CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La muerte toca la puerta y entra. Sin matices, sin distinciones, sin cotos reservados. Alcanza a cualquiera en la calle, en un carro, rumbo a casa o de regreso a ella. Y ahora posa su mano gélida incluso sobre los candidatos políticos; en los últimos meses más de cien han sido asesinados, al margen del partido al que pertenezcan, independientemente de la fuerza política que los postuló. Hombres y mujeres en campaña, baleados, golpeados, desaparecidos. Como escribe Mauricio Merino, “la macabra puntualidad de la muerte” llega ahora a los municipios, a las alcaldías, a los distritos electorales. La sangre tiñe las campañas y las boletas. Tiñe a México. Antes los blancos del crimen organizado eran sólo los cabecillas, nos decían. Los 250 mil homicidios y 35 mil desparecidos de la última década son sólo “daños colaterales”, insistían los artífices de una guerra que México lleva tantos años peleando mal. La violencia se instaló entonces como una rutina necesaria, justificada incluso. Y precisamente porque se pensó de esa manera y se actuó de esa forma, hoy el Estado mexicano enfrenta un fenómeno inusitado: el ataque contra miembros de sus propias filas o a quienes aspiran a incorporarse a ellas. Durante los ochenta y noventa no hubo un solo caso de presidentes municipales asesinados. El primero ocurrió en 2002, en Tamaulipas. Desde entonces, como lo documenta el reporte “An Analysis of Mayoral Assassinations in Mexico, 2000-2017” –publicado por el Proyecto Justicia de la Universidad de San Diego– al menos 150 presidentes municipales, expresidentes municipales y candidatos han sido ultimados. Son especialmente vulnerables. La tasa de homicidios para ellos es 12 veces mayor que para la población en general y tres veces mayor que para los periodistas. No hay un solo país de América Latina en el cual haya habido tantos asesinatos de políticos. Somos la excepción en el hemisferio, para mal.  Y raras veces sucede algo. Raras veces suscita indignación. El enojo con la clase política en general es mayúsculo, y la violencia se ha vuelto tan cotidiana, que la sociedad no responde como debería. Las campañas presidenciales han consumido la atención, centrándose en temas periféricos cuando éste debería ser central. La agresión sistemática contra quienes ocupan el poder local o desean ocuparlo, es uno de los efectos de la democratización; es uno de los productos de la descentralización. Es ahí en los municipios y en los congresos locales donde se colude con el crimen o se le enfrenta. La pelea ya no es sólo a nivel federal o estatal; ha descendido al nivel local, donde las bandas criminales presionan cada vez más para obtener protección o tolerancia hacia sus actividades ilícitas: la extorsión, el secuestro, el trasiego de drogas, el robo de autos, el cobro de piso.  Esta oleada de violencia local tiene implicaciones serias para la gobernabilidad democrática. Los municipios autónomos y fuertes son la piedra de toque de la transición democrática, o deberían serlo. En la última década han recibido más recursos y más poder, pero muchos se encuentran en zonas de gran pobreza y alta marginación. Carecen de infraestructura, carecen de presupuesto, carecen de los servicios más básicos. No sorprende entonces que se vuelvan terreno fértil para la operación del crimen organizado: es ahí donde la autoridad es menos fuerte y más susceptible a ser corrompida. No importa el partido o la afiliación ideológica. El municipio se vuelve zona de confrontación y corrupción desde que la guerra de Felipe Calderón fragmenta a los cárteles y los lleva a pelearse por el control territorial. Como resultado, el crimen organizado comienza a centrar su atención en la política local. Instalado ahí, busca disuadir a candidatos adversos, chantajear a funcionarios que no cooperan, comprar la colaboración y mostrar su poder a balazos.  La muerte tiene permiso a lo largo de los municipios del país, indistintamente de quién los gobierne. Del total de víctimas a nivel municipal, 40% ha sido del PRI, 20% del PRD, 15% del PAN y 8% de otros partidos. Pero esto no quiere decir que el PRI sea el blanco deliberado de más ataques, ya sea por su historia de corrupción o su presencia predominante en los municipios de México. Pero no es así; la corrupción está presente en todos los partidos, e importa más el timing que la afiliación partidista. Matan a más presidentes municipales en junio, justo cuando termina el periodo de cosecha de la mariguana, seguido de octubre y noviembre, mientras que el mes de mayor peligro para candidatos es mayo. Los ciclos de asesinatos están relacionados con los de cultivo y cosecha de droga, incluyendo la amapola. Una tercera parte de los casos documentados entre 2002 y 2017 se sitúa en tres estados: Michoacán, Guerrero y Chihuahua. Tres entidades que son puntos estratégicos de la guerra calderonista, que se han vuelto cada vez más militarizados, que son productores principales de drogas, que son territorios disputados por cárteles confrontados. El asesinato de políticos suele darse más en las zonas donde hay menor población, en franjas rurales, en ámbitos donde grupos criminales pelean entre sí; Michoacán y Guerrero lo ilustran. Antes la violencia política no afectaba a las candidatas mujeres y ahora sí lo hace. Otros factores que inciden son si las presidencias municipales abarcan rutas de trasiego, como lo es el caso de Ciudad Juárez. O si la plaza está en disputa. O si la pelea por el control se traducirá en una búsqueda de protección política o colaboración. Lo que sí queda claro –al margen de las especificidades locales– es que el amedrentamiento llegó para quedarse.  La senda sanguinaria persiste porque el crimen tiene una agenda que transita por el mundo político. Quiere castigar o mandar un mensaje o lograr la colaboración negada o colocar a alguien que cuide en lugar de perseguir. Habrá que pensar entonces en cómo fortalecer a los municipios, cómo entrenarlos para protegerse mejor, cómo crear fuerzas especiales de respaldo para candidatos y funcionarios electos. Pero será difícil detener la escalada de violencia mientras los cárteles peleen por la capacidad para sembrar droga, venderla y distribuirla. Quieren poder para controlar y para eso necesitan matar.   Este análisis se publicó el 24 de junio de 2018 en la edición 2173 de la revista Proceso.