Luces y sombras del sexenio

lunes, 26 de diciembre de 2016

El mundo es un lugar peligroso, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que no hacen nada por evitarlo.

Albert Einstein

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Uno de los mayores logros de este sexenio ha sido la aprobación de las reformas estructurales del país. Una aspiración largamente esperada por la sociedad y siempre frustrada en las últimas gestiones de gobierno por múltiples intereses políticos absurdos. Las reformas del periodo 2012-2016 aprobadas por el Congreso de la Unión –en materia de educación, impuestos, telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, derecho a la información, deuda pública, procuración de justicia, amparo, petróleo y electricidad, electoral, de combate a la corrupción– podrán ser un gran paso por el camino correcto, siempre y cuando mantengan, como valor supremo, el interés general de la nación. Las reformas estructurales aprobadas han tenido los siguientes resultados positivos: la laboral ha facilitado la creación de empleos formales –según los registros del Seguro Social–, que están creciendo más rápido que la economía; la financiera logró aumentar el crédito al sector privado; la de telecomunicaciones ha incrementado la competencia en un ramo con enormes monopolios; la energética ha generado inversiones privadas en materia de electricidad, petróleo y gasolina, y la impositiva de 2014 aumentó los ingresos tributarios 62% en términos reales entre 2012 y 2015. Una de las más grandes reformas es la relativa al combate a la corrupción y a la impunidad, la cual finalmente pudo verse cristalizada el 18 de julio de 2016 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, después de una gran presión de la sociedad, de los partidos políticos y de un buen número de organizaciones civiles. En un reciente acto en el Senado de la República, afirmaba yo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que no se castiga a nadie, absolutamente a nadie. No podemos aspirar a cambiar el gran problema que vivimos si no estamos dispuestos a sancionar a los culpables. Mientras no sancionemos, mientras no abatamos la corrupción con sanciones ejemplares, no podemos aspirar a combatir la corrupción y vamos a seguir siendo entonces la República de la Impunidad. Este mal se combate con sanciones y más sanciones, pues es el único camino que puede transitarse para combatir la corrupción y aspirar a cambiar el destino de nuestra patria. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) surge con la reforma constitucional de mayo de 2015, y contaba con un año para emitir la ley general que estableció las bases de coordinación, así como las adecuaciones a las leyes conexas relativas a las siete instancias que integran el Sistema: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía contra la Corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana. El principio fue la elaboración, por parte de un destacado grupo de organizaciones ciudadanas y académicas, de una propuesta de reforma constitucional orientada a crear un sistema de coordinación de todas las entidades relacionadas con los temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.­ La ciudadanía asumió un papel clave al formular y proponer, bajo la figura de iniciativa ciudadana, una Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, que se convirtió en el eje de discusión de la legislación secundaria. El logro representó la recolección de 634 mil firmas de apoyo, cinco veces el número legalmente requerido. La mayoría de las propuestas ciudadanas fueron aprobadas. El Sistema abarca los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado; en resumen, se ha construido un entramado legal que tiene como fin sentar las bases para un combate efectivo a la corrupción y a la impunidad, sustentado en siete leyes reglamentarias aprobadas por el Congreso de la Unión, como sigue: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases de coordinación entre las instituciones que forman el Sistema. La Ley General de Responsabilidades Administrativas delimita las obligaciones y comportamiento de los funcionarios públicos, así como las sanciones administrativas para aquellas personas que incurran en actos de corrupción. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece el sustento jurídico para su operación y las sanciones a quienes incurran en faltas administrativas graves. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una de las figuras clave del Sistema, pues será la institución encargada de perseguir e investigar actos de corrupción. Las Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal hacen a la Secretaría de la Función Pública responsable del control interno de la administración pública federal. Las Adecuaciones al Código Penal permitieron incorporar con claridad la tipificación de los delitos de corrupción. Y por último: Las Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación permitirán a la ASF fiscalizar recursos públicos en tiempo real, las cuentas públicas de años anteriores, así como las participaciones federales entregadas a las entidades federativas. Se estima que la implementación en 2017 del SNA costará mil 506 millones de pesos, de los cuales 1 mil 152 (76%) serán para la ASF, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La ASF fue la institución que más creció en atribuciones, pues se le amplió el universo a auditar de 620 mil millones a 1.3 billones de pesos, y se le dotó de facultades de investigación y de sanción, que no tenía. Durante un foro de análisis convocado por el Senado de la República, los expertos expresaron que el SNA no entrará en vigor de manera integral hasta 2018, una vez que las entidades federativas del país armonicen su legislación cuando terminen de completar las reformas a su marco jurídico. Ahora bien, en cuanto a la inversión física en el país, destaca principalmente el Programa Nacional de Infraestructura –que forma parte de los 266 compromisos