Otra vez, colusión policía-criminales

sábado, 12 de marzo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De acuerdo con la versión oficial (del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo) el modus operandi para la detención, desaparición forzada, asesinato, calcinación y trituración de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz el pasado 11 de enero, es una calca de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Los funcionarios federales dejaron claro que fueron elementos de la Policía Estatal los que detuvieron a los jóvenes, los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada (al que no identificaron, porque es parte de las investigaciones), que a su vez los interrogaron, condujeron al rancho El Limón, los privaron de la vida, los incineraron, trituraron sus restos en un molino de caña y posteriormente arrojaron los restos a un río. Todos estos movimientos y acciones se realizaron sin que ninguna otra autoridad se percatara de los hechos, pese a que el automóvil en el cual se trasladaban los jóvenes fue localizado en el municipio de Medellín de Bravo, a más de 70 kilómetros del lugar de su detención, y el rancho El Limón se ubica en el municipio de Tlalixcoyan. Las diferencias con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, son la hora, la corporación policiaca y el cártel involucrados y las razones para su detención. En Iguala fue en la noche mientras en Tierra Blanca fue por la mañana, pues los jóvenes se detuvieron a desayunar. En Guerrero fueron policías municipales y el cártel de Guerrero Unidos; en Veracruz, policías estatales y ha trascendido que se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa la razón de su detención fue que causaban desmanes; en el caso de los jóvenes, Galindo especificó en varias entrevistas en radio, que no existía ninguna razón específica para detenerlos: “No sobresale ninguna circunstancia particular, ni siquiera cometen una falta administrativa, no se pasan un alto, no se estacionan mal; simplemente hay una especie de sospecha no fundada en nada lo que lleva a detener a los jóvenes”. Las confesiones del octavo integrante de la Policía Estatal de Veracruz, que permitieron reconstruir todos los hechos vinculados con la desaparición de los cinco jóvenes, coincidió con dos eventos que permiten contextualizar la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas: la revelación, por parte de los padres de los futbolistas del equipo Los Avispones de Chilpancingo (también agredidos en los hechos de Iguala), de que el autobús en el que viajaban fue detenido y retenido un buen lapso de tiempo por policías federales, unos kilómetros antes del sitio donde fueron emboscados y balaceados por los policías municipales; y la difusión del informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita a México, a fines del año pasado. El portal Aristegui Noticias publicó una carta entregada por los padres de los futbolistas a la diputada panista María Guadalupe Murguía, que encabeza la comisión especial sobre el caso Iguala, en la cual aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando… Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y tres horas después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”. Así lo acontecido con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y la acusación de los padres de los futbolistas emboscados en Iguala, aportan elementos adicionales para respaldar las afirmaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que afirma: “…la CIDH recibió información de que algunos elementos de la Policía Federal y las policías estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidas con organizaciones del crimen organizado”. Más adelante enfatizan: “En muchos casos los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de éstas. En este sentido, el caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen organizado, ya que, según la versión oficial, la Policía Municipal de Iguala estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes. Asimismo, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, autoridades de la Policía Estatal, Federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado”. Ante el informe, el gobierno de México, por conducto del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió su mismo discurso: “El informe no refleja la situación general del país… las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados…” Sin embargo, el discurso oficial es insostenible cuando los “temas específicos y lugares focalizados” se repiten en muchos estados del país, como establece el informe con el análisis puntual de diversos casos en Guerrero, Michoacán y Estado de México y hoy evidencia el desenlace de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (particularmente en 2014, 2015 y lo que va de 2016, como documenta el informe de la CIDH y corrobora la versión oficial respecto a los hechos en Tierra Blanca), la colusión de los agentes del Estado con los integrantes del crimen organizado no se limita a casos o lugares específicos, sino que es una práctica generalizada y extendida en varios estados del país. Por otra parte, las evidencias también permiten afirmar que dicha colusión no se limita a las policías municipales y estatales, como afirma el gobierno federal, sino que abarca también a las fuerzas federales y hasta el mismo Ejército.

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