CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los legisladores de la Cámara de Diputados están viviendo una literal “crisis de identidad”: no saben si son un contrapeso y vigilante del Ejecutivo federal o son sus condescendientes aliados que a todo dicen que sí. Ejemplo de ello es la protección y operación política que ha estado realizando el PRI para evitar que, en plena crisis económica, el encargado de las finanzas, Luis Videgaray, se esconda y no rinda cuentas. Justo en un momento en el cual el peso pierde cada día terreno frente al dólar, donde los productos de primera necesidad, como la tortilla y el huevo suben, donde el precio del barril de petróleo está a la baja, donde la economía informal crece a cada paso y por cada calle de las ciudades de este país. Videgaray Caso dijo hoy que sí lo llaman irá, “porque es mi convicción y mi obligación”. Si me llaman voy, acotó. Pero quien tiene la potestad en San Lázaro para llamarlo a comparecer es la conocida Junta de Coordinación Política (Jucopo), en donde PRI, PVEM, Panal y PES hacen mayoría simple. Y el coordinador del PRI y presidente de la Jucopo, César Camacho Quiroz, ya lo dijo: no irá Videgaray a explicar el grave entorno económico, irá Fernando Aportela, un subsecretario. PRD, PAN, MC y Morena exigen que acuda el titular de las finanzas y no un subordinado, pues la crisis que estamos viviendo no amerita menos. Sin embargo, esto lo dicen sólo ante los medios de información. Se conforman con intercambiar un director, como el de Pemex, por un secretario de Estado. Lo anterior porque finalmente lograron que José Antonio González, director de Pemex, la “empresa productiva del Estado” que resentirá el recorte de cien mil millones de pesos, ya no comparecerá en “petit comité” ante la Jucopo, sino que enfrentará a los diputados ante las comisiones de Energía y Hacienda, como debe ser. A cambio del director de Pemex frente a diputados, el secretario de Hacienda se mantendrá en sus oficinas, impávido y lejos de los reclamos de quienes le dijeron cuánto, cómo y cuándo debe gastar en el país, además de cobrar impuestos. Es la Cámara de Diputados la que autoriza lo que se debe gastar y cuánto; es el Ejecutivo, en este caso el secretario de Hacienda, el encargado de cumplir lo que dictan los legisladores, y por obligación “constitucional” debe rendir cuentas, sin embargo, en este país y ante unos legisladores miopes y timoratos, la obligación de los funcionarios se vuelve “optativa” y moneda de cambio. Luis Videgaray no irá a la Cámara, su lugar lo ocupara su segundo, el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, y no pasará nada. Si en la 62 legislatura federal, la primera de Enrique Peña Nieto, se cuestionó su papel por “no confeccionar” sino únicamente dar “trámite legislativo” cual oficialía de partes, de las reformas constitucionales en materia de telecomunicación, educación y energía, en la actual, la 63, el cinismo rampante del PRI y el no poder hacer realidad el derecho de las minorías ha creado una Cámara de Diputados improductiva, inactiva, de vasallaje, impúdica por los grandes gastos que realiza y, peor aún, de pésima calidad política --salvo pocas excepciones-- en todos los partidos políticos. La inexperiencia legislativa de la oposición como Morena, la rebatiña por el poder y los recursos económicos del PRD, la disputa subterránea entre los diputados “de Jalisco” de MC que hacen mayoría y los fieles a la vieja Convergencia, y la poca claridad de rumbo de la fracción panista, hacen que un puñado de políticos expertos logre imponérseles. Estos últimos usan el “mayoriteo” y no la razón, menos aún el debate, como medida legislativa la cual, siempre, va en función de lo que quiere el grupo político que gobierna este país. El PRI y sus partidos satélites: PVEM, Panal y PES hacen del Legislativo algo poco menos que cero. Y todos en conjunto: PRI, PVEM, Panal, PES, PAN, PRD, Morena y MC anulan en los hechos un efectivo “contrapeso” del Ejecutivo Federal. Tan grave es la crisis de identidad que atraviesa esta 63 legislatura respecto del Ejecutivo, que el tema de la corrupción e impunidad rampante del país no han podido superarlo. Claro que no pueden evitar estos flagelos por sí solos, pero sí cumplir por lo menos con lo mínimo que les toca que ellos mismos aprobaron en las reformas energéticas y de telecomunicaciones: nombrar a contralores independientes de organismos descentralizados. Así, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica no cuentan con un contralor, figura fundamental si se toman en cuenta los cambios constitucionales que abren la puerta a un nuevo tipo de contratos, en donde el dinero fluye y la tentación se hace más grande. Pero hablar de la falta de contralores, aún no nombrados por los diputados federales, es decir mucho. Los legisladores incurren en una confusión en las actividades más pequeñas, como el del lugar de pertenencia. Y es que los coordinadores parlamentarios, operados desde el PRI por tener mayoría, deciden sesionar fuera de su sede, y para ello optan por hacerlo en privados e imponentes edificios, como por ejemplo, el Club de Banqueros. Los diputados federales se funden con los entes privados. Desde sus antiguos edificios de poder, los banqueros abren sus puertas para que los diputados, en lugar de sesionar en sus nada despreciables oficinas de San Lázaro, reciban a secretarios de Estado. Estos últimos gustan de un ambiente “más íntimo y cómodo”, proclive a acuerdos indecibles. Nada que ver con una exposición ante 500 diputados, en donde con una decena que los cuestionara asertivamente, se les obligaría a dar la cara ante una ciudadanía que les paga sus salarios, sus lujos, sus viajes y sus excesos. Esta legislatura aún tiene un año para corregir el rumbo, si no, entonces, ¿para qué queremos un tercer poder que en realidad se funde con el Ejecutivo? Se olvida de la división, ignora sus obligaciones constitucionales e ignora la precaria situación económica y social que atenaza a la ciudadanía. Twitter: @jesusaproceso