Un negociazo a prueba de balas

jueves, 15 de julio de 2010

MÉXICO, D.F., 15 de julio (Proceso).- Las empresas dedicadas a ofrecer seguridad se multiplican a velocidad meteórica en México, al punto de que forman parte de una industria que factura ya alrededor de 28 mil millones de pesos al año y proporciona empleo a mas de 200 mil personas. Lo que explica el crecimiento explosivo de estas empresas es evidente: La inseguridad que campea en México. Pero la delincuencia no se inhibe: ante los crecientes niveles de protección, adquiere armas y tecnologías cada vez más poderosas.

Los altos índices de violencia e inseguridad en el país han resultado un gran negocio para las empresas dedicadas a vender chalecos antibalas, ropa blindada, microchips antisecuestro, automóviles a prueba de emboscadas y equipos electrónicos de seguridad.

Ante la incapacidad de las policías y de las autoridades judiciales para combatir a la delincuencia, esas empresas también proveen escoltas, guardias y agentes investigadores que lo mismo brindan protección, investigan un delito o negocian el rescate en un secuestro.

Armando Nava, secretario general del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que aglutina a 200 empresas del ramo, afirma:

“Desafortunadamente la inseguridad se ha convertido en un gran negocio. Es un negociazo de unos 28 mil millones de pesos anuales, según nuestras estimaciones.”

–¿Qué tanto ha crecido la demanda de servicios?

–¡Muchísimo! Y le pongo sólo un ejemplo: de dos años a la fecha la demanda de escoltas o guaruras creció 70%.

–¿El número de empresas de seguridad privada también ha aumentado?

–Por supuesto. Calculamos que en un 20% aunque es muy difícil contabilizarlas porque son empresas que aparecen y desaparecen con rapidez –unas 10 al mes, en promedio– o se cambian de un estado a otro en lo que llamamos “movimiento cucaracha”. A pesar de esto calculamos que actualmente hay unas 10 mil empresas de seguridad privada en el país. Sólo 659 están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública federal. Es un mercado muy informal.

–¿Hay manera de regularlas?

–Está por emitirse el reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, que permitirá a todas las empresas competir en igualdad de circunstancias e impedir que operen en la informalidad, dando más certidumbre al servicio, ya que 70% de las empresas están mal preparadas.

–¿Quiénes son sus clientes?

–Generalmente el sector empresarial, el sector público y particulares que pueden pagar el servicio. Sólo el sueldo de un guarura oscila entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales, aparte de sus viáticos y vestuario.

Negocio boyante

Según las estadísticas del CNSP, el boom de la seguridad privada ya genera 210 mil empleos, 160 mil de los cuales son directos.

Ismael Aldama, propietario de la empresa Alartel, que ofrece servicios de investigación y vende equipos electrónicos de seguridad en todo el país, señala:

“A consecuencia de la inseguridad, de un año y medio para acá se incrementaron 30% las ventas de mi empresa. La gente ya llega más preocupada por su seguridad y la de su familia. Nos dice que la policía no se da abasto para realizar tantas investigaciones. Por eso las personas suelen valerse de sus propios medios.”

–¿Qué tipo de pesquisas realizan ustedes?

–Relativas a secuestros y extorsiones, por ejemplo. Nos contratan mucho para localizar a personas secuestradas. Y nosotros realizamos las labores de inteligencia: nos encargamos de rastrear los números telefónicos de donde llaman los delincuentes. Damos con los teléfonos privados, públicos o celulares de donde llaman y de ahí se jala el hilo. El secuestrador siempre deja alguna pista, siempre.

“Actualmente también tienen mucho auge las extorsiones. La gente llega y nos dice: ‘Estamos recibiendo amenazas telefónicas, tratan de extorsionarnos, encárguense del caso’... y nosotros iniciamos la averiguación.” 

–¿Ustedes tienen equipo y personal para realizar esas tareas?

–Sí, tenemos un grupo de detectives con todos sus permisos y credenciales en regla. Están plenamente capacitados como investigadores privados. Toman sus cursos en una escuela de Aguascalientes.

