La ruta de la sensatez

sábado, 23 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La tragedia de Nochixtlán obligó al gobierno a modificar su estrategia sobre la reforma educativa. Al parecer, ésta ha dejado de ser intocable e invariable. El viraje puede tener desenlaces opuestos: uno funesto, otro esperanzador. Ello depende de si la decisión de modificar algunos temas de la reforma se debe a la debilidad de la autoridad, dispuesta a claudicar ante la presión del magisterio, o si su apertura surge de una reflexión autocrítica acerca de las deficiencias y omisiones de la leyes reglamentarias del artículo­ tercero constitucional, así como en la aplicación de dichas normas. El 7 de julio el SNTE publicó un sorpresivo desplegado en el que le exige a la SEP y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realizar cambios de fondo a la reforma educativa, retomando demandas de la CNTE. Todo indica que se trata de una maniobra del gobierno para descontrolar a la disidencia magisterial y evitar que el SNTE sea rebasado por sus agremiados, como venía ocurriendo en varios estados de la República (Proceso 2071). Dicha táctica le permite al secretario de Educación tener un diálogo paralelo –y dominado– con el SNTE, mientras en la Segob se negocia con la CNTE. Aurelio Nuño recupera así su papel protagónico en la discusión sobre la reforma educativa, del que había sido marginado a raíz de los sangrientos acontecimientos de Nochixtlán. Asimismo, la estrategia podría revelar la disposición gubernamental a efectuar los ajustes a la reforma reclamados por la disidencia magisterial, pero teniendo como interlocutor privilegiado al sindicato oficialista. Bajo el manto de la simulación se ocultaría la aceptación implícita de la SEP de que en la reforma existen fallas que es conveniente corregir, presentándolas como exigencias del SNTE. Sin admitirlo abiertamente, las autoridades educativas habrían reconocido la necesidad de modificar aspectos clave de la reforma educativa, en temas que han sido criticados y rechazados por amplios sectores del magisterio –no sólo de la CNTE–, así como por destacados especialistas en la materia. El gobierno estaría dispuesto a ceder, pero sin aparecer como débil ante la presión de la disidencia magisterial. ¿Claudicación o autocrítica? La claudicación resulta inadmisible, porque acabaría con una reforma indispensable para el país y representaría el mayor fracaso de la fallida gestión peñista. Volver a la compra, herencia u obsequio de plazas sería irracional y reaccionario. En contraste, la autocrítica razonada abriría la posibilidad de salir del embrollo en que se encuentra el conflicto magisterial y permitiría analizar, debatir y negociar una reforma que garantice una educación de calidad a 30 millones de alumnos, al tiempo de respetar los legítimos derechos de los maestros. Algo no sólo deseable, sino factible y necesario que, por apego a ideologías y prebendas, pareciera imposible de lograr. El 11 de julio, la Secretaría de Gobernación y la CNTE acordaron instalar tres mesas de negociación para abordar los temas político, educativo y social relacionados con la reforma, a realizarse el 12, 19 y 21 de este mes. Se reanuda así el diálogo que había sido cancelado de manera radical por el secretario de Educación. Los dirigentes de la disidencia magisterial señalaron que mantendrán su plan de acción y la exigencia de que se cumplan sus tres demandas fundamentales: suspensión permanente de la reforma, construcción de un modelo integral de educación y reparación inmediata de los daños causados por la reforma. La movilización continuará. De acuerdo con Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, entrevistado por Proceso, el desplegado publicado por el SNTE es un documento redactado por el gobierno, no por el sindicato oficial “que no tiene decisiones propias” al estar totalmente sometido a la SEP. Sin embargo, en los 10 “resolutivos” del SNTE se incluyen demandas expresadas por Elba Esther Gordillo contra la reforma educativa, a finales de 2012 y principios de 2013, que condujeron al encarcelamiento de la lideresa. Además, dichos reclamos “son idénticos a los que detonaron la insurrección de la CNTE contra la reforma educativa hace tres años y que la administración de Peña Nieto siempre rechazó negociar”, como se afirma en el citado reportaje. Entre las exigencias del SNTE a la SEP y al INEE destacan: “Eliminar del proceso de evaluación toda visión o acción sancionadora o punitiva”, diversificar y contextualizar los instrumentos de evaluación para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión de comunidades marginales y pueblo originarios; “replantear todo el proceso de evaluación” atendiendo los reclamos y demandas justas de los docentes, a fin de respetar la dignidad y prestigio profesional de los maestros; transformar las Escuelas Normales, así como presentar el nuevo modelo educativo y pedagógico. Estas son también las demandas de la CNTE, sólo falta la abrogación de la reforma. Si las exigencias del SNTE coinciden con las de la CNTE, y la SEP está dispuesta a negociarlas –con los límites y matices necesarios, claro–, se podría pensar que la vía para resolver el conflicto magisterial estaría en puerta. Con un poco de voluntad conciliadora, la disidencia sindical podría aceptar negociar la corrección de errores u omisiones contenidos en la ley, así como las fallas en su aplicación, en lugar de exigir la derogación de toda la reforma. Desquiciar vialidades, violentar la legalidad y la civilidad pueden desestabilizar al país o provocar la represión –indeseable para todos–, pero no aportan nada al mejoramiento de la educación y empeoran la deteriorada imagen social de la CNTE. El chantaje o la extorsión no son formas razonables de dialogar y negociar. El gran desafío que enfrentan las instituciones gubernamentales (Presidencia, Segob, SEP e INEE), así como las dos vertientes, al parecer irreconciliables, del sindicalismo magisterial (SNTE y CNTE), es ejercer la prudencia democrática. Tal es su responsabilidad histórica. ¿Una utopía?

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