum, los métodos, las técnicas o lenguajes de lo propiamente educativo. Por ejemplo, para el SNTE de la encarcelada Elba Esther Gordillo, las reformas laborales que se pretenden no deben aplicarse al personal en servicio, pero en ningún lugar se define por qué incidirán en la educación, en su calidad o en la cobertura social del sistema escolar, pues tales aspectos no son abordados en ninguna recomendación o propuesta específica. Uno supondría que se dejan como están los restantes artículos de la Ley General de Educación de 1993, que sí definen el ser y quehacer de la educación (con la carga de obsolescencia que ya demuestran), cuando lo que debiera estar a la orden del día es la conformación de un nuevo modelo educativo y una ley nacional que comprenda los avances alcanzados en los conocimientos y aprendizajes contemporáneos, y que, por encima de todo, conceptualice la estrategia, las políticas y programas a través de los cuales podrán superarse la actual crisis educativa, la terrible desigualdad e inequidad y la injusticia plena que se reproducen en las escuelas a las que asisten las grandes mayorías de niños y jóvenes del país. Según el gobierno federal y el SNTE –éste que ahora carga con el peso humillante de ser uno de los sindicatos que se ha beneficiado de la más grande corrupción permitida durante los anteriores gobiernos del PRI y del PAN y que sigue vigente en el actual–, la calidad de la educación mejorará de forma sustancial con la aplicación de exámenes estándares a los maestros en ejercicio y a los que están por incorporarse como tales. Sin embargo, la primera declaración de la nueva y flamante presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), la doctora Sylvia Schmelkes, fue en el sentido de que este tipo de pruebas sería una verdadera equivocación, dada la diversidad y las desigualdades que existen a lo largo y ancho del sistema escolar, y en virtud de que se propiciaría la profundización de las actuales condiciones de injusticia e inequidad educativas. Esto debe haber caído como un baldazo de agua helada en las cabezas de funcionarios de alto rango de la SEP y del SNTE. Fragmento del análisis que se publica en la edición 1906 de la revita Proceso, ya en circulación.