En su publicidad Alartel indica: “Somos una compañía de seguridad electrónica”, señalando que se especializa en “localización de personas o bienes con alcance nacional”, en labores de “contraespionaje y técnicas avanzadas de vigilancia en contramedidas”, así como en “instalación avanzada de seguridad industrial, gubernamental y residencial” mediante “cámaras ocultas”, “circuito cerrado de TV y cámaras IP inalámbricas”.

Ofrece sus sofisticados equipos de seguridad: cámaras ocultas en relojes, plumas, llaveros, desodorantes… o el minirrastreador y localizador GPS antisecuestro con imán. 

Aldama comenta que su empresa todavía no coloca los chips antisecuestro:

“Nuestros clientes ya nos están pidiendo estos chips, pero todavía no los manejamos. Nos hemos enfocado más al trabajo de investigación para afrontar el secuestro.”

La empresa Xega, con sede en la ciudad de Querétaro, vende chips antisecuestro, un dispositivo de dos milimetros de diámetro que se coloca bajo la piel con una jeringa especial. La inserción subcutánea puede realizarse en diferentes partes del cuerpo, pero por lo común se coloca en el antebrazo, porque ahí tiene menos movilidad. Este chip –encapsulado en cristal y con una cubierta de polipropileno–se considera la más avanzada “arma de defensa” contra el plagio en México, país que –según la organización holandesa Pax Christi– ocupa el primer lugar mundial en secuestros, seguido por Iraq.

El director comercial de Xega, Diego Kuri, dijo a la prensa que gracias al dispositivo se están resolviendo varios plagios:

“Hemos actuado en diferentes casos donde la persona envía la señal a la sede de Xega y nosotros le avisamos a la policía.”

Sergio Galván, exdirector comercial de la misma empresa, indicó que el uso del chip ya no es exclusivo de las personas acaudaladas puesto que “ahora se está secuestrando a mucha gente de clase media”, por lo que Xega intenta bajar su costo.

El precio por el sistema de localización VIP es de 46 mil 860 pesos: incluye el dispositivo, su implante y la configuración del sistema. Además, por su uso se  paga una anualidad de 23 mil 900 pesos.

En 2004 la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Rafael Macedo de la Concha, firmó con la empresa un contrato para adquirir y usar 160 microchips.

Macedo de la Concha y sus principales colaboradores –entre ellos Genaro García Luna, entonces director de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, y José Luis Santiago Vasconcelos, quien fue el encargado del combate a la delincuencia organizada– se “inyectaron” microchips como parte de una estrategia para evitar fugas de información delicada.

Aunque el número de sus usuarios, así como las identidades de éstos, es información confidencial, ha trascendido a la prensa que muchos políticos y empresarios lo llevan, así como figuras del espectáculo, entre ellas el cantante Vicente Fernández.

Pero la desaparición del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, el pasado 14 de mayo, puso en duda la seguridad que brinda el microchip; con unas tijeras, sus captores le quitaron fácilmente el que llevaba en el brazo. Se cree que se lo detectaron con un escáner.

A prueba de todo

El combate al narcotráfico ha puesto a prueba otros dispositivos de seguridad, como el blindaje de automóviles: el pasado 24 de abril, Minerva Bautista, secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, sobrevivió a un violento atentado gracias al fuerte blindaje –de nivel 5– que tenía la camioneta Grand Cherokee en la que viajaba.

Sicarios dispararon contra la funcionaria y su convoy. Mataron a dos escoltas y a dos civiles que viajaban en otros vehículos. Once personas más resultaron heridas. El peritaje determinó que se hicieron dos mil 400 disparos contra la funcionaria y sus acompañantes.

La Grand Cherokee que le salvó la vida a Bautista recibió 350 impactos de diferentes calibres: de fusiles de asalto AK-47, AR-15 y G3. También impactos de granadas y de fusiles Barrett calibre .50, que tienen gran capacidad destructiva.

Fue literalmente la prueba de fuego para esa Grand Cherokee. 

“Esta camioneta se convirtió en nuestro gran trofeo”, presumió Carlos Karam, perito de la empresa regiomontana que la blindó: Transportadora de Protección y Seguridad.

Karam agregó igual de ufano: “Hubo impactos que pasaron en calidad de fragmento, pero nunca en calidad de proyectil”.