asumidos por el presidente de la República durante su campaña electoral–, el cual muestra un avance importante en comunicaciones y transportes, por el crecimiento que ha tenido en materia de autopistas y carreteras federales, caminos rurales y alimentadores, distribuidores y libramientos, ampliación de accesos a la Ciudad de México, cruces fronterizos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; en este último rubro destaca el proyecto y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Indicadores negativos El Programa Nacional de Infraestructura debe estar sujeto a una profunda evaluación de la ASF en cuanto a sus logros, fortalezas, debilidades, transparencia y rendición de cuentas, con base en factores de eficiencia, eficacia, productividad y economía. Recordemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Conozcamos entonces algunos indicadores clave sobre el desempeño de México en los últimos años: • Según Transparencia Internacional, entre 1998 y 2015, en el Índice de Percepción de la Corrupción México cayó 40 lugares en 18 años, al pasar del sitio 55 al 95 entre 168 países evaluados, con una calificación de 35 sobre 100 en el último reporte. • De acuerdo con Consulta Mitofsky, en la encuesta levantada sobre la confianza en las instituciones resultó que los partidos políticos (con 4.9 puntos), los diputados (con 5.2 puntos), la policía y los senadores (con 5.3 puntos), los sindicatos (con 5.4 puntos) y la Presidencia (con 5.7 puntos) son los que menos confianza merecen de los mexicanos, en tanto que las universidades (con 7.3 puntos), la Iglesia (con 7.1 puntos) y el Ejército (con 7.0 puntos), son los que más confianza merecen. • María Amparo Casar, investigadora de El Colegio de México, en su libro México: anatomía de la corrupción (2016), afirma que, en relación con el delito, la impunidad es de 97%; es decir una impunidad casi total. • En 2013 la economía de México creció 1.4%; en 2014, 2.1%, y en 2015, 2.5%. El crecimiento económico promedio de los tres primeros años del sexenio fue de 2.0%, debajo del crecimiento promedio de los gobiernos anteriores, que fue de 2.4% como promedio anual del periodo 1983-2012. • La Bolsa Mexicana de Valores informó que en el primer semestre de 2015 Pemex reportó pérdidas por 185 mil 176 millones de pesos (109% más que en el mismo periodo de 2014) y la Comisión Federal de Electricidad perdió 35 mil 592 millones de pesos (156% más que en el primer semestre de 2014). • Según el FMI, México es la economía mundial número 14. En el año 2000 era la novena; según la OCDE somos el país más desigual de dicha institución; según Transparencia Internacional somos uno de los países más corruptos; según la Universidad de las Américas Puebla, el segundo lugar en impunidad; según Reporteros sin Fronteras, el más peligroso del continente; según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, el séptimo más violento del planeta; según la OMS, el primero en obesidad, y según la prueba PISA, el último en desempeño escolar en la OCDE. • De conformidad con el Índice de Estado de Derecho 2016 realizado por el World Justice Project, México se ubica en el lugar 88 de 113 países evaluados, nueve lugares menos que en el año anterior. El resultado se basa en más de 100 mil encuestas levantadas en hogares y entre más de 2 mil 700 expertos que miden la manera en la que el estado de derecho se aplica en los países evaluados. • El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que la población en condición de pobreza en el país aumentó 2 millones de personas entre 2012 y 2014. Por otra parte, y en relación con el desempeño de México, la presente administración muestra, después de las grandes reformas legislativas de carácter estructural, algunas debilidades que causan daño al reconocimiento y confianza del país, tanto a nivel nacional como internacional, lo que afecta seriamente las calificaciones crediticias y el nivel de riesgo del país. El director del Banco de México, Agustín Carstens, simplemente señaló: “Hemos alcanzado el límite de lo razonable”. La deuda externa del país pasó de 21.7% del PIB en 2007 –según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas– a 37.7% como la recibió el actual gobierno, y de ahí a 47.3% del PIB estimado para 2016, 10% más de deuda en relación con el PIB. El presupuesto base cero fue un fracaso convertido en un espejismo que no se supo cómo instrumentar. De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas al cierre de septiembre de 2016, la mayoría de las dependencias federales habían gastado más de lo autorizado por la Cámara de Diputados: la Presidencia de la República mil 11.4 millones de pesos (63.4% más), la Secretaría de Turismo 2 mil 3.3 millones (50.7%), la Secretaría de la Función Pública 475.7 millones (50.5%) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 11 mil 49.5 millones (49.3%). Es urgente contar con una mejor administración del gasto público que vigile las finanzas nacionales para evitar el desbordamiento del presupuesto y un colapso de la economía que nos lleve a otro traumático cambio de gobierno. El desempeño del gobierno se ve reflejado en la última encuesta levantada por un periódico de circulación nacional entre ciudadanos y líderes, con los resultados siguientes: Sólo 24% de los ciudadanos y 16% de los líderes entrevistados aprobaron la forma como está haciendo su trabajo el presidente de la República; su labor fue calificada con 4.1 por los ciudadanos y con 3.0 por los líderes. El 57% de los ciudadanos y 71% de los líderes entrevistados perciben que la corrupción en el gobierno federal ha aumentado en el último año; y, por último, 64% de los ciudadanos percibe que la seguridad y la economía han empeorado. Este es el escenario dramático que percibe la población después de cuatro años de gobierno. “El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie.” (AGA) *Auditor superior de la Federación 2002-2009.

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