El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, concluye su labor el próximo  viernes 11, pero antes visitó por cuarta vez uno de los estados más azotados por la violencia del crimen organizado, de las fuerzas armadas y aun de los poderes económico y político. En Ciudad Juárez y en Creel le expusieron sus casos los familiares de asesinados, secuestrados y desaparecidos, lo que demostró el fracaso total de la nueva estrategia de Calderón, anunciada hace más de cien días con grotescas fanfarrias.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH., 5 de junio (Proceso).- Tras escuchar el diagnóstico de los juarenses sobre la situación de la ciudad, 100 días después del estreno de la nueva estrategia federal, Alberto Brunori, el enviado de la Organización de las Naciones Unidas, soltó un comentario desolado: “Lo que más me impresiona es que pensé que por lo menos alguien me diría que en estos 100 días hay una cosa que ha cambiado, y nadie me ha dicho eso, lo cual es dramático y duele”.

El funcionario italiano, que representa en México a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh),  tenía enfrente a ciudadanos que encarnan la pesadilla que vive la ciudad: la mamá que busca a la hija desaparecida al salir de la universidad; la familia que desconoce el paradero de tres primos (dos mujeres y un hombre) detenidos por el Ejército; el visitador de derechos humanos amenazado y exiliado en Texas; la mamá que entregó a la justicia al asesino de su hija, a quien los jueces liberaron; la defensora de los derechos humanos a quien le mataron a la colega con la que investigaba las violaciones de policías y militares; la académica que lleva la suma de los nuevos feminicidios o los activistas que reciben denuncias contra los policías federales y atienden a las víctimas de la imparable violencia.

Del 30 de mayo al 1 de junio fue la cuarta visita de Brunori a Chihuahua, el estado al que más acudió durante el año y medio al frente de la Oacnudh, y puso especial interés en Juárez, la ciudad que desde 2008 está sumida en un torbellino de asesinatos, con un promedio de siete por día y una suma de 5 mil 700 en los dos años de intervención federal.

Aunque el presidente Felipe Calderón anunció el 17 de febrero, a raíz de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, un nuevo plan para Juárez que consistía, entre otras medidas, en retirar al Ejército (que no frenó la violencia y acumuló quejas en su contra) para sustituirlo por la Policía Federal (PF), la situación no mejoró.

“Los soldados ya no están patrullando como antes y la Policía Federal se está llevando ahorita el mayor número de denuncias”, expuso a Brunori la activista Cipriana Jurado. “Antes con el Ejército, y ahora con la PF, siguen los casos de hostigamiento, acoso sexual, robos, asesinatos, extorsiones telefónicas”, dijo la activista Cecilia Vizcaíno. “Es repetitiva la detención de personas a las que culpan de participar con el crimen organizado sin el menor indicio (…); en su tiempo era el Ejército, ahora es la Policía Federal”, corroboró Elizabeth Flores, de la Pastoral Obrera.

Las notas periodísticas de los medios locales documentan esta situación, como lo muestran algunos titulares: “Provocan abusos de federales cierre de negocios”; “Lanza exhorto regidor a ciudadanos para vigilar que federales no les ‘siembren’ droga”; “Reciben federales mordidas de hasta 8 mil pesos: regidores”; “Hay más quejas de abusos de PF que avances: diputados”; “Caen 12 federales; extorsionaban y hasta saqueaban viviendas”; “Federales levantan a menor”; “Pese a operativo, van homicidios a la alza”; “Encañonan federales a menor discapacitado y a adolescente”; “Sólo 5% de juarenses se siente seguro con la Federal”; “CEDH: regresaron los abusos y la corrupción”; “Federales le roban sus ahorros de 30 años de trabajo”; “Plan anticrimen acentuó la inseguridad”.

Al escuchar la queja reiterada de quienes asistieron al encuentro con él en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Brunori comentó, sorprendido: “La oficina siempre ha insistido en que la policía tiene que llevar a cabo esta tarea de recuperar el espacio, porque el Ejército no está entrenado para esto, pero hoy me están diciendo que aunque ha cambiado el actor (la PF en vez del Ejército) el paradigma no cambia. Eso sí me preocupa porque entonces siento que estamos frente a una situación en la que no ha habido avances, entonces la oficina tendrá que hacer una reconsideración sobre cómo abordar esta temática y plantearla a las autoridades (…). Aquí hay un problema, y serio”.

Extracto del reportaje publicado en la edición 1753 de la revista Proceso, ya en circulación.