La camioneta fue recuperada por la empresa. Actualmente la exhibe en su planta de Santa Catarina, Nuevo León. Con ella demuestra a los clientes la efectividad de su protección. 

México ya se convirtió en el principal armador de automóviles blindados en Latinoamérica.

Alrededor de 76 empresas se dedican actualmente a producir automóviles blindados en el país, aunque varias de ellas de manera irregular. La Asociación Mexicana de Blindaje de Automotores (AMBA) aglutina a las siete principales, que cubren 60 % del mercado.

El colombiano Mauricio Natale, consejero de la AMBA, dijo:

“El crecimiento ha sido brutal. Y ese crecimiento indica una cosa: la inseguridad ha crecido en forma excepcional, lo que es muy delicado.” 

En entrevista con El Universal –publicada el pasado 26 de mayo– Natale agregó que el nivel del miedo de los empresarios y políticos que solicitan estos servicios se mide por el nivel de blindaje que piden para sus vehículos.

Blindaje Total es una empresa regiomontana que ha aumentado considerablemente su cartera de clientes. Ahora decidió concentrarse en el blindaje automotriz y disminuir sus operaciones de seguridad en casas y oficinas.

Con precios que van de 20 mil a 80 mil dólares, la empresa instala blindajes de los niveles 3, 4, 5 y 6, que es el más reciente y el más alto.

Entrevistado por Proceso, Omar Lara, uno de los directivos de la empresa, afirma que sus ventas se incrementaron a partir de 2008, cuando se recrudecieron la violencia y la inseguridad en México.

“Hay otras empresas blindadoras, pero tienen mercados distintos al nuestro, como el gobierno o grandes corporaciones; incluso exportan, por lo que no las considero competencia directa”, dice Lara.

Aclara que los blindajes ya no son sólo para los adinerados magnates que forman parte de la lista de Forbes, sino también para el empresario mediano, que ya está requiriendo esta protección.

Boutiques en ciernes

Es tanta la inseguridad que muy pronto en la Ciudad de México –en Polanco– se abrirá la primera boutique de ropa blindada del mundo. Acaba de anunciarlo el empresario y diseñador colombiano Miguel Caballero, quien instalará esa tienda.

Con 14 años en el mercado de ropa blindada en distintos países, Caballero también planea abrir aquí una fábrica, pues pronostica que en poco tiempo México se convertirá en el principal mercado mundial de esos productos.

Señaló que gracias a la delincuencia, el secuestro y el crimen organizado, las ventas de su empresa se incrementaron 17 % el año pasado. Puntualizó que 60  % de sus ventas las hizo al sector público.

Su línea de ropa masculina –que pronto podrá conseguirse en su boutique de Polanco– incluye camisas, guayaberas, trajes formales, ropa interior, chalecos y chamarras de piel y de mezclilla.

Caballero está sorprendido porque, a diferencia de otros países donde las mujeres representan alrededor de 1% de su clientela, en México son de 20% a 30 %. Por ello acaba de lanzar en Guadalajara su línea de ropa femenina.

El costo de las prendas producidas por este diseñador va de los 290 a los 2 mil 900 dólares. Son prendas ligeras, cómodas y lavables, pero lo más importante es que su tejido –la aramida– protege de balas de cualquier calibre: desde las de una simple pistola .22 hasta las de armas largas como el AK-47, R-15 o M-16.

Entre sus clientes mexicanos ya figuran secretarios de Estado, gobernadores, diputados, procuradores, empresarios...

“Hay también varias esposas VIP. Pero de nadie puedo dar nombres”, dijo Caballero.

Sin embargo, los narcotraficantes están adquiriendo armas cada vez más poderosas para poder vulnerar las corazas que les impone la industria del blindaje.

Entre este armamento destacan los fusiles Barrett calibre .50, considerados antiaéreos; las pistolas Five Seven, llamadas “matapolicías”; así como granadas, lanzagranadas y lanzacohetes, que en las guerras se utilizan contra unidades blindadas.

El general en retiro Luis Garfias explica que a los criminales “les da mucha ventaja el calibre .50, un calibre bastante poderoso que anteriormente se utilizaba para unidades antiaéreas. Hoy se usa para unidades terrestres”.

Así, la bonanza de las empresas de seguridad privada y del blindaje incrementa la venta de armas de alto poder.