MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 19 de octubre de 2006, hace exactamente ocho años, el pleno del Senado aprobó un dictamen que reconocía: “… el marco legal de la desaparición de poderes está rebasado por la realidad y la compleja vida actual. La legislación vigente fue pensada para un sistema político que ha sido superado por la dinámica política que en los últimos años ha vivido el país”.

El mismo documento señalaba: “Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el estado de Oaxaca; que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social. Sin embargo, esta comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado no implican la desaparición, esto es, la ausencia o inexistencia de todos los Poderes del estado de Oaxaca”.

Y bajo esa argumentación, la Comisión de Gobernación de dicha Cámara y, por ende, el pleno del Senado declararon improcedente la solicitud de desaparición de poderes en Oaxaca, en ese momento conmocionado por las protestas sociales tras los atropellos del entonces gobernador Ulises Ruiz.

Las vías establecidas en los artículos 110 y 111 para procesar el juicio político y la declaración de procedencia ante delitos penales, respectivamente, tampoco son transitables porque en ambos se indica que en el caso de las autoridades estatales sujetas a dichos procedimientos “la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”. Así que la última palabra la tienen los Congresos estatales, en los que el partido del gobernador, en las 32 entidades, cuenta con más de 33% de los diputados, por lo que es imposible votar una resolución contraria al mismo.

Lamentablemente, en ese lapso (ocho años) no se ha modificado ni una coma de la fracción V del artículo 76 ni de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, por lo cual hoy prevalece exactamente el mismo vacío jurídico que existía en aquel momento, y los senadores (como ya anticipó el presidente de la Comisión de Gobernación, Enrique Burgos) también rechazarán la solicitud de desaparición de poderes que presentó el grupo parlamentario del PAN en relación con la situación en Guerrero a partir de los hechos de Iguala.

Otra muestra palpable de la irresponsabilidad de los legisladores es que, identificando las carencias, vacíos o imprecisiones de las leyes, no hacen nada para remediarlos. La inacción del Congreso deja en absoluto estado de indefensión a la ciudadanía, que no tiene forma de defenderse de los malos gobernantes, quienes simplemente, como hace el gobernador Ángel Aguirre, se aferran a su puesto.

En el extremo (aunque hasta estos momentos no hay ningún elemento que vincule a Aguirre con el crimen organizado o los hechos que provocaron la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas), si la Procuraduría General de la República encontrase algún elemento que involucrara al mandatario con la comisión de algún delito, no podría ejercer acción penal en su contra, pues goza de fuero.

En estas condiciones, la única forma de remover a un gobernador es que él presente su renuncia, como lo hizo Fausto Vallejo, en Michoacán, pues –ante la protección incondicional de sus correligionarios, en este caso los diputados del partido que lo postuló– no hay vía legal para lograr la separación de su cargo.

Mientras esto sucede en el Congreso, la situación política y social en la entidad continúa en franco deterioro. Por una parte, las protestas sociales crecen tanto en la frecuencia de sus manifestaciones como en el número de los participantes y la violencia de sus acciones; y, por la otra, los hallazgos e informes de las autoridades son cada día más espeluznantes, pues el saber que ninguno de los 28 cadáveres encontrados en las primera fosas localizadas en el municipio de Iguala son de normalistas, puede resultar esperanzador para los estudiantes, pero es aterrador porque implica que al menos hay otros 28 homicidios sin resolver. A esto hay que agregar que cada día se informa del hallazgo de nuevas fosas, en las que el número de cuerpos es todavía incierto.

Al mismo tiempo, las expresiones internacionales de repudio y las exigencias de encontrar con vida a los normalistas se multiplican y elevan el tono. Aunque, ante la magnitud de la tragedia, el daño en la imagen de México ante el mundo es peccata minuta, lo cierto es que el impacto puede ser devastador para alcanzar las metas de crecimiento económico.

Y, en este entorno, el reconocimiento del procurador federal, Jesús Murillo Karam, de que las pruebas de ADN confirman que los cadáveres no corresponden a los de los normalistas desaparecidos, tal como había anticipado el gobernador Aguirre, parece un aval –involuntario– a la denuncia de Amnistía Internacional de que “la investigación es caótica y hostil.

A 15 días de que la PGR atrajo la investigación correspondiente no hay ningún avance tangible, mientras el presidente Enrique Peña Nieto se limita a reiterar, una y otra vez, sus promesas de esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables, así como a admitir que “es un reto para las instituciones”. Contrario a lo ocurrido en Michoacán, a donde envió a su comisionado; en Tamaulipas, donde implementó tres operativos regionales; o en el Estado de México, donde obligó al gobernador a remover a todo su gabinete para abrir espacios a los hombres de confianza de Peña Nieto, en Guerrero el gobierno federal se paralizó.

Mientras el gobierno se empeñaba en sacar adelante sus reformas estructurales, y la oposición (PAN y PRD) insistía en hacer la enésima reforma electoral, nadie se preocupó por la construcción de las instituciones políticas que permitieran remover a los malos gobernantes. Hoy (como hace ocho años con Ulises Ruiz en Oaxaca), en Guerrero todo depende de la voluntad del gobernante, Ángel Aguirre. Y, mientras tanto, los guerrerenses no tienen vía legal para terminar con el mal gobierno.