Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…   Arturo Rodríguez García   Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando. Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas suszonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo. Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas porlos propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropason despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otrosoficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos. Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, que ya está en circulación)