Desde hace casi dos años, cuando efectivos de la Marina empezaron a actuar contra el crimen organizado en Monterrey, se han multiplicado las muertes y cautiverios de inocentes, los cateos sin orden judicial, las desapariciones, las torturas y hasta ejecuciones que se atribuyen a integrantes de la Armada MONTERREY, NL.- A casi dos años de haber iniciado sus operaciones contra el crimen organizado en esta zona, la Marina Armada de México acumula un largo historial de acusaciones por violaciones a derechos humanos: cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones, muertes de inocentes y criminalización de ciudadanos sin mayor sustento que supuestas denuncias anónimas. Los excesos de los marinos son conocidos desde finales de 2009 pero no fue sino hasta el pasado lunes 19 cuando un actor político, el diputado federal Eduardo Bailey Elizondo, denunció haber sido víctima de un abuso. El legislador federal priista, coordinador de la bancada nuevoleonesa en la Cámara de Diputados y activo promotor de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sostuvo que la madrugada del jueves 15, cuando fue a Toluca para asistir a la toma de posesión como gobernador de Eruviel Ávila, unos 30 marinos a bordo de seis camionetas blindadas, llegaron a su casa en Monterrey. Sin más, sometieron a su esposa y a sus hijos. Ahora, de acuerdo con el legislador, quien concedió varias entrevistas a medios locales el lunes 19, los marinos se disculparon asegurando que había sido un error, producto de una denuncia anónima que señalaba la presencia de hombres armados. Pero el diputado se dijo extrañado de que el operativo en su domicilio se hubiera efectuado luego de que hizo diversas declaraciones en torno a los permisos de los casinos, en virtud de que él fue uno de los impulsores de la integración de una comisión legislativa que investigue los permisos otorgados por el gobierno federal. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1821 de la revista Proceso, ya en circulación)